Blandos con los paraísos fiscales
Los descubrimientos de los últimos meses realizados por organizaciones no gubernamentales, informáticos y periodistas revelan que los paraísos fiscales están más activos que nunca. La cuantía del dinero oculto en estos territorios es difícil de conocer con certeza, pero estudios solventes la cifran entre 16 y 24 billones de euros, buena parte de procedencia criminal, según Tax Justice Network. Los fondos procedentes de España en los territorios offshore podrían superar los 550.000 millones, la mitad del PIB del país.
La existencia de esta inmensa economía mundial en la sombra al margen de los controles democráticos causa al menos cuatro tipos de problemas; distorsiona el funcionamiento de los sistemas democráticos, impide a los Estados recabar los recursos necesarios para atender los servicios públicos; despoja a los países en desarrollo de los ingresos fiscales que evaden ciertas multinacionales y constituyen la principal fuente de inestabilidad financiera al dar cobertura a los productos financieros más tóxicos.
En primer lugar, los paraísos fiscales suponen una vulneración sistemática del Estado de derecho, al amparar el dinero de todo tipo de defraudadores. En todos los casos de corrupción aparecen estos territorios, sin los cuales serían muy difíciles ciertas actividades ilegales.
En segundo lugar, el dinero que dejan de ingresar los Estados por la evasión fiscal de los más acaudalados agrava los actuales recortes y son una de las causas del incremento del endeudamiento público y de la pobreza. En España más de 600.000 familias malviven sin ningún tipo de ayuda pública. Una realidad difícil de compaginar con las constantes informaciones sobre las fortunas emboscadas en Suiza de los prohombres del país.
En tercer lugar, la declaración de los beneficios de los grupos multinacionales en centros offshore impide a los países pobres disponer de los fondos básicos para atacar la miseria a la que siguen condenados. Global Financial Integrity cifra entre 850.000 millones y 1,1 billones estos flujos ilícitos anuales.
Los paraísos fiscales son una amenaza para la democracia
La lucha de ONG y periodistas es más eficiente que los Estados
Los paraísos fiscales, en cuarto lugar, son los principales causantes de la inestabilidad financiera internacional. Islas Caimán, un territorio bajo jurisdicción del Reino Unido, fueron clave para el desarrollo de los productos tóxicos que provocaron la crisis financiera de 2007. Los recientes datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) han puesto al descubierto que los principales bancos europeos, Deutsche Bank, BNP Paribas y Crédit Agricole, han tenido una participación muy activa en el desarrollo de paraísos fiscales a través de sus filiales.
A pesar de estas múltiples distorsiones, la voluntad política para la erradicación de los paraísos fiscales es mínima. El propio FMI ha quitado relevancia a su peligro al asegurar que “no suponen una amenaza para la estabilidad financiera”. Las solemnes declaraciones de los líderes mundiales en la cumbre de los países del G-20 en abril de 2009, en Londres, en la que el entonces presidente de Francia Nicolas Sarkozy afirmaba que “la era del secreto bancario había acabado”, resultan patéticas. Cuatro años después, se comprueba que todo quedó en mucha retórica.
Las listas que elabora periódicamente la OCDE sobre los países que no aceptan un intercambio automático de información fiscal resultan completamente irrelevantes y no dan una imagen real del fenómeno. La última relación publicada por esta organización en abril menciona a 14 países, entre los que figuran Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Botsuana, Panamá y Suiza. En la lista no aparecen los grandes santuarios del secreto bancario europeo como Luxemburgo, donde los activos bancarios son 22 veces superiores al peso de su economía, o Austria, que lo mantiene consagrado en su Constitución. O los territorios como Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán, que forman parte del Reino Unido. Sin olvidar a Chipre, el primer centro de lavado de dinero negro ruso, que ha tenido que ser rescatado por la UE.
A pesar de todas las proclamas, Europa va a la zaga de Estados Unidos, que en 2010 aprobó la Foreign Account Tax Compliance Act (Facta), que entrará en vigor en enero de 2014 y sancionará con una sobretasa del 30% de sus actividades locales a los bancos que no declaren los bienes de sus clientes en el extranjero. La iniciativa de EE UU está dejando en evidencia a Europa. Luxemburgo promete ahora que eliminará el secreto bancario en 2015, y Austria se resiste radicalmente amparándose en su Constitución. Hay dudas sobre el estatus final que mantendrá Chipre tras el rescate. Y acerca de los territorios bajo la esfera de Reino Unido, incluido Gibraltar, apenas se habla.
Al calor de los debates generados por la crisis financiera del paraíso fiscal de Chipre, que ha puesto en un verdadero peligro a la zona euro, y la aparición de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la UE trata de reaccionar. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, quiere incluir el tema en el próximo Consejo Europeo. Una decisión sobre la que no hay que albergar muchas esperanzas ante la falta de competencias de Europa en materia fiscal.
La esperanza no está en los gobiernos. Hasta ahora las actuaciones más eficientes en contra de los paraísos fiscales no ha provenido de iniciativas gubernamentales, sino de las acciones de informáticos como Hervé Falciani , organizaciones no gubernamentales como Tax Justice Network y de asociaciones de periodistas como ICIJ.
