Y el alumnado paga más

Bolonia: Las universidades públicas españolas han afrontado la reforma de Bolonia con menos financiación pública y mayor competencia de los centros privados, sobre todo en los másteres.

ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR

La precarización de la universidad ha coincidido en el tiempo con los primeros años de la aplicación del llamado Plan Bolonia. 

La creación de un Espacio Europeo de Enseñanza (EEE), que ha supuesto la homogeneización de los criterios educativos en los distintos países de la UE, ha cambiado radicalmente el paisaje de la oferta educativa española. Uno de los argumentos clave esgrimidos por los amplios sectores estudiantiles y académicos que intentaron combatir la reforma cuando se gestaba su implantación en 2008 y 2009 era la supuesta vía que se abría a la mercantilización del conocimiento—por una mayor  orientación de los estudios a la demanda del mercado— y a la propia privatización encubierta de la universidad. ¿Qué ha ocurrido una década más tarde? 

“El efecto crisis produjo una subida media de precios públicos [que pagan los estudiantes] del 42,3%, lo que ha supuesto un aumento de recaudación por este concepto, pero que no ha compensado para nada la bajada que se ha producido en la aportación pública de las comunidades autónomas a las universidades, del 11,32%, puesto que la financiación de las autonomías es el grueso de los ingresos de las universidades públicas”, explica José Antonio Pérez, de la Universidad Politécnica de Valencia y autor de La Universidad Española en cifras, editado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). El Estado también financia una parte, destinada a la investigación, que a su vez, desde 2010, explica  Pérez, ha descendido un 24%.

Conclusión: la parte de la tarta de ingresos correspondiente a los presupuestos sufragados por los contribuyentes ha menguado.¿En qué medida? Depende de los casos. La horquilla de financiación pública oscila entre el 60% y el 85%. El País Vasco presenta el porcentaje de financiación pública más elevado sobre el total de ingresos, con un 84,9%. Cataluña se sitúa en el otro extremo, con un 60,2%, y la siguen la Comunidad de Madrid (65%) y Aragón (68,6%), según el informe ¿Quién financia la Universidad?, de la matemática Vera Sacristán, publicado en diciembre de 2017 por el Observatorio del Sistema Universitario y que ha hecho suyo la Conferencia de Consejos Sociales. Los rectores han alertado de que la igualdad de oportunidades educativas en España está del todo desdibujada según donde se resida. 

CATALUÑA Y GALICIA, EN LOS EXTREMOS

“Ha habido una coincidencia entre el incremento de precios y Bolonia, pero la razón no es Bolonia. El problema nace con el Real Decreto-Ley 114/2012, que abrió la puerta a que las comunidades autónomas racionalizaran los costes en materia educativa”, enfatiza Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicación y Promoción de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Los precios públicos en España figuran entre los más altos de la UE

Las diferencias de precios son enormes entre comunidades

Cuando se aprobó esta norma, las diferencias entre autonomías en materia de financiación de universidades ya eran muy diferentes, pero se han agrandado. Entre 2009 y 2015, la Comunidad de Madrid pasó de séptima comunidad con  mayor financiación pública por estudiante a convertirse en la última, la número 17 (con 4.730 euros de media), mientras que Cataluña, con 5.051 euros, pasó del quinto puesto al número 15. En el curso 2016-2017, las dos comunidades con precios más elevados, Cataluña y Madrid, registraron descensos en los precios de grado, y lo mismo hicieron Castilla-La Mancha y también Madrid en el caso de los másteres habilitantes para ejercer. Aun así, no ha habido autonomía que entre 2008-2009 y 2016-2017 no haya incrementado sus precios públicos para la enseñanza superior: la que menos, Galicia. Comunidad Valenciana y Cataluña lo han hecho un 94%, en el caso de los precios públicos de grado, según el citado informe elaborado por Pérez para CRUE. El precio medio de un crédito de un grado es de 33,52 euros en Cataluña, de 24,6 en Madrid, frente a los 11,89 en Galicia y 12,6 en Andalucía.

