Los grandes retos del campo español

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  • Por (* Tomás García Azcárate es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) e investigador asociado del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).)
    Febrero 2021
    Andrea Bosch

    Del futuro Plan Estratégico nacional dependerá la sostenibilidad del mundo rural y la transición agroecológica. 

    Nos lo ha dicho claramente Alan Matthews en estas mismas páginas. Del contenido del futuro Plan Estratégico nacional dependerá tanto  su eficacia y eficiencia en facilitar la sostenibilidad del sector agrario y del mundo rural, como el hacer frente a la españa vacía (y vaciada) y la transición agroecológica hacia una alimentación sostenible.

    Vamos a presentar a continuación las principales preguntas que están encima de la mesa y que vamos a estructurar entorno a dos ejes: ¿Para qué? y ¿Para quién?

    ¿Para qué?

    La nueva PAC tiene asignada hoy una doble función: contribuir a estabilizar y mejorar las rentas de los agricultores y contribuir a la transición agro-ecológica necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Europa esto se concreta a través del Pacto Verde europeo y las dos estrategias al horizonte 2030, De la granja a la mesa y Biodversidad.

    Ambos objetivos pueden aparecer como contradictorio a primera vista. Cuanto más dinero vaya para la necesaria transición ecológica, menos dinero quedara para el sostenimiento directo de las rentas agrarias. Pero para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el compromiso activo de toda la sociedad, también de l@s agricultor@s, es necesario.

    Con razón, se piden mayores esfuerzos a los productores agrarios. Las ayudas a la renta van a estar sometidas a mayores exigencias, en particular medioambiental (la llamada “eco-condicionalidad”). Siguen vigentes las exigencias de bienestar animal y el Parlamento Europeo ha propuesto (está en negociación con los Ministros de Agricultura) ampliarla por fin al bienestar de los trabajadores, el respeto de la reglamentación social en vigor en cada país.

    Por otro lado, se van a poner en marcha unos “Eco-esquemas”  que deben servir para abordar a gran escala retos de la adaptación al, y mitigación del, cambio climático. Pero ambas cosas solo serán posible si l@s agricultor@s consiguen una rentabilidad suficiente en su explotación.

    El nuevo esquema es un órdago a la regionalización existente

    En cuanto a las ayudas directas a l@s agricultor@s, hay que encontrar un difícil equilibrio. El presupuesto total de cada Estado miembro es fijo. Tiene que haber suficiente presupuesto para la transición ecológica sin provocar el rechazo frontal unánime de los actuales beneficiarios. A cambio, la condicionalidad tiene que ser realmente reforzada y los “Eco-esquemas” bien diseñados. Las cifras que se están manejando para estas medidas se sitúan entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros anuales. Bien invertidos, pueden hacer una diferencia.

    La ley de la cadena alimentaria, que está actualmente en discusión en estos momentos en las Cortes y sobre la que volveremos en un próximo número de Alternativas, es parte de la solución. Pero el futuro Plan Estratégico  debería apoyar distintas estrategias (muchas complementarias) que permiten  mejorar (y defender) la renta de l@s productor@s: mayor eficiencia productiva y comercial, ajustar costes, organización productiva y comercial, segmentación de los mercados, multiplicación de los canales de comercialización y de los clientes, adaptación a las necesidades de los clientes…

    Para ello hay que apoyar también a las organizaciones comerciales de productor@s y sus asociaciones; financiar fondos operativos en otros sectores que no son las frutas y hortalizas; si hay ayudas específicas para algún producto (en nuestro horrible lenguaje ayudas ‘acopladas”), estas deberían también favorecer a la organización de la producción; seguir apostando por la innovación y la investigación…

    ¿Para quién?

    En estos últimos años, dos cambios legislativos contribuyeron a la disminución de los solicitantes de la PAC. Por un lado, se elevó de 100 a 300 € el importe mínimo de las solicitudes a tramitar. El coste administrativo superaba con creces el valor de la ayuda pero se ofreció la posibilidad de que los potenciales beneficiarios se agruparan para superar este umbral.

    Por otro, se implantó la figura del agricultor “activo” para intentar que el apoyo público a la agricultura vaya realmente a l@s agricultor@s, algo así como “la ayuda para quien la trabaja”. Ambas medidas representaron una disminución importante del número de beneficiari@s de las ayudas PAC. Hemos pasado del 915.296 solicitantes de la PAC en el año 2013 a los 678.548 del 2020, es decir una disminución de  236.748 solicitantes en 8 años, un  26%.

