Ni tan libres ni tan protegidos
Los autónomos ganan peso en la fuerza laboral. Sus avances en derechos de los últimos años son más teóricos que reales.
Albert, un joven catalán de 27 años formado en ilustración, animación digital y gráfica publicitaria de grado superior, no conoce ni a Ana y ni a su marido, que tienen dos hijos y recientemente han abierto en Parla La jungla perdida, un parque de ocio para niños de 2 a 12 años. Desde hace casi medio año, el diseñador trabaja en una agencia de publicidad, donde cobra 1.500 euros brutos mensuales. La pareja de Madrid ha generado 16 empleos en un negocio que parece tirar desde el primer día y que al año ingresa más de 600.000. Pero los tres comparten algo: son trabajadores autónomos y saben muy bien que la vida es dura (y un poco más).
Albert está rodeado de un centenar de colegas en las oficinas, la mayoría de los cuales son asalariados y cotizan a la Seguridad Social por el régimen general. Como ellos, el joven debe desplazarse cada día físicamente a la oficina, tiene el mismo horario de jornada completa que el resto y los encargos de trabajo que le van cayendo van más allá del proyecto para el que inicialmente le contrataron. Albert cobra por día y no tiene vacaciones. “Allí soy uno más... sólo para lo malo. Estoy atado como un asalariado y a la vez sufro los inconvenientes de quien trabaja por su cuenta. Claro que preferiría un contrato, pero me obligaron a hacerme autónomo si quería el trabajo. Intento ver el lado bueno: si algún día no puedo ir, son flexibles conmigo. Y ser autónomo me permite facturar por otros proyectos”, explica.
Según las cifras oficiales (Instituto Nacional de Estadística, INE), el año 2014 terminó con 258.000 autónomos muy poco autónomos, en la medida en que más de un 75% de sus ingresos depende de un único cliente, además de no tener empleados a su cargo ni de poder subcontratar parte de las tareas a terceros. El Estatuto del Trabajador Autónomo de 2007, justo antes de la crisis, creó esta figura literalmente para “dar cobertura” a la situación de miles de ciudadanos que en la práctica contaban (y cuentan) con una única entrada de ingresos significativa.
DIFÍCIL PACTO CON LA EMPRESA
Sin embargo, el cliente debe estar de acuerdo en conceder a su autónomo dependiente este reconocimiento explícito, a través de un contrato escrito que pacte la duración de la colaboración y las condiciones —nunca trabajar de forma indiferenciada al resto— y que debe inscribirse en un registro específico. Y en ese registro, el TAED, apenas constan 16.000 nombres.
Sólo consta en el registro un 6% de los autónomos dependientes que hay
Para poder tener ‘paro’, cotizan únicamente 640.000 autónomos
En 2007, este colectivo suponía el 16,2% de los afiliados. Hoy, el 19%
“Hace falta un acuerdo entre ambas partes. Las empresas no quieren reconocer que tienen a dependientes. Les sale más caro y les supone más riesgo. Y en plena precarización de las relaciones laborales, lograr más derechos para un trabajador es ir a contracorriente”, admite Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Por otra parte, los dependientes están obligados a cotizar obligatoriamente por el concepto de “cese de actividad”, que es lo más parecido al subsidio de paro que tienen, y que supone una carga extra del 2,2% sobre la base de cotización, y que empieza a poder cobrarse cuando se ha cotizado como mínimo durante un año. “La protección social debería mejorar”, añade.
Todos los autónomos consultados, pese a constituir un colectivo heterogéneo con ingresos y situaciones muy variados, comparten la sensación de que si las cosas no van bien, se quedan colgados. “Nos hemos sentido totalmente desamparados”, relata Ana, que tiene muy viva en la memoria la experiencia que pasó junto a su pareja antes de montar “sin ayuda alguna” La Jungla perdida, cuya licencia costó 15.000 euros.
“Tiene derecho a un carro de Cáritas”, fue la respuesta que la pareja recibió cuando se presentó ante los servicios de empleo cuando el negocio de transportes en el que el marido había trabajado (en régimen de autónomo) en los últimos 12 años tuvo que cerrar porque el cliente que aportaba el 90% de su facturación decidió prescindir de sus servicios. En el pasado, Ana había trabajado muchos años por cuenta ajena y acumuló un derecho a dos años de paro que nunca utilizó. Al quedarse embarazada se centró en el nacimiento de sus dos hijos y, más tarde, se sumó, como autónoma, a la empresa de transportes del marido, que llegó a emplear a 50 personas y ocupar cuatro naves.
