Alquilar la casa y ayudar al barrio
Alternativa: En el universo de los Uber y los Airbnb, se abren paso nuevas apuestas por la colaboración que beneficien a la comunidad.
Una asistente al OuiShareFest de noviembre aporta ideas a la comunidad. FOTO: ANDREA BOSCH
La plataforma Airbnb, que pone en contacto a usuarios que alojan a viajeros en una habitación de su casa o en uno de sus apartamentos turísticos, no nació pensando que se convertiría en una empresa que iba a atraer miles de millones de dólares de inversiones, ni se suponía que acabaría teniendo enfrente como rival al mismísimo lobby hotelero a escala global, ni que fuera a requerir intensas (y a veces tensas) negociaciones con las administraciones, especialmente las locales. Su éxito es innegable si se tienen en cuenta sus 3.000 millones de dólares de ingresos anuales en conjunto o los 11 millones de personas que se han alojado en viviendas anunciadas en Airbnb en España. “Estupendo, ¿y eso es justo para quién? El turismo genera externalidades negativas como la subida de los precios de la vivienda, la desigualdad social y el cierre de negocios locales. Las ciudades sufren su impacto”, dice Damiano Avellino. Este emprendedor es uno de los cofundadores de una plataforma parecida a Airbnb y a la vez radicalmente distinta: Fairbnb.
Fairbnb es un proyecto en marcha en distintos países del mundo que intenta movilizar a personas con espacio en casa, a usuarios dispuestos a ocuparlo y a vecinos para que decidan “junto a las autoridades municipales” cómo hacer más justo el proceso de los alquileres vacacionales de unos pocos días, de manera que “sea el conjunto de la comunidad el que salga ganando”. Fair significa ‘justo’ en inglés y, bajo forma de cooperativa, da pie a la iniciativa para presentarse como “alternativa a las plataformas comerciales, porque es posible mostrar otra manera de gestionar un negocio de este tipo”.
Un 10% de los ingresos de Fairbnb va a proyectos sociales
La gobernanza de las plataformas es uno de los temas en discusión
Loomio es un software que ayuda a decidir de forma colaborativa
Avellino explicó en detalle el proyecto —que por ahora ha embarcado a un cajón de sastre de activistas, programadores, investigadores, diseñadores y ciudadanos dispuestos a que lo colaborativo consista, de verdad, en compartir— en el último OuiShare Fest, celebrado en noviembre en Barcelona. La cita de referencia de la economía colaborativa en todas sus modalidades es un escaparate y a la vez puesta en común de ideas sobre el modo en que las nuevas tecnologías permiten nuevas formas de relación, producción, consumo y organización social, empresarial y política. Fairbnb es una de esas ideas movilizadoras que lentamente se arrastra de cita en cita buscando hacerse realidad. Cada una con su cebo.
EN FORMA DE COOPERATIVA
En el caso de Fairbnb, los dueños serán, según Avellino, los trabajadores y los usuarios. Pero no sólo. Si una estancia de cuatro noches, pongamos que a 50 euros la noche, le sale a 200 euros al viajero, la plataforma se queda con una comisión por transacción (entre el 5% y el 8%), con la que se financia. Pero un 10% adicional de los ingresos se propone que se destinen a financiar proyectos sociales del municipio donde esté ubicada la vivienda. En este sentido, la cooperativa está abierta a que se sumen como socios, flanqueando a trabajadores y usuarios, los distintos proyectos sociales que necesiten financiación.
“Se trata de construir una red de comunidades”, añade el cofundador de Fairbnb, impulsada desde Toronto, Venecia, Amsterdam, Nueva York, México DF, y que se quiere abrir paso en Barcelona. “Si tuviéramos un 5% del mercado, podríamos levantar 200 millones de euros al año en proyectos sociales”, augura Avellino.
Cada anfitrión puede subir a la plataforma un lugar donde alojarse, para evitar que los dueños de un nutrido patrimonio inmobiliario se sumen al barco. De hecho, esta ha sido una de las reivindicaciones que en varias ciudades se ha impuesto o acordado (según los casos) a Airbnb para que la experiencia del viajero se parezca más a la de compartir la cultura local.
