Particular compite con profesional
La mayoría de las redes de intercambio tienen poco de social, son sólo otro modo de hacer negocio. Pero la oportunidad es inmensa
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
Si olvidaste las llaves en el trabajo, te apetece un plato especial de tu restaurante preferido o te has quedado sin sal y tu vecino no está, alguien con tiempo y ganas puede pasarte a recoger y comprar lo que necesites, en menos de una hora. El servicio te costará 5,5 euros. Si hay más de una dirección a la que ir, 2,75 más. A quien te haga el favor, no le llamarás recadero ni mensajero, sino glover, y según un anuncio que se repite en varios portales de búsqueda de empleo, además de moto, coche o bici será alguien que desee “horarios flexibles” y que “sepa vestir una sonrisa de oreja a oreja”. Según la página web de la joven start-up Glovo, que opera ya en tres ciudades — Barcelona, Madrid y Valencia—, un glover “experimentado” cobra “más de 10 euros por hora”. Así que si quieres, puedes ser glover a ratos, como free-lance. Si te animas, otros particulares como tú votarán qué tal les ha ido contigo, del 1 al 5. Cuanto más valorado, mejor te irá.
Entre dos ciudadanos —profesionales o no—, una plataforma digital intermedia para cerrar una transacción. El servicio puede ser de guía turístico, de cocinero, de profesor, de taxista, de hotelero (de una habitación...). Lo llaman economía colaborativa. Con barreras de entrada casi nulas, mueve ya tanto dinero —las estimaciones apuntan a un negocio de 335.000 millones de dólares o 329.549 millones de euros en 2025, que moviliza a grandes y pequeños inversores— que el segundo mayor banco español, BBVA, la considera ya “demasiado grande para ser ignorada”.
En el paradigma colaborativo, Internet no se limita ya a mediar entre una persona y una empresa o entre dos particulares. Hoy, Internet se ha convertido en sí mismo en el entorno de trabajo. ¿Qué sabes hacer? Entras en una plataforma como Upwork, la mayor del mundo, o Nubelo, con 750.000 freelancers, y se despliega un catálogo de proyectos a los que optar y por los que competir con aspirantes de todo el mundo.
NO ES ENTORNO PARA TODOS
De la búsqueda de un empleo, hemos pasado a funcionar por proyectos: ¿Eso es bueno o malo? “Pues depende de la empleabilidad de cada uno”, opina Jordi Serrano, fundador de Future4work y autor del blog El futuro del trabajo. “Para los artesanos del siglo XXI, que son los diseñadores, programadores, creativos, especialistas en lo suyo, gente capaz de funcionar con autonomía, este entono de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad puede ser buenísimo. Pero el nuevo entorno no es bueno para todo el mundo. Para los empleos rutinarios es un escenario complicado. En Europa, el 60% de la población no pasa del nivel básico digital, lo que no incluye saber programar o hacer una web, sino abrir un archivo, mandar emails y guardar datos compartidos”, añade Serrano, ex director de la Fundació Factor Humà.
Cuando se habla de economía colaborativa, el debate suele centrarse en la regulación —la que sobra o la que falta— para que los particulares se pongan, en la práctica, a competir con profesionales de un sector, normalmente regulado, ofreciéndose servicios entre sí. Pero mucho menos se suscita el debate sobre sus implicaciones en el mundo del trabajo. “En todos los sectores donde han entrado las plataformas digitales se ha producido una precarización en las relaciones laborales”, declara Salvador Duarte, secretario general de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña (CTAC), organización vinculada a UGT. “Para mí, buena parte de las iniciativas colaborativas se aprovechan de vacíos legales y están fuera del sistema, lo que no significa que haya que impedirlas, sino dialogar, clarificar y regular”, añade. “Luego queremos escuelas, infraestructuras, colegios, pensiones... y eso significa impuestos y cotizaciones”.
Sólo el 10% de las plataformas busca el bien común, dice la OCU
Lisa Gansky sugiere que los usuarios sean dueños de la plataforma
El Cibernarium del Edificio Mediatic y el parque tecnológico de Barcelona Activa fueron escenario a finales de noviembre de una de las cumbres de los nuevos señores de la sharing economy. De Airbnb a Socialcar, pasando por Amovens, Eat With, Data Donors, Las Indias, MyTwinPlace o GlobalCrowdcube, Arboribus, Verkami Global Hub for the Common Good... iniciativas que en la mayoría de casos no tienen mucho o nada que ver entre sí, pero que comparten el cada vez más incómodo paraguas nominal de “economía colaborativa”. La comunidad OuiShare la impulsa, la amalgama y cada vez toma mayor conciencia de los retos que rodean esta nueva manera de generar actividad económica.