“NI PLAN ‘PREPARA’ NI NADA”
“Al cotizar como autónoma perdí mi derecho a paro pese a no haberlo usado nunca. Les dije: ¿qué hago yo con dos niños de tres y un año de edad? Ni planes PREPARA [ayudas para desempleados que han agotado la prestación por paro, y que ha vuelto a prolongarse hasta el próximo mes de agosto]ni nada de nada para autónomos”, cuenta hoy la empresaria, muy escarmentada. Su asesor les aconsejó que no cotizara por “cese de actividad”, porque “era lo mismo que meter dinero en una hucha, el mismo que yo podía haber ido ahorrando”.
Muchos autónomos deben de pensar igual, pues cotizan por la eventualidad de quedarse en paro 640.000 de ellos, según UPTA. El pasado enero, la Seguridad Social cerró con un total de 3,11 millones de afiliados al régimen de autónomos. La cifra supone un 18,8% del total de afiliados, un porcentaje 2,5 puntos porcentuales superior al que representaba el colectivo de autónomos en 2007. Aunque las estadísticas pueden resultar engañosas, puesto que en 2008 hubo un salto en volumen de este colectivo, a raíz de la incorporación de los trabajadores en régimen agrario.
El régimen de autónomos (RETA) es el paraguas que engloba a una mayoría aplastante de los empresarios españoles, pues, según la patronal CEPYME, cuatro de cinco unidades empresariales registradas están compuestas por empresarios autónomos sin trabajadores y por empresas con plantillas de menos de tres empleados. Ahora bien, el RETA es un saco en el que caben titulares de participaciones de sociedades mercantiles o de otras formas jurídicas, tiulares de actividades agrarias y personas físicas, con trabajadores o solas, estén o no incorporadas a un colegio profesional determinado.
Este último grupo de personas físicas, que suma 1,94 millones, es al que la Seguridad Social considera “autónomos propiamente dichos”, en la medida en que son trabajadores afiliados a algún régimen por cuenta propia y que no están integrados ni en sociedades mercantiles, ni en cooperativas ni en otras entidades sociedades.
Siete de cada 10 autónomos ha cumplido los 40 años. Un 8% son de origen extranjero. De hecho, desde antes de la crisis nunca hubo tantos extranjeros afiliados como autónomos (240.614 el pasado enero, frente al total de 1,55 millones de foráneos afiliados).
Los autónomos son una pata esencial que le crece al modelo productivo y de relaciones laborales que está surgiendo tras la crisis y la reforma laboral, donde predominan actividades del sector terciario (turismo, hostelería o comercio), y con una tendencia al alza a contratar asalariados a tiempo parcial. Dos tercios de los trabajadores por cuenta propia se ganan la vida en los servicios.
El discurso proemprendedor del Gobierno, en paralelo a las sacudidas de la reforma laboral, incita al trabajador que no encuentra empleo a ofrecer al mercado aquello que sabe hacer, como autónomo.
Los sindicatos critican duramente la consolidación del autoempleo, sobre todo el involuntario. “Falsos autónomos se ven obligados por las circunstancias o por la empresa a trabajar por cuenta propia”, señalan en UGT, que mira con alarma el aumento de autoempleados (sin asalariados y en teoría independientes), dentro de los trabajadores por cuenta propia que contabiliza la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2007, suponía un 60% del total. A cierre de 2014, un 67%. CC OO denuncia la exclusión de sindicatos y autónomos del diálogo social e insiste en que el Ejecutivo sigue sin reconocer la condición de autónomos dependientes a más de 250.000 autónomos. Estamos ante un cambiazo de la relación laboral por la relación mercantil.