    678.548: Beneficiarios de la PAC que había en España en 2020

    La PAC actual habla de los agricultor@s "activ@s". La PAC futura hablará de los agricultor@s "genuin@s". La Comisión instruye que "se definirán de tal modo que quede garantizado que no se conceden ayudas a la renta a aquellos cuya actividad agraria constituye solo una parte insignificante de la totalidad de sus actividades económicas, o cuya principal actividad económica no sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a los agricultores pluriactivos”. En otras palabras, el agricultor “genuino” sería un agricultor “activo” para el que la actividad agraria representaría una cierta parte de sus ingresos totales.

    Es un paso más para intentar que las ayudas agrarias vayan realmente a los que ejercen la actividad con un mínimo nivel de profesionalismo. Este es más que necesario si se exige cada vez más al beneficiario que sea agente activo de la transición ecológica. A estas alturas de la jugada, el Consejo de Ministros propone que la adopción de esta figura sea opcional para el Estado miembro aunque el Parlamento Europeo sigue apoyando su carácter obligatorio.

    Si se implanta la figura del agricult@r genuin@, incluso con una exigencia prudente (como que los ingresos agrarios representen al menos el 20% de sus ingresos totales), las primeras estimaciones concluyen que se podrían caer del sistema otros 150.000 beneficiari@s, sobre todo pequeños perceptores, la mayoría jubilados del campo con unas jubilaciones bajas. Además se observa una gran concentración en ciertas regiones (como las Islas Baleares) u orientaciones productivas (como el olivar).

    De nuevo, hay que encontrar un equilibrio entre, por un lado, la necesaria prioridad al actor de la transición agro-ecológica sin dejar de lado a nadie que ejerza realmente la actividad agraria y, por otro, el mantenimiento de un tejido rural importante en ciertos territorios. Tan importante como tener un objetivo claro es diseñar con antelación y claridad la necesaria transición para hacer posible lo necesario.

    La “convergencia” de las ayudas

    El sistema actual de ayudas directas aplicado en España sigue fuertemente influenciado por las distintas etapas que la aplicación de las sucesivas reformas de la PAC ha tenido en nuestro país. En un principio, cada agricult@r recibió unas ayudas directas ligadas a lo que había cultivado en el pasado. Hablamos entre nosotros de “mochila” individual y “derechos históricos”. Dos vecin@s, cultivando lo mismo podían recibir ayudas muy diferentes.

    En el resto de Europa, se ha avanzado mucho en un proceso de aproximación y racionalización, que llámanos de nuevo en nuestro horrible lenguaje de “convergencia interna”. Las ayudas se han ido alejando a lo largo de los últimos 30 años de cuantas hectáreas cultivaron en el pasado, de que animales tuvieron en la explotación o  que cultivos o arboles tuvieron.

    En España, este proceso está mucho más retrasado, ante el temor que tuvieron los distintos gobiernos de provocar tensiones entre comunidades autónomas y entre agricultores. Concretamente, para que todo cambie sin que nada (o poco) cambie, tenemos 50 “regiones” pero que, en realidad, son muchas más: cada “región” consta de distintos territorios; las diferencias entre las ayudas medias de dichas regiones van de 60 a 1430 € e, incluso, persisten grandes diferencias dentro de cada una de estas regiones entre la ayuda media y las ayudas individuales percibidas. Por último, sigue habiendo muchas hectáreas excluidas del sistema, al carecer de “derechos históricos”.

    Las recomendaciones al respecto de la Comisión son claras: España debe avanzar significativamente en este proceso de convergencia interna y distribuir el apoyo directo a la renta hacia grupos homogéneos de territorios, que tengan en cuenta las condiciones agronómicas así como las diferencias observadas en función del tamaño físico y económico de las explotaciones, eliminando el vínculo con las referencias históricas.

    Esto es un órdago a la regionalización actualmente existente en España. Ahora nos toca correr para recuperar el tiempo perdido, como los malos alumnos que no han estudiado durante el curso y que tiene que recuperar el tiempo perdido en época de exámenes.

    Las ayudas futuras no son simplemente “ayudas a la renta”, son “ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad”. España debe ser capaz de justificar en qué medida las diferencias que se mantengan en los montos de las ayudas están relacionadas con la “sostenibilidad”, en qué medida contribuyen eficazmente y eficientemente  a alcanzar los objetivos marcados.  

    Es lógico intentar que los cambios sean graduales para permitir a los operadores económicos el adaptarse. Por esto, parece prudente el marcar un camino plurianual de la convergencia, para que cada una pueda tener visibilidad sobre las ayudas que puede esperar recibir en un futuro y tomar las decisiones pertinentes.

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