Primer paso hacia la equidad
La subida del SMI afecta sólo a un porcentaje pequeño de trabajadores, pero puede ayudar a mejorar los demás salarios y a repartir los beneficios de la recuperación.
ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
El año 2017 concluyó con un raro acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, cuyas relaciones no han sido precisamente armoniosas desde la aprobación de la reforma laboral, en 2012. El pacto establece que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba hasta los 850 euros mensuales en el año 2020 si se cumplen dos condiciones: que la economía crezca a un ritmo anual superior al 2,5% y que de aquí a esa fecha se creen al menos 450.000 empleos en cada ejercicio. Sumado a la subida del 8% aprobada por el Ejecutivo en 2017 —el mayor ascenso desde el año 1986—, el avance acumulado del SMI en apenas cuatro años se acercaría al 30%.
Aunque hay quien pone en duda la relevancia del salario mínimo por el escaso número de trabajadores que lo percibe, el consenso en torno a su incremento es —con mayor o menor grado de entusiasmo— prácticamente unánime entre políticos, economistas y académicos. Parece haber llegado, por fin, el momento de que los ciudadanos que menos ganan recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis y comiencen a disfrutar de la recuperación económica, como hacen desde hace tiempo las rentas más altas. Sólo un sector de economistas liberales considera contraproducente la subida (algunos critican incluso la sola existencia del SMI) por aumentar los costes laborales y dificultar el acceso al empleo de los trabajadores más jóvenes y menos cualificados.
El SMI es una buena vara de medir el trato que una sociedad otorga a sus ciudadanos más desfavorecidos y su grado de compromiso con la reducción de las desigualdades, y España sigue estando en el furgón de cola del tren europeo (véase la pág. 44). Según datos del Gobierno, la subida del salario mínimo en 2018 afectará a 534.000 trabajadores, el 3,5% de los afiliados a la Seguridad Social. Es una vieja reivindicación sindical que el SMI alcance el 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea. Si el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales se cumple, será posible alcanzar ese objetivo al concluir la década.
Sólo cobra el SMI el 3,5% de los afiliados a la Seguridad Social
La mayoría trabaja en la hostelería, el servicio doméstico y el comercio
Las subidas pactadas son las siguientes: el 4% este año, hasta los 736 euros mensuales en 14 pagas (equivalentes a 10.304 euros anuales), y el 5% en 2019 (773 euros mensuales o 10.819 anuales). El mayor incremento, del 10%, tendría lugar en el año 2020, cuando se alcanzarían los 850 euros (11.901 anuales).
El salario mínimo subió por debajo de la inflación durante buena parte de la crisis, pero la tendencia comenzó a cambiar en 2016 (véase el gráfico), lo cual permitió a quienes lo perciben empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los peores años. La subida del salario mínimo era, por lo tanto, una deuda con un colectivo que se encuentra entre los grandes perdedores de la Gran Recesión. Los incrementos permitirán también a los perceptores del SMI acercarse al salario medio del trabajador español. La retribución mínima subió un 3,9% acumulado entre 2009 y 2015, mientras que la retribución media avanzó un 5,6%, una muestra de que el SMI se quedó rezagado frente al resto de los salarios.
SALTO CUALITATIVO
Los sindicatos defienden el acuerdo como un primer paso para mejorar los salarios de todos los trabajadores en el ámbito de la negociación colectiva. Mercedes González, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, que participó en la negociación del pacto con el Gobierno, sostiene que el SMI estaba “en niveles absolutamente inasumibles”. En su opinión, la subida supone “un salto cualitativo muy importante” que va a servir como acicate en la negociación salarial con la patronal, que ahora comienza. “Es un mensaje claro de reactivación económica, de subida de salarios y de mejora de las rentas”, afirma la dirigente sindical. “La mejoría macroeconómica experimentada por el país se tiene que reflejar en los salarios y en un reparto más justo de la riqueza”.
Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, cree que el acuerdo es especialmente positivo para los trabajadores de la llamada “nueva economía”, cuyos salarios están muy cerca del SMI. Recuerda Pino que muchas empresas del sector, como las plataformas digitales y de multiservicios, carecen de convenio o tienen uno propio alejado del convenio sectorial. Ello es posible, según el dirigente ugetista, porque así lo permite la reforma laboral del PP, que da prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales. “En estos sectores la indefensión es total”, sostiene.
Quienes critican la subida del SMI argumentan que el aumento de los costes laborales puede llevar a algunos empresarios a no contratar, a hacerlo en negro o de manera temporal. La subida del SMI, subrayan, supone un incremento en las cotizaciones sociales que paga la empresa por sus trabajadores e impacta negativamente en la productividad y en la capacidad de competir de las compañías españolas.
El SMI subió menos que la inflación durante casi toda la crisis
Los sindicatos esperan avances en la negociación colectiva
Para evitar precisamente una subida excesiva de los costes laborales que desincentive la contratación, el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales estipula que en aquellos convenios en los que se usa el SMI como referencia para pactar las subidas salariales no se aplicará el nuevo salario mínimo, sino el vigente en el año 2016 (655 euros) más un 2%, en línea con el objetivo de inflación que marca el Banco Central Europeo (BCE). Eso significa que en aquellos convenios que fijen la subida salarial en 1,5, 1,75 o 2 veces el SMI se tomarán como referencia los 655 euros de 2016, no los 736 euros de 2018. La llamada cláusula de no contagio, que ya acompañaba a la subida del 8% del año pasado, fue utilizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura, cuando aprobó un sustancial incremento del salario mínimo.