QUIÉN DECIDE, CÓMO SE REPARTE
La gobernanza de las plataformas es una de las cuestiones que suscitan más debates, sobre todo en la medida en la que las plataformas digitales de servicios impactan sobre el mercado laboral. Alicia Trepat y Ana Manzanedo, ambas miembros de la organización OuiShare, han elaborado para el Institute for the Future la guía Diseñando plataformas positivas desde un modelo de gobernanza inclusivo. Persigue que el lanzamiento de este tipo de proyectos sean “positivos”.
La cooperativa SMart da cobijo a profesionales del mundo de la cultura
Coworker.org propone una versión digital de sindicalismo
En Lendi, los vecinos de cada barrio se prestan objetos que necesitan
OuiShare entiende que las plataformas son el mejor modo de organizar el trabajo de este siglo. Existe incluso una especie de kit para montar una plataforma (http://platformdesigntoolkit.com/). A juicio de Trepat, las plataformas en sí no son malas ni buenas, sino que depende de cómo se diseñen y se utilicen.
Uno de los parámetros que deben tenerse en cuenta en materia de gobernanza es, para empezar, quién puede decidir la participación en la toma de decisiones, que deberían incluir al máximo número de agentes afectados por la actividad (los famosos stakeholders, que van de los trabajadores a los clientes, pasando por el territorio o los proveedores), cómo se interactúa con los usuarios (de qué modo se resuelven las disputas), la propiedad de la plataforma (o la responsabilidad en el caso de las redes) y de qué manera se reparte el valor que genera la organización.
Algunas de las propuestas identificadas como ejemplos positivos por inclusivos son Loomio, una herramienta que ayuda a tomar decisiones colaborativas en grupo. O FairCoop, una cooperativa global abierta que busca construir un sistema económico alternativo basado en la cooperación, la solidaridad y “la redistribución norte-sur”. O Fairmondo, que a su vez plantea la venta de bienes y servicios de consumo responsable. Coopaname ofrece oportunidades de probar la creación de proyectos empresariales manteniendo derechos como empleados para personas en paro, muchas de las cuales son mujeres, en Francia. La cooperativa tiene una herramienta con vocación educativa para que los miembros de una organización entiendan hasta qué punto importa que todo el mundo tenga voz en las discusiones internas y que disponga, además, de información.
Otros ejemplos son Sensorica, primera red de producción entre pares (entre iguales) que utiliza soluciones de software y hardware de código abierto. O Coworker.org, una organización sin ánimo de lucro que a través de Internet pone en manos de los trabajadores el poder de negociar colectivamente, como alternativa de una organización sindical tradicional. Permite bien lanzar una campaña concreta o entrar a formar parte de una red en defensa de los propios derechos laborales.
“Hace falta un nuevo contrato social. Necesitamos encontrar o inventar un sistema que vincule esta nueva economía con la protección social. ¿Quién pagará el Estado de bienestar? Seguramente debemos repensar nuestra relación con el dinero y con el trabajo, sentarnos a repensar la sociedad porque según en qué manos la dejemos será A o será B”, reflexiona Pía Mazuela. Su propuesta es SMart, una plataforma que en Bélgica ya tiene una década de recorrido (este año se ha transformado en cooperativa) y en la que cree porque “llevo veinticinco años viviendo sin jefe y he aprendido que no existe nada peor que la autoexplotación”.
EL RETO MAYÚSCULO DE SMART
SMart reúne a profesionales del sector creativo y cultural en general. Es un campo de actividad que se presta especialmente a los trabajos esporádicos e intermitentes, sobre todo en los inicios, lo que no encaja bien con las declaraciones trimestrales de impuestos y el pago de las cuotas como persona trabajadora autónoma. “Sólo la comunidad puede parar el golpe y acceder a los beneficios sociales”, explica Pía Mazuela. No es una cooperativa de trabajo como las habituales, sino una cooperativa de impulso empresarial que establece el marco legal andaluz (Smart Iberia tiene su sede en Málaga).
