A la raíz de los problemas

  • Diciembre 2017

    Empezamos 2018 con los mismos viejos problemas del año pasado, sólo que agravados y todos más cansados. Todo lo que no se soluciona a tiempo  empeora. Y vamos acumulando deterioros en muchos frentes.

    Empecemos por Catalunya, que es lo que nos ha tenido más ocupados en los últimos meses. Las elecciones de diciembre no han resuelto ninguno de sus problemas; en todo caso, los han cronificado. Los independentistas mantienen sus dos millones de votos. La participación masiva (82% de censo) no ha hecho más que reafirmar la posición de los partidos del procés, que se mantienen en el 47,9% de los votos y mayoría de escaños. Está claro que no avanzan y que no logran la mayoría, pero ahí están dos millones de personas inmutables. La radiografía que teníamos de la sociedad catalana se ha petrificado. Una sociedad dividida entre 2 millones de independistas y 2,2 millones que no apoyan esta opción.

    Pero tampoco se puede decir que las elecciones no han cambiado nada. Después de conocer los daños ya palpables que el proceso independentista está infligiendo en la economía y el empleo, el mantenimiento de su apoyo intacto sólo se puede explicar por las excepcionales condiciones en que se han celebrado las elecciones (con líderes encarcelados o huidos), lo que ha imprimido una radicalización del compromiso por  la independencia.

    Por otra parte, la extraordinaria victoria de Ciudadanos, que le ha convertido en el primer partido de Catalunya, también implica una cierta reafirmación  del voto antinacionalista. El  esfuerzo de los socialistas  para abrir una tercera vía y salir del esterilizante mundo de los bloques irreconciliables ha tenido unos avances muy modestos. Esta opción, quizá la más esperanzadora, tiene todavía que madurar. Los comunes también han sido víctimas de la polarización y han sido castigados por no haber sabido transmitir bien su mensaje de superación del conflicto identitario con políticas más sociales.

    Sin embargo, los ciudadanos suspendieron sin ambigüedades al partido del gobierno, que se ha llevado el mayor rapapolvo de la historia. El castigo al Partido Popular, que queda en el último lugar, es el mejor reflejo del fracaso  de la gestión de la  crisis catalana por parte del Gobierno.   El retroceso de la  CUP revela, por otra parte, la desconfianza de los electores hacia unas propuestas de izquierda que no ven fácilmente realizables.

    Quizá el único consenso es que el resultado electoral no despeja el futuro y ha sido insatisfactorio para la mayoría de votantes. Para superar el clima de pesimismo generalizado que ha producido el resultado electoral quizá sería bueno bucear en las raíces de nuestros problemas. Muchos analistas coinciden en señalar que uno de los factores que más ha contribuido al aumento del nacionalismo en Catalunya, al igual que en muchos otros territorios, ha sido la constatación de que la  globalización y la crisis económica y financiera han castigado severamente a los trabajadores y a las clases medias ante la inanición de los gobiernos y los partidos convencionales de referencia. Los ciudadanos no se sienten representados por los gobiernos que han gestionado la crisis ni por los organismos supranacionales (FMI, OCDE, UE), que han antepuesto siempre los intereses de las corporaciones económicas y financieras. Unas instituciones  que han tolerado un crecimiento de las desigualdades, la destrucción de  derechos sociales y el deterioro democrático.

    Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha puesto de relieve  la necesidad de recuperar cuanto antes los cuatro puntos de la renta nacional que se han apropiado los empresarios a costa de los trabajadores durante los años de la crisis. Es una propuesta concreta. Es una vuelta a la raíz de los problemas  que preocupan realmente a la mayoría de los ciudadanos. Preocupan los salarios, la precariedad de los contratos laborales, los falsos autónomos, las disparatadas subidas de la luz y demás servicios públicos básicos, que son los más caros de Europa.

    En el campo de derechos, vemos la burla sistemática del Gobierno a la aplicación de las directivas europeas. La Directiva sobre Préstamos Hipotecarios de 2014, por ejemplo, lleva dos años de retraso en su transposición, algo que podría acarrear a España una multa de 105.000 euros diarios. La aplicación de esa directiva  hubiera atenuado los desahucios, uno de los abusos más sangrantes que ha sufrido nuestro país.  Igualmente existe malestar por los millones de ciudadanos que sufrieron cobros indebidos en sus hipotecas por parte de los bancos mediante las cláusulas suelo. A pesar de la sentencia europea, de hace más de un año, que obligaba a la devolución  sin limitación alguna, los reintegros se realizan muy lentamente debido a un real decreto del Gobierno especialmente protector  de los bancos.

    La crisis económica y la globalización han afectado a muchos países, pero la respuesta de los gobiernos  ha sido muy distinta. Los países con una estructura más democrática, como  los del norte de Europa, son los que mejor han protegidos a sus ciudadanos en los años difíciles. Hay alternativas.

    Este año hemos visto que también Portugal ha sido capaz de encarar la crisis con otros criterios. Tras rechazar  las recetas de la austeridad, ha convencido a las autoridades europeas de que hay otras vías. Los hechos hablan por sí mismos: el paro se ha reducido a la mitad, hasta el 8,6%, en cuatro años.

    El acuerdo de subir el salario mínimo hasta los 850 euros en 2020 es un buen principio. El acuerdo debe extenderse a todos los salarios. Hay otros muchos asuntos que inquietan, como las pensiones.  La subida del  0,25% ha sido calificada de vergonzosa por Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras. Si los debates políticos vuelven a tratar de los asuntos ciudadanos quizá podamos superar los asuntos identitarios que hoy parecen irreconciliables.

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