LA MALA FAMA Y LA ZONA GRIS
“¿Por qué tiene tan mala fama la economía colaborativa? ¿No es por si no se pagan impuestos y por los derechos laborales?”, se preguntó en una de las múltiples mesas de debate celebradas durante el evento Sara Rodríguez, abogada y conectora de OuiShare en Madrid. En un ambiente cool y mucho look entre tech y hipster, corolado por consumo de proximidad y alimentos ecológicos, en la sala se oyó el típico zumbido de los que asienten y disienten, que coinciden en arrugar la nariz en cuanto huelen burocracia administrativa, funcionarios, rigidez, lentitud.
El cofundador de Glovo asegura que la empresa de recaderos sonrientes les obliga a contribuir con su cuota a la Seguridad Social. No sabemos cuántas llaves olvidadas, cuántas pequeñas compras y cuántos recados en horas libres hay que ejecutar para que, con la regulación actual, no se pague más de lo que se ingrese. Y si uno se aviene a ello, ¿puede tres horas al mes?
En Eat With, plataforma de 500 chefs amateurs (o de alto nivel) que ofrecen comidas en casa como experiencia alternativa al restaurante, Joel Serra comenta que más de la mitad paga autónomos. En total, son 500 chefs en todo el mundo. Sólo pasan las pruebas para participar en la red el 3% de los solicitantes.
“¡Ah, la regulación! Nos encantaría tener regulación”, espeta cuando alguien del público le confronta con restaurantes obligados a invertir ante posibles inspecciones sanitarias, laborales o fiscales. En la sala estallan aplausos. “No podemos hablar de ilegalidad. Sí de alegalidad. Cuando se genera una actividad nueva se opera en una zona gris. Las plataformas tienen una responsabilidad, pero también los responsables de desarrollar la regulación”, señala Antonin Léonard, cofundador de OuiShare.
Global Hub for Common Good quiere ser ‘lobby’ por el bien común
Hacienda y Trabajo tienen mucho que decir, más que la CNMC
El sector pide que la regulación se adapte al nuevo mundo ‘P2P’
Según el punto de vista, el quid de la cuestión es uno u otro. Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en breve emitirá un informe sobre economía colaborativa después de una compleja consulta pública con todo aquel que haya querido aportar un punto de vista propio, lo esencial es si se dan o no “fallos de mercado”. En palabras del responsable de Promoción de la CNMC, Antonio Maudes, la institución no entra en si los nuevos actores pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social, lo que corresponde a los ministerios de Hacienda y de Trabajo —mudos hasta ahora—. “Las autoridades competentes deberán ver cómo aprovechan las nuevas posibilidades recaudatorias”, señala Maudes, para quien la fiscalidad o las cotizaciones “no pueden servir para que una parte del mercado le diga al otro que no puede operar”.
CUÁNDO DEVIENES UN PROFESIONAL
La perspectiva del consumidor es bien distinta. “No se trata de prohibir ni de regular todo el movimiento, pero sí algunas cosas. Debemos tener la certeza total de cuándo un particular se convierte en profesional. Porque si eres un profesional tienes que cumplir ciertas obligaciones. Las relaciones entre quien ofrece el servicio y el consumidor son asimétricas. El consumidor es la parte débil, así que la diferencia radica en ser un profesional o no serlo”, señala Amaya Apesteguía, que en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) supervisa un estudio europeo acerca del impacto del consumo colaborativo sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Si preparas pasteles y los repartes entre los vecinos, y un día empiezas a cobrar por ello, ¿a partir de qué momento te conviertes en profesional? La distinción es delicada porque, como explica Javier Creus, fundador de Ideas for Change, el invento va precisamente de que “el consumidor sea a la vez productor”.
“Hoy sólo existe un marco legal para profesionales. Pero nosotros reivindicamos que el particular, al margen de las viviendas de uso turístico, pueda entrar en una actividad no profesional esporádica, donde alquile un espacio en la casa donde vive, o donde alquile la casa entera si se ausenta unas semanas”, se subraya en Airbnb. Su modelo normativo es el acordado con el municipio de París. El Gobierno francés ha autorizado a Airbnb a recaudar automáticamente la tasa turística (0,83 euros) que se paga por persona y noche y a entregarla a la Administración , para que el particular que alquile no ignore el trámite o se quede el dinero. El Ayuntamiento de París permite el alquiler de la primera residencia sin pedir un permiso, y obliga a apoyar la vivienda social a quien alquile una propiedad donde no resida. También el de Amsterdam recauda el impuesto turístico.
