Menos ayudas al pobre, en nombre del fraude

Las ayudas a las personas en riesgo de exclusión, en manos de las autonomías, aumentan más despacio que los hogares sin ingresos. Los criterios de acceso se endurecen por falta de dinero.

Imaginemos una ciudad como Zaragoza, y que ni una sola de sus familias percibiera ingreso alguno a final de mes.

Esta alarmante realidad existe, aunque dispersa. En España hay detectados 642.317 hogares sin rentas  del trabajo, ni prestaciones por desempleo, ni pensiones contributivas, ni tampoco las ayudas del Estado a los que tienen problemas de invalidez o a los que ni siquiera han cotizado, ni tampoco los 400 euros del plan Prepara que reciben quienes ya han agotado el paro, ni rentas a cambio de un plan activo de inserción, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Seis años antes, de haber juntado esos mismos hogares, solo se hubiera llenado un municipio como Córdoba o Alicante, con la mitad de habitantes que Zaragoza. Los hogares sin ingresos se han, pues, duplicado, mientras que la proporción de personas que viven bajo el umbral de pobreza (el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, que en 2012, para un hogar de una persona, se fijó en 7.355 euros) persiste en niveles por encima del 21%. El INE explica que no sube más gracias a la estabilidad de las pensiones.

Al margen de los subsidios asistenciales de desempleo, una vez transcurridos los seis meses durante los que se puede percibir (una sola vez) el plan PREPARA, se genera un vacío de ayudas. El paso siguiente, con requisitos distintos en cada autonomía, es la asistencia social de las comunidades a fin de cubrir las necesidades básicas para quienes ya no tienen nada. Es una especie de salario social a cambio de un compromiso de reinserción laboral.  

Los gobiernos autónomos han visto duplicarse en poco tiempo el alud de peticiones de estos programas de rentas mínimas de inserción (RMI), rebautizados en cada comunidad como más le gusta. En 2011, última cifra comparable disponible, se registraron 223.940 titulares beneficiarios, con 330.149 familiares dependientes a su cargo. Así lo indica el informe El sistema público de servicios sociales, de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En 2007, a las puertas de la crisis, habían solicitado esos mismos programas de ayuda a la pobreza 103.071 personas, de las que dependían otras 196.685 personas. Ni la mitad.

La demanda de ayudas sociales a las autonomías se ha duplicado desde 2007

La proporción de hogares sin ingresos que recibe ayudas descendió en 2011

El gasto ejecutado para hacer frente a dicho alud ha evolucionado aparentemente en la misma proporción: de 417,54 millones de euros en 2007 pasó a 843,11 millones en 2011, según el citado informe. El gasto por unidad de convivencia, sin embargo, no ha seguido igual ritmo, ya que pasó de 1.393 euros a 1.522 euros (con un práctico estancamiento entre 2010 y 2011).

 Cuando se analiza con lupa la evolución de las rentas mínimas entre 2008 y 2012, queda claro que no hay de qué ufanarse. El equipo de estudios de Cáritas lo ha hecho, para concluir que el sistema falla en su capacidad de cubrir a los más necesitados. 

Cáritas alerta de que los hogares sin ingresos, potenciales receptores de ayudas a la pobreza, están aumentando a mayor velocidad que lo están haciendo los hogares que reciben estas ayudas. El porcentaje de estos hogares pobres que recibieron ayudas había ido subiendo del 25% (2008) al 39,6% (2010). Pero en 2011 bajó al 38,72%. “Habría hecho falta que las prestaciones de rentas mínimas hubieran llegado a 350.000 hogares más de lo que lo hicieron”, afirma el informe de Cáritas.

 

A esta pérdida de extensión de la ayuda cabe añadirle una pérdida “de intensidad”: el ritmo de incremento de nuevos beneficiarios de rentas mínimas, pese al alud de las demandas, sube cada vez menos a partir de 2009, de lo que la entidad deduce un “endurecimiento de los requisitos para cobrarlas”. Buceando en los propios datos del ministerio, Cáritas constata que los gobiernos autónomos han introducido cambios en la prueba de rentas (justificación de los ingresos que perciben) y en la duración de la prestación (esta se ha acotado, con supresión de prórrogas o la fijación de periodos máximos). Además, 10 de 17 comunidades congelaron en 2011 las rentas mínimas de inserción. Según Desigualdad y Derechos Sociales, de la Fundación Foessa, los plazos de resolución de las solicitudes de esas ayudas  se han alargado hasta el medio año en Baleares, Canarias y Extremadura, y el gasto por titular y beneficiario bajó en 2008 y también en 2011.

