Gran paso por el comercio con justicia
El Parlamento Europeo aprobó un texto que haría vinculante la protección de los derechos humanos
Acto a favor de los derechos de los trabajadores textiles. FOTO: SETEM
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un compromiso por el comercio justo, que, de ser aprobado por la Comisión, obligaría a la industria textil por primera vez a corroborar que las prendas se han confeccionado respetando los derechos humanos en los países productores.
El texto, Iniciativa emblemática para el sector de la confección, observa “con preocupación” cómo las iniciativas voluntarias para la sostenibilidad del sector han sido poco efectivas en abordar cuestiones relacionadas con los derechos humanos y laborales, y pide a la Comisión “que vaya más allá de la presentación de un documento de trabajo de los servicios y que proponga una legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección”.
El documento subraya además que “esta propuesta legislativa debe ajustarse a la nueva orientación de la OCDE sobre la debida diligencia para cadenas de suministro responsables en el sector de la confección y el calzado, de conformidad con las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales que importan en la Unión Europea, cadenas y normas internacionales de derechos humanos, sociales y medioambientales acordadas internacionalmente”.
Nunca el Parlamento se había pronunciado tan claramente en este sentido. La pregunta es: ¿votará ahora la Comisión a favor?
“La pelota está en el tejado de la Comisión Europea”, explica Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos que llevó la iniciativa del texto. “El apoyo ha sido muy importante. No es lo mismo tener una mayoría pírrica que el visto bueno de prácticamente todos los grupos. Desgraciadamente, la Comisión Europea no está obligada a aceptarlo, pero no creo que tenga interés en obviar un trabajo con un mensaje tan claro, que además cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales, de la misma OCDE, de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. Mi misión, hasta que me vaya, será que la Comisión elabore una regulación vinculante, y que informe a los consumidores sobre la sostenibilidad y el respeto de derechos. Es muy importante la transparencia. Si pusiéramos una pantalla en frente de los negocios de venta de ropa y mostráramos las condiciones monstruosas en las que han sido producidas las prendas, el 90% de la gente no compraría”.
Sergi Corbalán, director de la Oficina de Incidencia del Movimiento del Comercio Justo en Bruselas, se posicionó también en pro de continuar apuntando a la Comisión: “Necesitamos seguir poniendo presión para que la Comisión Europea tome medidas serias para garantizar cadenas de producción textil justas, desde el productor de algodón hasta el consumidor, utilizando también la compra pública justa como palanca”.
Si la Comisión finalmente decide hacer una propuesta legislativa tendrá que ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Es decir, que tardaría como mínimo tres años antes de ser adoptada.
ROPA LIMPIA
El texto aprobado por el Parlamento es fruto de muchos años de trabajo en pro de los derechos de las personas trabajadoras y el medio ambiente en los países productores.
Justo el pasado abril, se cumplían cuatro años del hundimiento del Rana Plaza en Bangladesh; el edificio donde se producía ropa para diferentes marcas, que al desplomarse hizo perder la vida a 1.134 personas e hirió a más de 2.000. El Rana Plaza albergaba cinco fábricas de ropa que producían para marcas europeas y norteamericanas. “El derrumbe del Rana Plaza puso de relieve un importante obstáculo para el cambio en la industria de la confección: la falta de transparencia que rodea el funcionamiento de sus cadenas de suministro”, explican miembros de la campaña Ropa Limpia. “Los esfuerzos de los trabajadores y las trabajadoras, activistas y las personas consumidoras para que las marcas tengan en cuenta las condiciones laborales en el lugar de producción son constantemente frustrados por este secreto”.
De aprobarse una legislación vinculante, otros sectores como el de la alimentación o la electrónica, donde las condiciones de trabajo no cumplen con los derechos humanos básicos, podrían también verse afectados en el mismo sentido.