Inmaculada Cebrián, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá, califica de esperanzador el hecho de que se vuelva a considerar el SMI como un elemento importante en los procesos de negociación y que los agentes sociales hayan sido capaces de llegar a un acuerdo: “Podría ser la señal de que es posible retomar el buen camino del dialogo social”, señala. En la misma línea, el economista Juan Francisco Jimeno escribió en el blog Nada es Gratis que el acuerdo genera expectativas de que también se produzcan avances en otras reformas necesarias, como la legislación laboral y las pensiones.
Los críticos creen que subir el SMI desincentiva la contratación
Está por ver si se cumplen las condiciones del acuerdo
La OCDE y el FMI vaticinan una desaceleración
La mejoría de las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos no puede desligarse del actual contexto político. El Ejecutivo está muy necesitado de buenas noticias tras el derrumbe de la intención de voto al Partido Popular en las encuestas y la prolongación de la crisis catalana. Los sindicatos, por su parte, ansían recobrar la relevancia perdida durante la crisis y demostrar que son capaces de conseguir mejoras en el nivel de vida de los trabajadores.
Con vistas a la negociación salarial para este año, UGT y CC OO se han marcado como objetivo una subida media del 3% y que ningún salario sometido a convenio baje de los 1.000 euros mensuales. “Vamos a apretar al máximo”, afirma Mercedes González. Teniendo en cuenta una previsión de inflación del 1,5%, se trata de que los trabajadores sigan recuperando el poder adquisitivo perdido. Gonzalo Pino apunta que las centrales sindicales van a seguir trabajando para derogar la reforma laboral, a la que culpa en buena parte de la desigualdad, la pobreza y la precariedad crecientes.
MEDIO SIGLO DE VIDA
El salario mínimo interprofesional se creó en 1963, cuando se fijó en 60 pesetas (0,36 euros) al día y 1.800 pesetas (11 euros) al mes para aquellos trabajadores mayores de dieciocho años. Desde 1967 se ha actualizado anualmente, con excepción del período entre 1976 y 1979, cuando subió dos veces cada año para acompasarlo a la fuerte subida de la inflación.
La mayoría de quienes hoy lo perciben trabajan en los sectores de la hostelería, el comercio y el servicio doméstico. Según datos del Ministerio de Empleo, las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes son los colectivos que más posibilidades tienen de cobrar el salario mínimo. Un joven de veinte años, por ejemplo, tiene una probabilidad de cobrar el SMI 10 veces mayor que una persona de entre cincuenta y cincuenta y nueve años. Los trabajadores temporales y a tiempo parcial también perciben el salario mínimo con más frecuencia que los trabajadores con contrato fijo y a tiempo completo. Quienes tienen menor nivel formativo y poca cualificación están también entre ellos, así como los que tienen menos de un año de antigüedad en la empresa o quienes trabajan en empresas de menos de 50 empleados. Los trabajadores no cubiertos por un convenio tienen tres veces más probabilidades de cobrar el SMI.
Inmaculada Cebrián piensa que la mejora del SMI ayudará a combatir la desigualdad y la pobreza, problemas que se han visto agravados por los efectos devastadores de la crisis sobre el empleo y en especial por “una devaluación salarial sin precedentes en nuestra economía”. Cebrián recuerda que una parte importante de la pobreza y la desigualdad no viene de la mano de la cuantía salarial en sí misma, sino del tipo de empleo que se crea en la economía. “Por mucho que subamos el SMI, si aumenta el peso del trabajo a tiempo parcial y seguimos teniendo muchos empleos de carácter temporal que sólo permiten que algunas personas logren trabajar unos pocos días al año, el valor de los ingresos por hora podría aumentar, pero no así los anuales, de modo que la mejora puede no servir para mucho”. Según la última encuesta de población activa (EPA), 2,7 millones de españoles trabajan con un contrato a tiempo parcial. Más de la mitad de ellos (1,58 millones) lo hacen porque no han encontrado trabajo a tiempo completo.
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| ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR |
Juan Francisco Jimeno está de acuerdo en que la subida del SMI no va a ser de gran ayuda en la reducción de la desigualdad o de la pobreza, puesto que quienes menos ingresan no lo hacen por tener un salario bajo, sino por trabajar a tiempo parcial. Quienes perciben el salario mínimo, sobre todo los jóvenes, suelen aportar una segunda o tercera renta a su hogar, lo que significa que no todos los que cobran el SMI viven en familias con dificultades económicas. Las familias pobres, agrega el economista, lo suelen ser porque ninguno de sus miembros trabaja y viven exclusivamente de las prestaciones sociales.
Una vez puesta en marcha la subida del SMI, queda por saber si se cumplen o no las condiciones macroeconómicas que la acompañan: que el producto interior bruto crezca al menos un 2,5 % y que se creen un mínimo de 450.000 empleos cada año. En palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se trata de “límites prudentes”. Los sindicatos consideran realistas las condiciones, pero algunos expertos y organizaciones internacionales no lo tienen tan claro. Sin ir más lejos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha empeorado una décima las expectativas de crecimiento para España en 2018 hasta el 2,3%, haciendo mención al obstáculo que la crisis catalana supone para la demanda interna y la creación de empleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha rebajado en una décima su previsión, hasta el 2,4%, por el efecto de la “la incertidumbre política en la confianza y la demanda”.
