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    Miles de familias optan por entrar en viviendas ajenas ante la falta de ayudas públicas

    Domingo Luis y su novia llevaban dos días durmiendo en un coche cuando un día de marzo pasado decidieron ocupar un piso en Bornos, un municipio de la sierra de Cádiz. Según relataba el Diario de Cádiz, su decisión llevó a otras 38 familias, la mayoría parejas jóvenes, a hacer lo mismo. “Vivimos desesperados, sin trabajo, en casa de nuestros padres o familiares, siendo una carga más para ellos cuando no hay nada”, comentó Domingo Luis, que trabaja en el campo como jornalero. Los pisos ocupados, pertenecientes a una promoción de viviendas de protección oficial (VPO) terminada en 2013, estaban todos vacíos. Algunos de sus ocupantes habían solicitado uno de ellos hace cuatro o cinco años. 

    ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR


    Ocupaciones como la de Bornos son cada vez más frecuentes en muchas zonas de España. El paro, las dificultades para acceder a una vivienda y los desahucios han llevado a muchos ciudadanos sin recursos a ocupar propiedades ajenas. No se trata de jóvenes en busca de un modo de vida alternativo, conocidos tradicionalmente como okupas, sino de familias que se han quedado en la calle por no poder pagar una vivienda. 

    Es imposible calcular cuánta gente ha recurrido a la ocupación de viviendas desde el estallido de la crisis. Su carácter ilegal, el recelo de los vecinos y la vergüenza que sienten por tener que vivir en casa ajena llevan a muchos ciudadanos a ocultar su situación. Enrique Domínguez, responsable de personas sin hogar de Cáritas, explica que quienes han optado por esa vía superan con creces en número a los indigentes que viven en la calle. “Quedan fuera de los recuentos, pero muchas de estas personas están en una situación muy precaria y de enorme sufrimiento”, señala. Otros, principalmente inmigrantes, han optado por compartir pisos con otras familias en condiciones de precariedad y hacinamiento. Los hay también que se han instalado en edificios sin terminar en las afueras de las ciudades, con frecuencia sin luz ni agua corriente.

    La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) afirma haber realojado a unas 2.500 familias en pisos vacíos, principalmente propiedad de los bancos y de la Sareb, la entidad creada para gestionar los activos inmobiliarios más tóxicos de las cajas de ahorros quebradas. La organización llama a estas operaciones “liberar edificios”. En su opinión, no se trata de ocupar, sino de recuperar viviendas, pues considera que éstas son de propiedad pública tras el rescate a la banca con dinero de todos. Bankia, salvada de la quiebra con 24.000 millones de euros de fondos públicos, tiene a la venta más de 20.000 viviendas. Según cifras de Cáritas, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, el 14% del total.

     

    MEDIO MILLÓN DE DESAHUCIOS

    Desde 2008 se han llevado a cabo en España medio millón de desahucios, la mayor parte en primeras viviendas. La mayoría de las personas expulsadas, según la PAH, carecen de una alternativa, por lo que sus opciones se limitan a mudarse con familiares, solicitar una de las escasas viviendas sociales u ocupar un piso. La organización anima a las personas a quienes ayuda a ocupar casas a negociar con la Sareb el pago de un alquiler, siempre que éste no supere la tercera parte de los ingresos del inquilino.

    El problema de la escasez de viviendas asequibles se ha agravado en algunas ciudades por decisiones políticas. En la capital de España, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) ha vendido varios de sus edificios a fondos de capital riesgo, lo cual ha supuesto cambiar de la noche al día las condiciones en que vivían sus inquilinos. Los nuevos propietarios, por ejemplo, han subido los alquileres, lo que ha obligado a muchos a marcharse, engrosando así las listas de los sin techo

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