El sistema “no solo necesita una amplia mejora en la cobertura de las necesidades de pobreza”, alerta Francisco Lorenzo, coordinador de estudios de Cáritas de Desarrollo Social, sino que “no es territorialmente equitativo, porque las políticas que se aplican en cada comunidad autónoma van de la noche al día. No debe desprenderse una visión negativa de la transferencia de esta competencia. Solo constatamos que los requisitos para acceder a las ayudas y las cuantías de estas son muy distintas, así que caer en un lugar o en otro depende de la suerte de cada uno”. La diferencia resulta abismal si uno reside en Euskadi (la cuantía básica es de 658,5 euros) o en Murcia (300 euros). Además, los gobiernos vasco y navarro fueron, junto con cántabros y asturianos, quienes aumentaron más esta política social entre 2008 y 2001 (57,79 euros por habitante en el País Vasco; 39,7 Navarra; 19,56 Cantabria; 13,9 Asturias). En la cola se situaron Extremadura, única autonomía donde incluso retrocedió en gasto por habitante (-0,28 euros) en ese periodo, Castilla-La Mancha y Galicia. 

En todo caso, las rentas mínimas no están sirviendo como arma para contener la pobreza, salvo en Euskadi, Navarra y parcialmente en Asturias. En dichas comunidades, la ayuda llega al 66%, 32,5% y 18%, respectivamente, de la población bajo el umbral de pobreza. Pero en el resto ni siquiera supera el 8% de quienes lo necesitan.

RECORTES PREANUNCIADOS

A lo que sí estamos asistiendo es a un goteo de nuevas reformas. Si el sistema es heterogéneo, “durante la crisis se ha continuado en un cierto proceso de aproximación, pero no en la dirección esperada. Se está produciendo un endurecimiento en el acceso al sistema en aras de la sacralizada contención presupuestaria y la política de recorte del gasto social”, prosigue el informe de la ONG.

El Gobierno vasco ya ha avisado de que “seguramente” habrá recortes sociales este año, y que será muy difícil que la renta de garantía de ingresos (RGI) (nombre que recibe allí este programa ) pueda recuperar la reducción del 7% que sufrió el año pasado.

La Generalitat catalana ha avanzado que se modificará la renta mínima de inserción para adaptarla a las características del nuevo entorno, porque la crisis ha hecho “insostenible el modelo actual”.   Se da la circusntancia de que el mismo Gobierno de CiU ya reformó la renta mínima hace tan solo dos años, tras denunciar fraude (que nunca cuantificó como tal), y modificó los criterios de aceso a la ayuda, con la  consiguiente cancelación de 4.521 expe-dientes.

La Comunidad de Madrid dijo haber detectado en noviembre pasado “posibles irregularidades” en el 14% de los perceptores de la renta mínima de inserción, en 2.439 perceptores de las 17.072 familias que las perciben, entre 375 y 532 euros. Y “es obligada” una revisión a fondo de la RMI  para acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos.

En este contexto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), ha anunciado dentro del nuevo plan contra la exclusión “una mejora a la renta básica para que ningún andaluz esté en situación de indigencia”.  El uso de la expresión “renta básica” irrita a los promotores de una renta básica como tal, que se define como unos ingresos para todo el mundo, ricos y pobres, como quien tiene derecho a la cobertura sanitaria o a la educación pública, por el solo hecho de ser ciudadanos, y que la izquierda acompaña de propuestas fiscales para que, a cambio , los ricos contribuyan más al sistema. La irritación por la usurpación de la expresión “renta básica” radica en su diferencia fundamental: estas propuestas autonómicas suelen estar condicionadas a tener pocos recursos (y a veces a  planes de inserción).  