800.000 EMPLEOS ASALARIADOS
La marca de la casa es la soledad de los autónomos frente a sus clientes mayores, frente a los bancos a los que piden financiación o frente a las exigencias de Hacienda y la Seguridad Social. De los 1,93 millones de autónomos (personas físicas), entre los que trabajan solos o con un único asalariado acaparan un 90% del total, aunque las asociaciones del sector subrayan con orgullo que más de 800.000 personas cuentan con un empleo como asalariado gracias a que los han contratado como autónomos.
La CNT, especialmente activa contra los falsos autónomos, advierte sobre las empresas que intentan persuadir a trabajadores bajo este régimen con caramelos como pagar las vacaciones o haciéndose cargo de su cuota como autónomo. El sindicato acusa de competencia desleal a las empresas que optan por fichar a falsos autónomos , porque no cubren los gastos por eventuales bajas ni asumen indemnizaciones cuando finaliza la relación con el trabajador.
Una de las señales de los nuevos tiempos laborales es el incremento de la pluriactividad, sobre todo entre los jóvenes (y si son mujeres, más aún). Por pluriactividad se entiende la combinación del trabajo por cuenta ajena con el trabajo por cuenta propia, con sus respectivas cotizaciones. Las bajadas salariales reales —que, según la OCDE, en España corren el riesgo de “ser contraproducentes”— llevan a muchos asalariados a complementar sus ingresos con tareas facturadas como autónomos. Según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), si en diciembre de 2013 había 85.009 combinando empleos —también las rentas altas—, un año después había un 15% más.
REBAJA AMPLIADA DE RETENCIONES
El Gobierno ha hecho algún guiño al colectivo. El último, a un año de las elecciones generales, ampliar la rebaja de las retenciones —a autónomos y profesionales vía una enmienda a la reforma fiscal cuando se tramitaba en el Senado— al 19% este año y al 15% el que viene, si gana las próximas elecciones generales. El proyecto inicial de Ley del IRPF que salió del Congreso planteaba reducir las retenciones al 21% y al 19%. Y eso que la erforma fiscal ya incluía ventajas para autónomos: los que tengan rentas inferiores a 15.000 euros al año han pasado a pagar 15% (antes, el 21%).
 |
| ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR |
Poco después de la propuesta, el Ministerio de Empleo optó por permitir también ventajas a los mayores de 30 años, en este caso durante un máximo de 18 meses, además de en otros casos especiales como las bajas por maternidad o paternidad o en casos de discapacidad igual o superior al 33%. Pero no pueden optar a ello quienes hayan estado dados de alta en los cinco años anteriores a solicitarlo. Y lo que más protestas ha despertado en el sector: no puede ser aplicable a los autónomos con trabajadores a su cargo, una circusntancia que no casa con los objetivos de creación de empresas y de empleo del Ejecutivo. En la última asamblea de ATA, en octubre pasado, la ministra Fátima Báñez anunció que los autónomos podrán finalmente contratar a trabajadores sin perder el derecho a la tarifa plana. La medida se espera en breve. El sector considera incomprensible que los autónomos societarios o con más de 10 trabajadores también queden fuera de la medida.
Otro de los anuncios favorables a los emprendedores, aunque aún no tiene fecha, es el de permitir la capitalización del 100% del paro para montar una empresa para mayores de 30 años que lo soliciten.
75 € AL MES DE LA CAIXA
En su estrategia de apoyo al autoempleo, Báñez anunció el mes pasado junto al director de la Fundación bancaria de La Caixa,Jaume Giró, un acuerdo en virtud del cual la entidad financiera ayudará a pagar sus cuotas de autónomos a los jóvenes que se hayan beneficiado de la tarifa plana durante seis meses. A partir del séptimo mes y durante otro medio año, el banco pagará 75 euros al mes, así que, de facto, seguirán con la tarifa plana un año en total. En los períodos siguientes hasta el mes número 30, la entidad que preside Isidre Fainé seguirá aportando 75 euros. La Fundación estima que se podrán beneficiar de esta iniciativa, que le cuesta cinco millones de euros, cerca de 10.000 jóvenes. Cuando se firmó el acuerdo, la titular de Empleo cifró en 130.000 los jóvenes menores de 30 años que se han acogido ya a la tarifa plana.
El acceso al crédito es el primer problema del autónomo
Los bancos valoran la solvencia, más que la viabilidad futura
Los autónomos con empleados se podrán acoger a la ‘tarifa plana’
La tarifa palía el problema crónico de los autónomos, y que la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, describe de modo elocuente: “Si no tienes elevados ingresos, el collar puede acabar costándote más que el perro”.
