Prioridad política

  • Por (Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y directora del Observatorio GEP&Do (www.genderobservatory.com) )
    Mayo 2016

    La atención a la primera infancia tiene que dejar de verse como un asunto exclusivamente privado

    Dentro de las tipologías de Estados de bienestar, el modelo español siempre se ubica en el tipo familista, caracterizado por poco gasto público familiar, escaso desarrollo de servicios públicos de atención al cuidado y en la actualidad con bajas tasas de fecundidad y actividad femenina. Este modelo no sólo da lugar a fuertes asimetrías de género, sino que genera fuertes desigualdades de rentas frente a la posibilidad de externalizar el cuidado a terceros.

    En España, el gasto público en “familia y niños” está a la cola de la UE, con el 1,4% del PIB (2014), superado por todos menos Grecia. Esto demuestra falta de corresponsabilidad de la sociedad y los poderes públicos con los cuidados, además de ceguera ante retos clave. Aumentar la tasa de fecundidad más allá del actual 1,3 hijos/as por mujer en edad fértil o la tasa de actividad femenina deberían ser prioridades políticas en un país cuya pirámide poblacional está en un proceso acelerado de envejecimiento que dispara la tasa de dependencia de la población, sobre todo la mayor de sesenta y cinco   años. Y más si tenemos en cuenta que desde hace dos décadas el número de mujeres tituladas universitarias supera al de los hombres, pero siguen incorporadas en menor medida al mercado de trabajo y en puestos más precarios y peor remunerados.

    Pero equipararnos en porcentaje de gasto público social con la media europea no sería suficiente. No sólo hay que aumentarlo, sino dirigirlo de forma que el modelo de organización social del cuidado no siga basándose en el trabajo no remunerado de las mujeres en el ámbito doméstico. Los datos sobre usos del tiempo nos muestran una infrautilización del capital humano de las mujeres en el mercado de trabajo, pero sobre todo un desperdicio del potencial cuidador de los hombres.

    Hay que avanzar en un modelo de organización social del cuidado que garantice una atención a la infancia y su bienestar, pero no a costa del objetivo de justicia social de igualdad de género. El desarrollo de servicios públicos de escuelas infantiles de calidad debe ser un pilar central de la estrategia, ya que supone un mecanismo privilegiado de equidad, tanto desde el punto de vista de género como del de otras variables de segmentación social como la clase social, la etnia o el territorio.
    La solución no pasa por aumentar las horas de apertura de las guarderías de manera que puedan adaptarse a los horarios de los progenitores, a pesar de que esta medida tiene especial importancia  para las personas que tienen una vinculación más precaria con el mercado de trabajo, con horarios más inesperados o penosos y que no tienen disponibilidad de externalizar en terceros con garantías. El espacio principal de cuidado debe seguir siendo la familia, las criaturas tienen derecho a ser criadas por sus progenitores y los progenitores a cuidar a sus criaturas.


    PERMISOS POR NACIMIENTO

    Por ello, también es necesario complementar los servicios públicos con un sistema de permisos por nacimiento o adopción que sea igual para madres y padres, remunerado al 100% y no transferible. Es la única forma de que la responsabilidad y el disfrute del cuidado recaigan de manera igualitaria en ambos progenitores, que sean hombres y mujeres quienes lleven la mochila del cuidado al mercado de trabajo y, por tanto, que la maternidad o la potencial maternidad deje de condicionar el desarrollo laboral de todas las mujeres y también de los hombres al estar éstos socialmente liberados de ese cuidado. 
    Finalmente, este avance en la corresponsabilidad sólo será posible si intervenimos también en los mercados de trabajo de forma que no vivamos para trabajar, sino que trabajemos para vivir. La tendencia a la precarización, donde el empleo es compatible con la exclusión social, y la creciente flexibilización a demanda del empleador con jornadas interminables, no favorecen la conciliación ni la posibilidad de corresponsabilizarse.

    Por tanto, hay que desarrollar incentivos para garantizar avances en corresponsabilidad, como pueden ser la fiscalidad individual, desgravaciones por permisos de cuidado para los hombres, y medidas educativas que comiencen desde la primera infancia y continúen a lo largo de la vida, incluyendo una regulación más proclive a los objetivos de igualdad en la programación de ocio o la publicidad. En definitiva, el cuidado debe dejar de verse como un asunto exclusivamente privado y afrontarse como un tema político de primer orden.

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