La Junta de Extremadura, por ejemplo,  ya tiene un borrador de  esta falsa “renta básica” que fija en 372,76 euros la cuantía que puede percibir cada mes (70% del IPREM vigente). El techo máximo son 639,01 euros para unidades familiares de al menos seis miembros. Dura seis meses, renovable por una sola vez otros seis meses.  Se deberán realizar medidas de inserción individualizada. 

El sistema de ayudas es de una notable complejidad, si se tiene en cuenta que el anterior Gobierno del PP creó, además, una renta mínima de inserción estatal, la Renta Activa de Inserción (RAI), condicionada también al seguimiento de programas para reincorporarse al mercado de trabajo e incompatible con las autonómicas. El objetivo de dicha renta, cuya duración máxima es hoy de 11 meses, era descargar a las autonomías de beneficiarios, en la medida en la que tendía a ser más elevada y, como era incompatible con la autonómica, a priori era la elegida. Pero al tiempo supuso un choque de competencias importante. Algunas comunidades hubieran preferido cobrar la nueva partida presupuestaria para la RAI (según El sistema público de servicios sociales, de Sanidad, en 2001 ascendió a 873,07 millones de euros) y hacerse cargo de nuevos titulares.

A LA UCI, O EN LA CALLE

Lo enrevesado del sistema se deja entrever sobre todo en las fronteras entre los distintos bloques de ayudas, porque son cajones estancos, pero entre medio hay quien se queda fuera, en especial alrededor de las rentas mínimas., y más ahora que los criterios se vuelven más estrictos. Por ejemplo, si una persona  de baja formación y de 50 años sufre una discapacidad del 40% , no le basta para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, que exige un grado de invalidez superior. Sin embargo, por edad tampoco obtiene un empleo y, si su situación se cronifica y no logra reinsertarse en el mercado laboral, puede dejar de cumplir fácilmente el programa de renta mínima. Otra problemática se plantea con exigencias como que la persona que cobra la renta mínima autonómica debe haber pasado un año entero sin ingresos (sin subsidio de paro), caso de Cataluña. El hospital solo acepta enfermos dignos de la UCI. En medio, la gente se queda colgada. El exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Grando apunta que las principales lagunas están en las ayudas —o mejor dicho, no ayudas— a las rentas familiares, que pueden causar agravios comparativos. “Una funcionaria de la Administración con un hijo cobra por la base máxima de cotización y percibe prestaciones públicas, pero si es una mujer soltera que no ha trabajado y está embarazada, no ve un euro”, explica.

Madrid ha alertado de “irregularidades” entre los perceptores de la renta mínima

Euskadi ve difícil compensar el recorte del 7% que se aplicó a la renta mínima en 2012

El control del cumplimiento de todas las condiciones exige un aparato administrativo a pleno rendimiento, esfuerzo y dinero. Es uno de los argumentos prácticos de los partidarios de la implantación de una renta básica universal, para ricos y pobres, sin condiciones (no importa con quién vivas, dónde vivas, cuánto ganes, ni si trabajas). En esta línea, el grupo parlamentario mixto registró el pasado primero de abril una moción en el Senado en la que se insta al Gobierno español a elaborar un informe de viabilidad económica y financiera sobre la renta básica en España, pide abiertamente su implantación en el Estado, con las consiguientes modificaciones en el sistema tributario, y se corresponsabiliza además con las garantías financieras que aseguren que se puedan poner en marcha medidas en comunidades  que opten por una renta garantizada de ciudadanía.

LA ILP CATALANA PARA LOS POBRES

Es este el caso de Cataluña. A medio camino, una iniciativa legislativa apoyada por la izquierda acaba de lograr  las suficientes firmas en esta comunidad para impulsar una renta garantizada de ciudadanía basada en el salario mínimo para las personas con menos recursos, que absorbería la actual renta mínima  y que no tendría como contrapartida planes de reinsersión. “Hay una problemática que va más allá de tus propias capacidades. Se ve claramente en el caso de las familias monoparentales”, explica Cristina Faciabén, secretaria de socioeconomía de CC OO de Cataluña, quien resume la iniciativa en “la defensa de un Estado social que garantice que sus ciudadanos puedan vivir”.   Sus promotores estiman los costes en 1.800 millones de euros extra, mientras que el Gobierno catalán, que si ya no puede con la RMI no quiere ni oír hablar de esta renta, lo hace en 3.600 millones. También hay que tener en cuenta el ahorro en las ayudas actuales,  en los albergues y en la alimentación. Sin embargo, en el Estatuto, aprobado por el Parlamento catalán,  está recogida la idea.

