Por una ley que obligue a respetar los derechos

El 80% de la población cree que se debe obligar a las marcas de ropa a cumplir con los derechos humanos.

Trabajadoras de Chetna, que produce algodón de Comercio Justo en la India.
Foto: Oxfam Intermon

Más del 80% de la población española cree que la ley debería obligar a las marcas de ropa a respetar los Derechos Humanos de las personas que trabajan en la confección. Esta es una de las conclusiones que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha querido destacar dentro de la “Encuesta Europea sobre moda y consumo responsable” (Consumer survey report. A baseline survey on EU consumer attitudes to sustainability and supply chain transparency in the fashion industry), editado en España por la Coordinadora, y elaborado por Fashion Revolution dentro de un proyecto que reúne a 31 entidades de Comercio Justo de varios países de la Unión.

“La mayoría de las personas encuestadas piensa que es importante que las marcas de moda atenúen su impacto a largo plazo en el mundo abordando el problema de la pobreza mundial (84%), el cambio climático (85%), la protección del medio ambiente (88%) y la desigualdad de género (77%)”, concluye el informe.

Sin embargo, esto no se ve reflejado a la hora de comprar. La encuesta, que ha sido realizada a 5.000 personas de entre 16 y 75 años en los 5 principales mercados europeos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, deja ver que solo el 40% toma en cuenta estos valores por un mundo más justo a la hora precisa de adquirir las prendas.

Según el estudio, “el 39% de la población encuestada afirmó que la compra de ropa confeccionada por trabajadores y trabajadoras a quienes se les paga un salario justo y digno era más importante que cualquier otro de los aspectos examinados, entre los que se incluyen: la protección del medio ambiente (37%), la seguridad en las condiciones de trabajo (31%), el bienestar de los animales (30%), la producción local (10%) y el uso de materiales reciclados (6%)”.

“Garantizar condiciones dignas corresponde a los gobiernos”

Por su parte, Mónica Gómez, vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, puntualiza que son los gobiernos, y no el mercado, quienes deben regular y asegurar las condiciones de las personas que trabajan en la industria téxtil. “Hemos podido avanzar mucho en materia de seguridad frente a los productos que consumimos, o temas de etiquetado, pero en materia de derechos humanos nos queda todo por hacer. Tenemos que poder saber que los productos se ha elaborado en condiciones laborales dignas, sin explotación. Y el poder garantizarlo, corresponde a la administración y a los gobiernos. No puede depender de la demanda”, explica.

PROPUESTA LEGISLATIVA

En abril de 2018 el Parlamento Europeo aprobó por mayoría absoluta (505 votos a favor, 57 abstenciones y 49 votos en contra) una propuesta de la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez Caldente, para que se garanticen los derechos humanos en el sector textil con una legislación vinculante. Luego emitió una pregunta a la Comisión Europea sobre el seguimiento de la iniciativa. La Comisión respondió entendiendo que ya existían iniciativas legales en este sentido, y puso como ejemplo el Pacto de Sostenibilidad con Bangladesh, el apoyo a “la aplicación de las orientaciones sobre diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de la OCDE en el sector de la confección y en otros sectores, por ejemplo, a través del comercio y del desarrollo sostenible”, y “ la inclusión de la diligencia debida en la revisión más reciente de la Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y la preparación en la OIT de las próximas etapas sobre nuevos medios de acción en relación con el trabajo digno en las cadenas mundiales de suministro sobre la base de la diligencia debida”.  Además, la Comisión consideró que es válida la legislación vigente de la UE, y en particular la directiva de información no financiera, que obliga a las grandes empresas a que revelen información sobre políticas, resultados y riesgos en relación con los aspectos medioambientales, los asuntos sociales y relacionados con los trabajadores, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

Ni Podemos ni las organizaciones de comercio justo consideran que la respuesta sea suficiente ni que realmente se estén haciendo los esfuerzos necesarios.