Miedos y oportunidades ante la nueva PAC

Productores, ecologistas y administraciones opinan sobre una reforma que marcará el futuro del campo español.

Cada vez que se negocia una nueva PAC, surge la controversia. Como explica Eduardo Moyano, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ello es inevitable si tenemos en cuenta la tremenda diversidad de la actividad agrícola y ganadera en Europa, donde conviven millones de productores con características e intereses muy diferentes. La agricultura es, además, un elemento estratégico, y como tal deja de ser exclusiva del ámbito agrario para convertirse una cuestión de interés general en la que están implicados consumidores, distribuidores, organizaciones ecologistas y administraciones de todos los niveles. 

Un cambio normativo tiene siempre ganadores y perdedores. Algunos Agricultores que han gozado de derechos adquiridos durante años pueden perder parte de las ayudas con la nueva Política Agraria Común. Algunas administraciones recelan de los cambios que se avecinan y piden más tiempo para transitar hacia el nuevo modelo. Andalucía, la comunidad autónoma que recibe más fondos de la PAC, se opone a cualquier reducción en el apoyo a sus agricultores. “Rechazamos tajantemente el recorte del 10% en términos reales del presupuesto de la PAC en el nuevo Marco Financiero”, afirma la consejera andaluza de agricultura, Carmen Crespo. 

Requisitos medioambientales

La nueva PAC llega con nuevas exigencias, especialmente en el terreno medioambiental, en un momento de caída de los precios agrícolas y de la rentabilidad de las explotaciones. Agricultores y ganaderos afrontan la reforma con una mezcla de miedo e incertidumbre, pero también con la oportunidad de practicar una agricultura más sostenible que ayude a combatir la crisis climática y ponga en la mesa de los consumidores productos más sanos y de mayor calidad.

La gran preocupación de los productores es que los nuevos requisitos medioambientales, plasmados en los llamados "eco-esquemas”, reduzcan aún más la rentabilidad de sus explotaciones. “El sector está comprometido con la sostenibilidad medioambiental, pero esta no se podrá conseguir si no hay sostenibilidad económica”, afirma Gabriel Trenzado, responsable de Asuntos Internacionales y de la UE de Cooperativas Agroalimentarias. Las nuevas exigencias, advierte Trenzado, traen consigo nuevos costes que encarecerán el producto y que pueden colocar en una situación de desventaja las exportaciones españolas en mercados extracomunitarios como, por ejemplo, el británico. 

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) está a la espera de que se definan los eco-esquemas. “Una vez estén diseñados, veremos si el agricultor está interesado. Si nos pasamos con las reglamentaciones y los criterios son demasiado estrictos, el agricultor puede llegar a la conclusión de que no le merece la pena seguir y dedicarse a otra cosa”, apunta Ignacio López García-Asenjo, director de Asuntos Regulatorios e Internacional de la ASAJA. En su opinión, deben ser medidas “asumibles y atractivas, y por ahora vemos más imposición que atracción”.

Javier Alejandre, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), asegura que los productores familiares aceptan el reto que suponen los nuevos requisitos medioambientales, pero añade a renglón seguido que estos deben aplicarse de manera gradual para asegurar el futuro de las explotaciones. “La función principal del agricultor es proveer de alimentos a la población. No podemos perder la esencia de nuestra razón de ser”, afirma.

La pandemia ha mostrado la importancia estratégica de la agricultura y la ganadería

Para Celsa Peiteado, de la organización ecologista WWF, es fundamental que la nueva PAC quede lo más alineada posible con una transición verde y justa, en línea con los dos ejes centrales del Pacto Verde Europeo: las estrategias  Biodiversidad y De la granja la a la mesa. Ana Carricondo, de SEO Birdlife, apunta que debe evitarse una confrontación entre ecologistas y productores y que lo importante es defender la sostenibilidad de la actividad agrícola y ganadera en beneficio de todos: “Defender el medio ambiente es defender el sector. Se trata de hacer compatible la rentabilidad de las explotaciones y la defensa del medio”. 

Las organizaciones ecologistas consideran fundamental dar una vuelta al modelo actual de distribución de los pagos básicos a agricultores y ganaderos, que suponen tres cuartas partes del presupuesto de la PAC. En lugar de dar preferencia a las grandes extensiones y a la producción, como hasta ahora, apuestan por redirigir las ayudas hacia quienes practican una agricultura y una ganadería de mayor valor medioambiental y social. “Son esos pequeños agricultores los que más lo necesitan y que más contribuyen tanto a mantener la biodiversidad como a crear empleo en zonas rurales en riesgo de despoblación”, afirma Peiteado.  “Con la pandemia y con Filomena ha quedado patente que es fundamental que la gente del campo siga trabajando para impedir que se interrumpa el flujo de alimentos”, añade. “No podemos dejar nuestra cadena alimentaria en manos de las importaciones y de los grandes productores”. 

Javier Alejandre, de UPA se pregunta qué habría pasado en los peores momentos de la pandemia si la UE no fuese una potencia agrícola. “La Pandemia ha mostrado la vulnerabilidad europea en varios terrenos, como la falta de mascarillas, respiradores y otro material médico, pero no ha faltado alimento en ningún momento”.

Derechos históricos

Las organizaciones agrícolas consultadas se muestran a favor de la desaparición de los llamados “derechos históricos” que permiten recibir pagos directos a determinados productores por una actividad que ejercieron en el pasado. Para Javier Alejandre, de UPA, estamos ante “un concepto trasnochado”. Trenzado, de Cooperativas Agroalimentarias, pone de relieve que no tiene sentido que haya agricultores que cobren ayudas diferentes teniendo la misma actividad. Con ellos coincide Eduardo Moyano, del CSIC, quien opina que los derechos históricos ya cumplieron su misión y ahora son algo “extemporáneo”. Además, agrega, su existencia dificulta que los nuevos agricultores reciban ayudas de la PAC.

La consejera analuza de Agricultura subraya que el modelo histórico aún está en fase de transición hacia el modelo regional nacido en 2015 y por ello se muestra contraria a un cambio brusco en este terreno. “Cuando aún estamos en la transición a este nuevo modelo regional, aún no plenamente implantado, se plantea un nuevo giro de 180 grados, generando incertidumbre en el sector, dificultando la planificación a largo plazo y la modernización”, afirma. 

“Agricultor genuino”

La creación de la figura del “agricultor genuino” despierta suspicacias entre productores y administraciones. López García-Asenjo cree que en el Plan Estratégico nacional debe precisar los criterios para que los agricultores puedan recibir pagos directos de la PAC; es decir, definir con claridad quién va a ser “agricultor genuino”. El representante de ASAJA cree que limitar los pagos directos a aquellos agricultores cuyos ingresos agrícolas no superen un determinado umbral de sus ingresos totales puede perjudicar a gente que está creando empleo, invirtiendo, comprando maquinaria o ayudando a fijar población en las zonas rurales. Javier Alejandre, de UPA, piensa que hacer desaparecer a los agricultores pluriactivos (aquellos que tienen otras ocupaciones además del campo) sería un error. “Hablamos de gente que vive en el medio rural y que complementa sus ingresos con la agricultura”, señala. 

La consejera Carmen Crespo opina que las ayudas directas deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria real y efectiva. En su opinión, “no deben introducirse criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades económicas pero para los que la agricultura y ganadería suponen un complemento de renta”.