UNIVERSIDAD GRATUITA

España se ha convertido en uno de los países europeos con los niveles de precios públicos universitarios más altos de la Unión Europea, superada únicamente por Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia. En España, el 71% de todos los estudiantes de educación superior pagan matrícula, y la  cuantía más común para un primer ciclo (grado) asciende a 1.213 euros, mientras que en el segundo ciclo la cifra media asciende a 1.894 euros, de acuerdo con la última edición del National Student Fee and Support Systems in European Higuer Education, correspondiente al curso 2017-2018. El 30% de todos los estudiantes a tiempo completo recibe alguna ayuda, la más frecuente de 2.166 euros.  En Francia, la proporción de estudiantes que pagan es del 60,8%, pero hablamos de 184 euros en el primer ciclo y de 256 en el segundo. En Alemania, los estudiantes, tanto de primero como de segundo ciclos solo pagan tasas administrativas simbólicas en algunos länder (y ahora se han echado atrás). En Suecia y Finlanda, no se paga nada. En Austria, paga un 12% del alumado. Son algunos ejemplos.

“Formalmente, la bajada de financiación pública no tiene que ver con Bolonia. Otra cosa es que se aprovechara Bolonia para hacer otras cosas. Los presupuestos siempre reflejan las prioridades políticas. Galicia y Andalucía apenas subieron precios”, explica Sacristán. 

La sustitución de las viejas licenciaturas por los grados, con la oportunidad de una especialización mediante un máster que en algunas carreras técnicas con máster de especialización obligado para tener las atribuciones para ejercer ha desatado una competencia importante entre universidades. La demanda de grados se incrementó un 26,2% entre 2008 y 2015-16, y la de másteres aumentó el 141,9%. “Es verdad que el Plan Bolonia se diseñó en un momento de bonanza económica, con mucha euforia, y se fue viendo que era insostenible”, explica la profesora de la Universidad de Girona Eulàlia Guiu, responsable de Universidades de UGT Catalunya. “Ha faltado un mapa global de titulaciones. Que todo el mundo haga de todo no es sostenible”, añade.

Las universidades privadas, paradójicamente si se tiene en cuenta su mayor coste, han ganado terreno: en una década, las privadas han pasado de contar con el 6% de estudiantes a captar el 12% (240.000 en total).  “Mientras, la demanda de las públicas se ha estabilizado”, apunta José Antonio Pérez. “Eso significa que hay una parte de estudiantes de familias con recursos y que no alcanza la nota de corte que van a las privadas que piensan que tal vez estas les darán mejores salidas profesionales, por la red de contactos”, añade.  Las privadas  captan sobre todo estudiantes de máster. “Es comprensible la competencia: la oferta ha aumentado muchísimo, y hay que repartir los estudiantes entre más”, apunta Margarita Labrador, vicerrectora de Economía de la Universidad de Zaragoza, para quien Bolonia en sí no ha incrementado los costes y quien subraya la tendencia a subir las tasas que se viene produciendo desde el curso 2016-2017. Después de la Politécnica de Madrid, Unizar es la segunda de España con más cátedras de empresa. “Es importante tener el feeling del sector privado”, opina Labrador. 

Pese al elevado coste de los másteres, Luzón reflexiona: “Son caros, pero Bolonia ha dado la oportundiad de acceder a cursar un máster de especialización que hace unos años no tenía más que una minoría que se podía marchar a estudiar al extranjero, era para muy ricos o para una minoría becada”.

Las becas son un tema sensible. Según La Universidad Española en cifras, la proporción de estudiantes con beca ha aumentado del 18,6% al 21,8% (en los cuatro años previos al curso 2016-2017), pero el nuevo régimen de becas universitarias que el anterior Gobierno puso en marcha supone el 13,6% menos de esfuerzo público expresado en el PIB y, en compensación per cápita, la dotación ha bajado hasta  el 23,5% hasta los 1.748 euros (excluida la compensación de precios públicos, ya que la cuantía asciende a 2.649 euros por cabeza). 

El actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha comprometido a “redefinir la política de costes de las matrículas” con la idea de recuperar la igualdad de oportunidades, lo que pasaría por eliminar  el mencionado real decreto ley, perspectiva aplaudida por la Conferencia de Rectores.