Fuera de la minoría que se puede acoger a la tarifa plana, un autónomo debe elegir si cotiza en función de una base mínima —fijada para este año en 884,40 euros, lo que supone una subida del 1% respecto a 2014— o hasta por una base máxima de 3.606,00 euros (en este caso, la subida es leve, del 0,25%). El porcentaje a aplicar sobre esa base de cotización y, por lo tanto, la cuota a pagar cada mes es del 29,8% para los trabajadores que den cobertura a las prestaciones por incapacidad temporal (IT), obligatoria para todo autónomo que no cotice a la vez por esta prestación en el régimen general. Un 85% de autónomos independientes cotiza por la mínima y paga 264,4 euros por mes.
¿Significa eso que todos ganan lo que dicen que ganan? Según los técnicos de Hacienda, el 85% de autónomos que cotiza por la base mínima contrasta con los 700.000 autónomos que declara tener unos rendimientos netos superiores a los 30.000 euros al año y que resulta que cotizan por la misma base que 400.000 autónomos cuyos rendimientos netos no superan, en cambio, los 8.000 euros anuales.
El secretario general de UPTA calcula que de los tres millones de autónomos totales, un millón cotiza lo que le toque, un millón cotiza por encima de lo que le corresponde y un tercer millón, por debajo.
“El régimen de autónomos debe reformarse para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, para garantizarles mejores prestaciones y poder equilibrar así el sistema haciéndolo progresivo según los ingresos de cada uno”, enfatiza por su lado Celia Ferrero. La cotización de un trabajador asalariado es aproximadamente un 40% superior a la de un autónomo. Pero el grueso del pago corresponde a la empresa, y sólo una parte pequeña al trabajador. Introducir progresividad obligatoria sería una medida impopular para los colectivos como médicos, abogados o periodistas mediáticos. No es que el autónomo tenga menos derechos, es que la prestación es menor porque suele cotizar menos.
Se da la paradoja de que el sistema para pagar impuestos (IRPF) que se creó en principio para evitar fraudes (el llamado sistema de módulos o por estimación indirecta, que hace pagar en función de variables como el espacio físico que se ocupa o los trabajadores que se tiene) ha acabado siendo un nido de economía negra, frente al sistema de estimación directa, que sí se modula en función de los ingresos previstos.
SUBIDA DE CUOTA DE MÁS DEL 20%
En paralelo a la tarifa plana, el Gobierno ha ido subiendo cada año un poquito la cotización, sobre todo la mínima. Pero no sólo. Los autónomos societarios se han encontrado sin previo aviso con una subida del 20% en su cuota, ya que el ministerio ha pasado a equiparar su base mínima de cotización a la de los trabajadores asalariados de régimen general, que para 2015 sube a 1.056,7 euros. Eso supone pasar de cotizar de 264 a 315,9 euros al mes. El Gobierno intenta compensar la merma de ingresos para la Seguridad Social que supone la tarifa plana, pues el Ministerio de Empleo confirma que el Estado no la compensa, aunque el autónomo no vea perjudicada su base de cotización.
El 85% de autónomos, ganen lo que ganen, cotizan por la mínima
La cotización de un asalariado supera en un 40% a la del autónomo
Las asociaciones de autónomos piden que se cotice según ingresos
Con todo, ATA y UPTA conciden en que el principal problema que persiste hoy para un autónomo es el acceso a la financiación. La mayoría de autónomos, personas físicas, entran en el departamento de particulares de los bancos. No pueden presentar una nómina, y tienen ingresos inciertos. Se les piden más avales. “El banco te pide la contabilidad y el histórico de los últimos tres años seguramente no será maravilloso. A menudo se les considera insolventes, porque importa la solvencia del empresario más que la viabilidad futura del negocio”, explica la vicepresidenta de ATA. El histórico perdido con el fin de las cajas —la confianza del director de oficina que conocía a sus clientes y que sabía que acabarían pagando— juega en su contra.
