Transición ecológica // Corremos hacia la energía limpia... pero no tanto
La respuesta al conflicto de Ucrania pone a prueba los compromisos con la lucha por salvar el planeta.
Aveces, el dinero da pistas sobre la dirección del viento. Las proclamas políticas apuntan a que la guerra de Ucrania impulsará el giro hacia las energías limpias, visto el precio de la dependencia energética; en este caso, de la Rusia de Vladimir Putin. Pero entre el dicho y el hecho, Larry D. Fink, primer ejecutivo de la gestora gigante de activos BlackRock, resume el trecho: "A más largo plazo creo que los acontecimientos recientes acelerarán el cambio hacia fuentes de energía más ecológicas en muchas partes del mundo", escribe en su última carta a los accionistas, con fecha de 24 de marzo. Otra cosa es el mientras tanto. Fink advierte: "En Estados Unidos, gran parte de la atención se centra en aumentar el suministro de petróleo y gas, y en Europa y Asia, el consumo de carbón puede aumentar el próximo año. Ello ralentizará inevitablemente en el corto plazo el progreso del mundo hacia el cero neto", hacia el momento en que ya no se agreguen a la atmósfera nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento de la Tierra.
La urgencia de dejar de depender del suministro de gas, carbón y petróleo rusos —como represalia contra Putin y para dejar de financiar paradójicamente la guerra en Ucrania— y la escalada de precios energéticos están llevando a los gobiernos de Occidente a dar pasos contradictorios en la lucha contra la emergencia climática. Su compromiso con ella está a prueba.
"El problema es que sufrimos una doble dependencia: una, de algunos proveedores. Pero también de los propios combustibles fósiles. Y no vale con querer romper solo la primera", subraya Alfons Pérez, investigador experto en energía y activista del Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG).La primera se gestiona a corto plazo. La segunda tiende a verse a largo plazo.
Luz roja de la ciencia
Pero el dilema se presenta con un agravante: la emergencia climática no es una amenaza lejana que pueda desatenderse un tiempo. Sus efectos ya se dejan sentir, y 287 científicos y científicas de todo el mundo aseguran que la única vía para evitar daños irreversibles sobre el planeta —que la temperatura global no supere los 1,5 grados con relación a la de 1850— es desengancharse de forma drástica e inmediata de los combustibles fósiles: en menos de tres décadas, el consumo de carbón deberá haberse reducido en el 95%; el de petróleo, en el 60%, y el de gas, en el 45% sobre los niveles de 2019.
El último informe del panel de personas expertas de Naciones Unidas sobre el cambio climático (IPCC) encendió en abril otra luz roja: lo que suceda mañana depende de lo que se haga hoy, de modo que, como muy tarde, las emisiones mundiales tienen que alcanzar un pico máximo en 2025. Solo quedan tres años. Y luego deben menguar hasta el 45%, ya en 2030. Hoy, el calentamiento alcanza de media los 1,1 grados, y la ciencia lo atribuye sin fisuras a la acción humana. Al ritmo actual nos dirigimos a un incremento de 3,2 grados a finales de siglo.
Pero, aunque el plan REPowerEU, lanzado por Bruselas, impulse las energías renovables y plantee recortar en el 30% el consumo de gas, el objetivo estrella es reducir la dependencia del gas ruso en dos tercios a finales de este año, y en el 100% en 2027. Entre sus puntos fuertes destacan la diversificación de aprovisionamiento, el aumento de importaciones de gas natural licuado (GNL) —que se transporta en barcos desde otros países proveedores como Estados Unidos, Qatar, Egipto y Trinidad y Tobago— y de gas natural vía gasoductos no rusos (como Azerbaiyán, Argelia y Noruega).
Occidente busca alternativas al gas, carbón y crudo de Putin más que al gas, carbón y crudo
"Este discurso es clavado a lo que decía ya su Estrategia de Seguridad Energética de 2014: más diversificación, más proveedores, menos dependencia de Rusia... Al fin y al cabo, cuando se diseñó dicha estrategia ya se habían producido los cortes de suministro a Ucrania en 2006 y 2009. Se han destinado miles de millones a infraestructuras energéticas de diversificación, pero la dependencia de Rusia ha aumentado. Ahora se quiere hacer en nueve meses lo que no se ha hecho en ocho años", señala Pérez.
Eso sí, hay más rutas, redes y tubos. Los primeros gasoductos desde Rusia se iniciaron en 1967 y 1988, vía Ucrania. Los siguientes, vía Bielorrusia y Polonia. Después, a través del Mar Negro. Y cruzando el Báltico. A medida que la producción europea de gas iba bajando, la dependencia del gas ruso aumentaba. En 2010, suponía el 34% de las importaciones de gas de la UE. En 2019, alcanzó el 45%, cifra que llegó al 48% tras el Brexit. "La actual crisis del gas demuestra que con la construcción de infraestructuras gasistas en el continente, la dependencia de la UE del gas ruso no se ha reducido. Al mismo tiempo, la sobreinversión en redes de gas ha propiciado la sobredependencia del propio gas, y ha lentificado la inversión en energías alternativas", señalan Ana María Jaller-Makarewiz y Clark Williams-Derry, del Instituto Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) en su trabajo EU Gas: Diversity of Supply or Diverstiy for Routes?
