3% de déficit, ¿y entonces?
Director de 'Alternatives Economiques'
Estaba prometido, jurado, era inviolable, irreversible… ¡y después finalmente no! A pesar de los compromisos cien veces repetidos, el déficit público francés no se situará por debajo del límite fatídico del 3% del producto interior bruto (PIB) en 2013. La causa: un crecimiento más débil que lo previsto y, por tanto, ingresos más bajos que en lo que se había confiado.
Contrariamente a lo que sugiere su puesta en escena mediática, la noticia no es, sin embargo, ni una sorpresa ni un drama. En nuestro número de septiembre pasado ya lo escribimos y estábamos lejos de ser los únicos. Por otra parte, los mercados financieros lo han acogido con una indiferencia soberana. No por falta de vigilancia, sino porque saben que el aumento de sacrificios que haría falta imponerse para alcanzar tal objetivo sería potencialmente peor que el mal. El mismo Fondo Monetario Internacional ha terminado por adherirse a esta opinión reconociendo de paso sus errores pasados. Con eso lo digo todo.
Pero a falta de ser un acontecimiento económico, esta noticia constituye un serio problema político, pues vuelve a dar argumentos a los partidarios de una nueva vuelta de tuerca. Desde este lado del Rin, para exigir urgentemente recortes suplementarios en los gastos públicos. Y del otro lado, para hacer, a algunos meses antes de las próximas elecciones legislativas, una demostración de intransigencia ante la opinión pública.
Hay, por tanto, buenas razones para oponerse a un nuevo ajuste presupuestario, además de que sería económica y socialmente devastador en un país que tiene ya más de tres millones de parados. La primera es que si uno se atiene a las reglas del pacto de estabilidad, no es absolutamente indispensable: el tratado permite, en efecto, diferir el esfuerzo de ajuste en caso de coyuntura particularmente desfavorable, que es precisamente el caso actual.
La segunda razón es política: Francia ha recorrido ya una buena parte del camino aceptando firmar el tratado de estabilidad sin renegociarlo (contrariamente a las promesas de François Hollande), aumentando sustancialmente los impuestos y aprestándose a transcribir en la ley las reformas del mercado de trabajo acordadas por los interlocutores sociales el pasado 11 de enero. Se piense lo que se piense de estas decisiones — y algunas han sido criticadas ásperamente aquí mismo—, constituyen garantías bastante significativas para que Bruselas y Berlín acepten poner agua en su vino. No se trata en absoluto de enterrar la necesidad de reducir los déficit públicos, sino de darse un poco más de tiempo para ello y recoger los frutos de la confianza recobrada. La misma que a fuerza de concesiones mutuas ha permitido dar por terminada, al menos provisionalmente, la crisis del euro.
No quisiera terminar este editorial sin indicar a nuestros lectores el nacimiento de Alternativas Económicas, y desear buena suerte en esta aventura a nuestros amigos españoles, cuyo país conoce actualmente dificultades mucho más graves aún que las nuestras.