La Ley de Emprendedores (2013) creó la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, para que si le iba mal no lo perdiera todo. Al menos, que conservara la casa, si se trata de la vivienda habitual y vale hasta 300.000 euros. Pero la figura no ha hecho fortuna: hay que pagar tasas para registrar la casa, y obliga, además, a presentar una auditoría. El clamor actual pasa por que del embargo quede libre el equivalente al salario mínimo interprofesional. Economía está abierta a ello.
A LA SEGUNDA
La deuda con Hacienda y la Seguridad Social
El Gobierno ha puesto sobre la mesa la llamada “ley de segunda oportunidad”, para ayudar a que un empresario que haya sufrido un patinazo en un primer negocio pueda zafarse de cargas y seguir adelante. La Ley de Emprendedores ya acotaba la responsabilidad del autónomo derivada de su actividad. Pero la protección en caso de un revés no afectaba a la deuda pública, con Hacienda y la Seguridad Social, aunque son la principal que suele tener el empresario. Ahora, en la segunda oportunidad, el Ejecutivo está abierto al aplazamiento del pago de deudas con el Estado, aunque no quitas, que sí se contemplan para las deudas con privados. El Ejecutivo planea dejar libre de cargas al autónomo a los tres años. El Consejo General de Colegios de Economistas ha reclamado que esa segunda oportunidad para empresarios en insolvencia fortuita sea “eficaz”. Para su presidente, Valentí Pich, ello pasa por mejoras en la remisión de deudas públicas, en la exoneración de avalistas terceros y en las facilidades financieras si hay garantías para ello.
 |
| ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR |
CONCEPTOS
RETA
Es el régimen por el que cotizan los trabajadores autónomos, ya sean dependientes o no, ya sean societarios o personas físicas. En enero de este año había 3,15 millones de afiliados a la Seguridad Social como autónomo, de un total de 16,5 millones de afiliados (la mayoría, 13,4 millones, asalariados).
Tarifa plana
Es una ayuda temporal para nuevos autónomos. A los jóvenes de 30 años (35 años si son mujeres) se les aplica una reducción en la cuota del 80% durante seis meses (lo que supone abonar 50 euros al mes), y después, hasta el mes número 30, una reducción primero del 50% y después del 30%. En el caso de los mayores de 30 años, las ventajas se mantienen sólo durante 18 meses. La tarifa plana no es aplicable para trabajadores que ya hayan estado dados de alta en los cinco años anteriores ni para los autónomos societarios o con más de 10 trabajadores. El Gobierno cambiará la normativa para que quienes contraten a trabajadores puedan acogerse a la medida. En virtud de un acuerdo entre la Obra Social de La Caixa y el Ministerio de Empleo, los jóvenes que lleven seis meses beneficiándose de la tarifa plana, que no afecta a la base de cotización de cara a la pensión futura, podrán optar a una ayuda de 75 euros mensuales a partir del séptimo mes y hasta el mes número 30.
Cese de actividad
Es el concepto por el que se cotiza para que, en caso de tener que dejar el negocio, se tenga una prestación en principio similar al subsidio de paro de un asalariado. Para cobrarlo hay que cotizar específicamente por ello, entre 30 y 60 euros por mes (se le aplica un tipo del 2,2%). Es optativo cotizar por ello. Lo hacen 640.000 autónomos. El problema que han tenido quienes cotizan ha sido poder demostrar que las causas económicas fuerzan el cese de la actividad. Más de la mitad de las solicitudes –que se vehiculan a través de las mutuas- han sido rechazadas. Si un negocio se enfrenta a, por ejemplo, un incendio, la cosa está clara. Pero la mayoría de autónomos —sobre todo los que declaran impuestos por módulos, en función de determinados parámetros como la superficie de su local o el número de empleados y no en función de los ingresos estimados— no podían demostrar pérdidas del 30% o del 20% durante dos años consecutivos, El concepto de “pérdidas” no está muy claro para las mutuas. En la nueva Ley de Mutuas (2014) se ha intentado resolver la cuestión rebajando las pérdidas que demostrar a un 10% anual.
Contingencia común y profesional
Son conceptos que dan lugar a protección. Es obligatorio cotizar por ambos. El primero alude a las enfermedades o incidencias comunes, mientras el segundo se refiere a los accidentes y enfermedades profesionales.