Mientras que en algunas ciudades existe diálogo y acercamiento —no es el caso en España—, Lisa Gansky, pionera del sharing y autora de La Malla: el futuro de los negocios es compartir, propone un paso más allá. “El nuevo paradigma, en el que emerge el ciudadano productor, plantea infinitas posisiblidades. Los ciudadanos pueden ser copropietarios de las plataformas en las que operan. Sería el modo de empoderar a los usuarios”, reflexiona Gansky, muy crítica con que la economía colaborativa acabe siendo simplemente otro modo de hacer negocios. “¿Para qué, todo esto? ¿Sólo para crear más empresas, hacer más cosas, consumir más, generar más residuos?”, lanza como pregunta.
Kickstarter pone en sus estatutos que se rige por el interés general
Airbnb se ha hecho cargo de recaudar y pagar la tasa turística
El estudio europeo en el que participa la OCU distingue exclusivamente al 10% de plataformas que persiguen la transformación social, que generen una “huella social”. Ponen como ejemplo Huertos Compartidos (unos ceden un pedazo de tierra o de jardín a otro a cambio de parte de las verduras que cultive, o para gestionar conjuntamente la tierra). Otro 35% de plataformas de consumo colaborativo se basan en transacciones. Sería el caso de Homeaway (alquiler entre propietarios, mediante el pago de una suscripción anual a partir de 179 euros o el pago de una comisión del 10% por transacciones puntuales). Y un 55% busca, aunque haya dinero de por medio, crear redes de usuarios. De SocialCar (alquiler de coche por horas o días entre particulares) a Trip4Real (experiencias turísticas para viajeros vividas por ciudadanos autóctonos), pasando por la microfinanciación, como Ulule, o bancos de tiempo, como Time Republik.
“¿La economía colaborativa es colaboración o es negocio? ¿Son plataformas que conectan a usuarios o plataformas que desconectan de derechos laborales y fiscales? ¿Vamos a un hiperconsumismo y, además, más barato? ¿Crearemos más negocios o engordaremos monopolios digitales donde el producto es la persona? Yo defiendo una economía colaborativa que defienda nuevos valores”, apunta Apesteguía.
BALANCE SOCIAL
La llamada economía del bien común, modelada por Christian Felber, señala un camino. Siguiendo esta estela, ha echado a andar el Global Hub for the Common God, que se autodefine como una especie de think tank de la gente, hace lobby ante los gobiernos y no soporta que le llamen utópico. Su fundador, el palentino Diego Isabel de la Moneda, instalado en Londres, enfatiza la necesidad de cambiar de mantra y de indicadores de éxito. Pasar del “cuanto más dinero tenga más feliz seré” al “lograr el máximo de felicidad con el menor consumo”. Y del PIB y los balances financieros a nuevos índices que midan el bien común.
El Hub mide cómo se cruza el comportamiento de las empresas respecto de los proveedores, empleados, clientes y entorno social en indicadores como la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la solidaridad, la dignidad humana y la participación democrática. De 2.000 compañías analizadas en algún indicador y 200 por completo, entre +1.000 y –1.500 el resultado es +350.
“La economía colaborativa puede ser parte de la economía por el bien común, al igual que la economía circular o la social. Entre todos representamos una nueva economía, pero hay que ir con cuidado: una plataforma a través de la que dos particulares intercambien armas puede ser en teoría consumo colaborativo. O un tipo de producción que mime el medio ambiente desde la fabricación hasta el desecho puede no tener en cuenta si quien lo produce es un niño. Se trata de combinar valores”, insiste el director de Global Hub.
Una de las discusiones en el Oui Share Fest de Barcelona. FOTO: STEFANO BORGHI/OUISHARE FEST 2015
La cuestión es, más allá de la compensación de costes, el papel que ocupan los beneficios. En este sentido, la plataforma de crowdfunding Kickstarter ha cambiado sus estatutos para definirse no como una organización con ánimo de lucro, sino de interés público, para reivindicar la parte de apoyo a la creatividad de la gente. como prioridad en su misión. Nick Grossman, de Union Square Ventures, que ha invertido dinero en 80 empresas, lo explica así: “Su misión es ayudar a materializarse proyectos creativos. Las operaciones de Kickstarter reflejarán estos valores. Y sí, buscamos dinero, pero no de forma agresiva, es un objetivo que viene después”.
MyTwinPlace intenta tirar por este camino de en medio. “Es cierto que existe confusión entre economía social y colaborativa”, confiesa su fundador, Jean-Noel Saunier. La iniciativa nació para que, gracias a la plataforma común, los usuarios pudieran viajar más. Si incorporas tu casa a My-TwinPlace, ganas puntos para viajar. “Pero si no alojas a otro, no viajas. Quien aloja no recibe dinero, así que no hay problema de subalquiler. Es como invitar a alguien a dormir a tu casa”, añade. El viajero paga 10 euros por noche. MyTwinPlace, que emplea a ocho personas, suma 40.000 usuarios en 130 países. ¿Usuarios propietarios? Saunier no se lleva las manos a la cabeza.
