Normativa // Empresas y derechos humanos
El Parlamento catalán tramita una ley para crear un centro que vigile el comportamiento de las compañías.
El Parlament de Catalunya ha admitido a trámite una ley para crear un centro de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas. Los promotores del proyecto esperan que tenga eco en el Congreso de los Diputados para que también haya una ley estatal al respecto.
Dicen que a la tercera va la vencida, y por tercera vez el Parlament se ha posicionado a favor de crear una ley que permita institucionalizar un organismo de evaluación del impacto sobre los derechos humanos de las empresas que operan en Cataluña y de las catalanas en el exterior. La propuesta se registró en la Cámara en julio pasado con el apoyo del PSC, ERC, Junts, CUP y Comunes y la negativa de Ciutadans, Vox y el PP.
De aprobarse, finalmente, el organismo público verificará sobre el terreno que las empresas catalanas cumplen con los requerimientos de derechos humanos en cualquier lugar en el que tengan actividad. La propuesta, presentada a los grupos políticos por el grupo Empresa y Derechos Humanos —formado por Lafede.cat, Organizaciones para la Justicia Global y la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia— es la primera que llega tan lejos en el ámbito europeo. Con el apoyo de estos cinco partidos políticos, la propuesta comenzará a tramitarse a mediados de noviembre. Las organizaciones sociales creen que la nueva norma podría estar operativa en 2023.
“La idea es que este centro pueda acoger denuncias”, explica Dani Gómez-Olivé, del Área de Incidencia de Lafede.cat. “Por ejemplo, empresas hidroeléctricas que afecten a una población o contaminen las aguas. La empresa dice que no habrá ningún impacto, pero si la comunidad considera que está afectada, puede poner una queja y que se haga un informe público. La idea es, si lo conseguimos, también que haya una lista de malas empresas y que no les esté permitido, por ejemplo, acceder a la licitación de recursos públicos. Sería el centro el que valorase objetivamente que se cumplen con los requerimientos de los pliegos en cuanto a respeto por los derechos humanos (que no hagan trabajo infantil, vulneración de las comunidades locales, etc.)”.
Sanciones
Como está planteada hoy, la ley prevé la imposición de multas de hasta 10.000 euros ampliables a 50.000 y la publicación en la lista de empresas que incumplen en la web institucional del centro con la finalidad de que las entidades públicas competentes puedan considerarlo criterio de adjudicación o causa de prohibición de contratar, “de acuerdo con el régimen legal vigente en materia de contratación pública”.
Amaia García, presidenta de la Taula per la Pau i els Drets Humans a Colombia, presenta el proyecto en el Parlament. Foto: lafede.cat
Además, las organizaciones promotoras esperan elaborar propuestas que garanticen la inclusión por parte de la Administración pública de Cataluña de cláusulas basadas en los derechos humanos y el seguimiento de su cumplimiento en todos los procesos de contratación pública. Ya existen en algunos lugares como Barcelona algunas cláusulas sociales de obligado cumplimiento para la adjudicación de contratos y subvenciones.
La nueva ley también afectaría negativamente a las empresas señaladas en lo que se refiere al apoyo y acompañamiento de su internacionalización por parte de la Administración.
Si se aprueba finalmente como está redactada, la norma constituiría un logro nunca visto. Pero no está todo dicho. “Ahora tenemos que ver que en el proceso parlamentario no se diluya el contenido de la ley”, agrega Gómez-Olivé. “Esperamos que no. Se supone que los partidos que han apoyado que la normativa entre a registro creen en el fondo de lo que se presenta. Que se puedan recibir quejas y que se pueda generar un informe independiente sobre el terreno, escuchando a las partes. Y que, por otro lado, un mal comportamiento afecte al dinero público que la empresa pueda recibir. Sería una gran herramienta. Estamos hablando de la contratación pública, que representa el 25% del PIB español”, culmina Olivé.
De lo local a lo global
Los organismos que trabajan en incidencia política por los derechos humanos en el ámbito europeo han intentado sin éxito que se genere un organismo similar al registrado en el Parlamento catalán. También se ha intentado en el ámbito español y en otros países. Y en el País Vasco y en las islas Baleares se está trabajando en el mismo sentido.
Las empresas que violen derechos no podrán acceder a contratos públicos
Tampoco podrán beneficiarse de ayudas a la internacionalización
Las organizaciones sociales llevan ya más de siete años picando piedra para que se creen organismos públicos como estos en Europa. Hasta el momento no se ha conseguido por medio de campañas globales. Por ello, se ha cambiado de estrategia, para comenzar en lugares más pequeños y llegar a organizaciones parlamentarias más amplias.
Las organizaciones catalanas forman parte también de una red española que espera trasladar lo conseguido en Cataluña al ámbito estatal, es decir, que haya una ley española que cree un ente estatal evaluador de las actividades de las empresas españolas en el exterior. Desde Lafede.cat creen que es posible que a mediados de otoño pueda comenzar a debatirse en el Congreso de los Diputados un texto con el apoyo del PSOE, Podemos y otros grupos políticos que apoyan al Gobierno de coalición.
A nivel global hay marcos sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas, pero no son vinculantes por más que las organizaciones sociales han insistido en varias campañas sobre la necesidad de que haya un castigo concreto a comportamientos abusivos.
En 2014, Naciones Unidas comenzó a debatir un tratado vinculante por el control de las transnacionales. A pesar de llevar más de seis años de debates, el texto, según las organizaciones sociales, “aún contempla demasiado voluntarismo por parte de Estados y empresas, y es poco garante de los derechos de las comunidades afectadas”. Las negociaciones continúan.
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