Uno de los retos de las nuevas plataformas es generar crecimiento inclusivo. FOTOS: ANDREA BOSCH
Los socios usuarios forman parte de esta cooperativa sin ánimo de lucro, que ofrece servicios mutualizados a sus usuarios. Les permite estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por los días que realizan el trabajo, ofrece un seguro de responsabilidad civil, prevención de riesgos laborales, asesoramiento jurídico y laboral y, sobre todo, pagar los impuestos con relación al período activo real y la facturación realizada. SMart se lleva un 7,5% de los ingresos facturados a cambio de los servicios. Un 2% se destina a un fondo de garantía para los socios. La cooperativa adelanta el sueldo a los socios para que puedan pagar el alquiler si no han percibido los ingresos y permite cubrir sus facturas y evitar impagos.
El éxito de SMart se ha acabado convirtiendo en un quebradero de cabeza para el propio proyecto. El crecimiento ha sido tal que puede verse abocada a pedir un crédito para poder responder a los servicios que ofrece, por la cantidad de personas a las que adelanta el salario. No es la única dificultad con la que topa. “A la gente le va bien tener un paraguas laboral pero le cuesta hacer comunidad y funcionar de forma mutualizada como una cooperativa óptima”, explica Mazuela.
LENDI Y LOS BANCOS DE TIEMPO
A escala local, es impresionante la cantidad de aplicaciones que proliferan con la idea de crear comunidad bajo multitud de pretextos. El de Lendi es el préstamo de productos (un taladro, un molde de cocina específico, una tableta...). La idea es que los vecinos de la comunidad o del barrio se conozcan entre sí.
El invento no es muy distinto de un banco del tiempo al uso. Cada vecino dispone de su cuenta de horas. “Tenemos una plataforma, pero lo que más funciona de verdad es que las personas se encuentren y se conozcan, que los vecinos sepan en qué pueden ayudarse”, explica Josefina Altés, coordinadora de la red de Bancos de Tiempo de la Associació Salut i Família. Este tipo de iniciativas están entrando en ámbitos como la escuela.
Otras iniciativas que intentan reemplazar el concepto de propiedad por el de acceso tienen mucho que ver con la movilidad: SocialCar y Som Mobilitat son modelos distintos (en un caso se presta el coche cuando no se utiliza, a veces un 90% del tiempo, y en el otro la comunidad adquiere un vehículo (o consigue que alguien lo adquiera para el grupo).
DELIVEROO
'Riders' independientes
“En la prensa nunca se publican las buenas noticias”, se queja la directora general de la plataforma digital de repartidores de comida a domicilio Deliveroo en España, Diana Morató. En dos mercados importantes para la firma, cuyos riders organizaron la primera huelga de la economía colaborativa en España el pasado verano, los repartidores que transportan los paquetes en bicicleta han sido considerados por la justicia trabajadores independientes y no empleados de la compañía. Ha sido un pronunciamiento distinto del que han obtenido, también, en Reino Unido los conductores que trabajan para la aplicación Uber. Morató sostiene que es más favorable para los repartidores trabajar como autónomos, porque, según la directora general, cobran “de media” 10,5 euros por hora, mientras que el precio establecido en el convenio es de 3,5 euros. Según riders de Deliveroo, si no se cobra por horas de disponibilidad, sino por cada servicio efectuado, la media es de 4,5 euros por hora, de los que hay que descontar impuestos, seguro y cuota de autónomo.
Cada empresa es un mundo. En Socialcar, la directora general, Mar Alarcón, tiene claro que el call center de atención al cliente debe estar constituido por trabajadores internos de la empresa, con la idea de que conozcan al menos a los más habituales.
Según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones (CNMC), la compraventa de artículos de segunda mano mediante plataformas como Wallapop o Chify es el servicio de la economía colaborativa y bajo demanda más utilizado en España.