Incongruencias
Pero, además, en la estrategia de diversificación afloran incongruencias. Del mismo modo que la Administración de Biden no tuvo reparo en descongelar relaciones con regímenes que consideraba enemigos —como los de Venezuela e Irán— en nombre de la seguridad energética, la UE ha bendecido nuevos proveedores como el régimen de Azerbayán, que llevan gas desde el Mar Caspio hasta Italia vía el Southern Gas Corridor.
2025: En tres años, como muy tarde, deben tocar máximos y empezar a disminuir las emisiones de efecto invernadero. Lo dice la ONU.
Otra paradoja es el hecho de que, mientras insistía en la diversificación respecto de Rusia, Europa, España incluida, haya figurado entre los destinatarios principales del gas licuado de la planta rusa de Yamal, en Siberia, en la que participa capital chino, pero también europeo (la petrolera francesa Total).
La situación más llamativa es la de Alemania, que hoy se apresura a construir al menos dos plantas regasificadoras en busca de independencia del proveedor por el que llevaba años apostando, Rusia, hasta el punto de que se opone al embargo de gas y petróleo de Putin —sí aceptó prescindir del del carbón, ya aprobado por la Unión—. El abrazo del oso ruso fue tal que estaba a punto de inauguración el gasoducto Nord Stream 2.
Mientras, EE UU saca ventaja del aumento de sus exportaciones a Europa de petróleo y gas —ha pactado con ella un incremento de casi el 70% de las ventas— procedentes de tecnologías no convencionales como el fracking, prohibido en España por su impacto ambiental. Bruselas ha recomendado, sin llegar a prohibir, las extracciones de gas de esquisto mediante fractura hidráulica. Pero nadie parece tener problema en consumirlo.
En paralelo, "cada día, las petroleras acumulan ingresos extra por valor de 94 millones de euros por la venta de diésel, y 13 millones por la venta de gasolina", según el informe del instituto EnergyComment Petroleras: las grandes beneficiadas de la guerra, encargado por Greenpeace. Alemania va en cabeza, con 38,2 millones, seguida de Francia e Italia. En España, las petroleras ingresan 7,6 millones de euros adicionales al día, según el citado informe, y la ayuda de 20 céntimos por litro aplicada por el Gobierno a los carburantes acaba en las arcas de las empresas. La organización ecologista pide nuevos impuestos sobre los beneficios de las compañías y que el dinero vaya a los hogares más desfavorecidos.
La escalada imposible de precios energéticos y la presión de los transportistas y otros colectivos afectados ha hecho que, en poco tiempo, España haya pasado, como otros países (recuérdese Francia y sus chalecos amarillos), de intentar revisar al alza la fiscalidad de los carburantes, especialmente del diésel, a subvencionarlo de forma temporal. La equiparación del gravamen del gasóleo respecto de la gasolina lleva años ahí, pero no sale adelante. Se llegó a incluir en los presupuestos de hace dos años. Y cayó. Figura en el plan de recuperación pospandemia enviado a Bruselas. Y llegó la guerra. El Libro Blanco de la Reforma Tributaria encargado por el Ejecutivo acababa de proponer medidas de fiscalidad verde con las que se podría recaudar entre 5.941 millones y 15.023 millones de euros.
"La ayuda al diésel y la gasolina es para todo el mundo, no solo para los sectores más afectados. Es regresiva. Justo cuando estábamos encaminados a una fiscalidad activa, a modificar al alza los impuestos sobre hidrocarburos y a destinar el dinero a incentivar la electrificación del transporte, la implantación de las bombas de calor o a mayor cobertura del bono social... Entendemos que es una práctica muy excepcional, pero estamos pagando ayudas que subvencionan el cambio climático, y no puede ser", lamenta Ismael Morales desde la Fundación Renovables.
Algunos gobiernos, como el de Nueva Zelanda, han lanzado una señal interesante a la ciudadanía: a la par que ha reducido temporalmente los impuestos sobre los carburantes ante unos precios por las nubes, ha recortado a la mitad el precio del transporte público.
Ayudas fósiles
Según el panel científico de la ONU, acabar con las ayudas públicas a los fósiles, caso de las subvenciones a la gasolina y el gasóleo, contribuiría a recortar en un 10% las emisiones tóxicas mundiales de cara a 2030.
Las ayudas que reciben los combustibles fósiles persisten, estables. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, en la UE rondan los 55.000 millones de euros cada año. Su estudio Fiscalidad de la energía, tarificación de las emisiones de carbono y subvenciones a la energía 2022, apunta a que 15 países —encabezados por Finlandia, Irlanda, Chipre, Bélgica y Francia, por este orden, y entre los que no figura España— subvencionan en mayor proporción el carbón, el petróleo a través de transferencias directas a financiación de la I+D, las ayudas en los precios e incentivos fiscales.