DICCIONARIO SOCIAL

•  ASPF: La asistencia sanitaria y prestación farmacéutica es una prestación no económica que prevé la ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (LISMI). Supone la dispensación gratuita de medicamentos para personas con discapacidad (del 33% o más) que no sean beneficiarias de la asistencia sanitaria y farmacéutica del Régimen General o Regímenes Especiales de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.
• IPREM: El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples sirve de referencia a la hora de conceder ayudas para la vivienda, becas o prestaciones  varias. Se inventó en el año 2004, en teoría para ir reemplazando al salario mínimo. El IPREM se usa para fijar los límites mínimo y máximo de subsidio del paro. En 2013 es de 532,51 al mes.
• AEHC: Es una asignación económica por hijo a cargo discapacitado mayor de 18 años de la Seguridad Social. Es una de las prestaciones incluidas en la LISMI.
• LISMI: La ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad recoge una serie de medidas para las personas con minusvalías que carecen de derechos para percibir prestaciones de la Seguridad Social por no haber trabajado el tiempo suficiente. 
• PNC de invalidez: Para cobrar la pensión  no contributiva de invalidez hay que ser mayor de 18 años y menor de 65, y haber vivido al menos cinco en España (los dos últimos, justo antes de la solicitud). La discapacidad o enfermedad crónica tiene que ser de un grado igual o superior al 65% y debe carecerse de ingresos suficientes: estos no pueden superar los 5.108,60 euros anuales.
• PNC de jubilación: Para percibir una pensión no contributiva de jubilación hay que ser mayor de 65 años y un mes, haber residido más de 10 años en España y carecer de ingresos suficientes. En cómputo anual, los ingresos propios no pueden superar el importe de la pensión: 5.108,60 euros.  
• PAS: Son Pensiones Asistenciales de Vejez e Incapacidad o Enfermedad, dentro de la modalidad de pensiones no contributivas.  Se suprimió en julio de 1992. Lo cobran solo quienes cumplían los requisitos entonces, si los siguen cumpliendo. Es compatible con el SATP.
• SGIM: Es el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, dentro de las pensiones no contributivas. Se suprimió en diciembre de 1990. Desde entonces, no hay nuevos beneficiarios. Es compatible con el SATP.
• SATP: Es un Subsidio por Ayuda de Tercera Persona que incluye la LISMI y va dirigido a aquellos ciudadanos con alguna discapacidad que necesiten de otro para realizar los actos esenciales de la vida cotidiana. 
• SMGT: Es una ayuda para gastos por desplazamiento fuera del domicilio habitual de las personas con discapacidad que tengan dificultades para el uso del transporte colectivo. Es compatible con cualquier PNC.
• Salario mínimo: El Gobierno fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador, referida a la jornada laboral legal para cualquier persona empleada, fija o eventual. Al determinarlo, se tiene en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura. En 2013 es de 654,30 euros.
• Renta básica: Es una cuantía que el Estado pagaría a cada ciudadano por el solo hecho de serlo, trabajara de forma remunerada o no, fuera rico o pobre, al margen de con quién conviviera. No está condicionada a nada. Se financiaría con una profunda reforma fiscal que redistribuiría la riqueza y con el ahorro del complejo y costoso sistema de ayudas actual, basado en el control del cumplimiento de condiciones.
• RMI o PIRMI:  La Renta Mínima de Inserción  es una ayuda solidaria que otorgan las comunidades autónomas para apoyar a las personas sin recursos económicos suficientes para atender las necesidades esenciales de la vida cotidiana, mientras se las prepara  para la reinserción laboral.