107: son los millones extra que las petroleras ingresan cada día por vender diésel y gasolina desde que empezó la guerra, según los cálculos de EnergyComment, para Greenpeace. De estos, 7,6 millones corresponden a España.
"Lo urgente no debe desplazar a lo importante", señalaba recientemente en un acto público la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sin embargo, la nueva urgencia por no depender de Rusia ha modulado su rechazo frontal a un megaproyecto abandonado hace unos años: construir un nuevo tubo que interconecte España y Francia —y de ahí, Europa— a través de Cataluña. Tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como su equivalente gala consideraron el proyecto demasiado caro y carente de interés comercial. El sector nuclear francés se le había puesto en contra, y el gas chocaba con la política de transición ecológica del Gobierno de Sánchez.
Ahora, Ribera no se ha mostrado tan cerrada al MidCat —tampoco el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mientras que la patronal Foment del Treball lo reivindica—, siempre que lo pague la UE como proyecto de interés común, que Francia esté por la labor de conectarse y que por el tubo no solo pase gas natural sino gases considerados verdes e hidrógeno. Este último es una de las grandes apuestas del Ejecutivo para la descarbonización,pensando sobre todo en el transporte, y está sirviendo a la reconversión parcial del negocio de petroleras como Repsol.
Impacto ambiental
No obstante, el MidCat, que costaría más de 400 millones, no resolvería las necesidades energéticas de Alemania en breve. Al menos tardaría tres años en construirse y el hidrógeno generado a partir de fuentes renovables, que requiere mucha energía para el proceso de electrólisis, difícilmente alcanzará su madurez antes de 2030. Transport & Environment (T&E), además, lo ve poco eficiente. Por otra parte, el impacto ambiental de la infraestructura ha reactivado el rechazo de parte del territorio. Y está por ver hasta qué punto Argelia tiene capacidad para exportar más.
Mucho depende del futuro del gas. Bruselas considera sostenibles las inversiones en ciertas plantas de gas, así como las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045. Las considera "un medio de transición" a una economía descarbonizada.Esta decisión es trascendente: el sello verde atrae (o no) el capital privado a determinados proyectos.
La energía divide Europa en dos bloques: el primero, pronuclear y liderado por Francia, que ha anunciado inversiones por más de 30.000 millones en nuevas centrales atómicas; el segundo, prorrenovables, encabezado por Alemania, que ha avanzado a 2035 su plazo para cubrir toda la demanda de electricidad con energía limpia. Con este bloque se alinea España .
A este bloque le chirría hablar de sostenibilidad mientras se aumenta el gran lago de residuos nucleares para que las generaciones futuras se apañen. Según la Sociedad Nuclear Española, los residuos, que se almacenan "de forma segura", siguen siendo radioactivos "durante varios miles de años".
El nuevo escenario geopolítico no ha cambiado los planes del Gobierno de cerrar todos los reactores entre 2027 y 2035, un desmantelamiento que costará 26.000 millones. La gestión de los residuos más peligrosos y duraderos no está resuelta. Se debate entre un almacén centralizado o uno por reactor, que añadiría 2.100 millones de coste.
El resurgir nuclear no vale, en todo caso, para el largo plazo. El divulgador y científico Antonio Turiel viene insistiendo en que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a partir de 2025 puede haber problemas con el uranio, la fuente no renovable "con un peor comportamiento" y mayores caídas en la inversión.
Precio de las baterías
¿Entonces? Ismael Morales apunta que el gas será necesario hasta la mitad de esta década. "Todas las previsiones marcan una caída del coste de las baterías hacia 2025". Si las empresas invierten en baterías capaces de gestionar la demanda de electricidad, que es lo que ahora hacen las centrales de ciclo combinado, "pueden sustituir el gas", dice.
1,3%: Es el porcentaje del PIB de la UE al que equivalen los 170.000 millones necesarios, durante seis años, para dejar de comprar gas ruso.
La AIE pide la colaboración ciudadana para consumir menos petróleo: circular a menor velocidad o teletrabajar más. Para el Observatorio de Deuda y Globalización tocaría también escrutar el consumo de la industria más energívora, valorar qué parte puede ser superflua en un contexto de guerra energética y, si cabe, pararla y ayudar a las personas trabajadoras afectadas.
Por ahora, la UE ha prescindido del carbón ruso. Y la división entre los Veintisiete ha derivado en la vía libre a cada gobierno para que decida sobre el petróleo y el gas. Acabar con las importaciones de gas de Rusia requeriría una inversión anual en seis años de 170.000 millones de euros (el 1,3% del PIB de la UE), que se podrían destinar a infraestructuras generadoras de energías limpias, según las estimaciones de los economistas de Allianz Research en su trabajo Can Europe do without Russian gas? Este análisis augura que la volatilidad de precios de los combustibles fósiles se mantendrá elevada, así que "las renovables son, con diferencia, la opción más barata para suministrar energía y para que la UE avance en la soberanía energética”.
En este sentido, el Financial Times ha llamado a los líderes actuales a "actuar donde han fracasado de forma repetida en el pasado", en pro de "un giro hacia la energía limpia como prioridad de seguridad". Otra señal del dinero.
