El insoportable crimen de los desahucios
No pasa día que no tengamos que enfrentarnos a la amarga noticia de varias familias desahuciadas de sus viviendas. No es una falsa impresión. Las estadísticas oficiales disponibles confirman que la expulsión de las familias de sus hogares por no pagar sus hipotecas crece. Después de tantas reformas legales y supuestas medidas protectoras, la verdad es que los desahucios siguen amontonándose sin piedad.
Después de siete años de crisis, muchas personas todavía no han tocado fondo. Tras la pérdida del empleo, el subsidio de desempleo y las ayudas llega la peor fase de esta crisis, la pérdida de la casa. Todo ocurre ante la impasibilidad del Gobierno y la crueldad de una banca que antepone sus beneficios a la más elemental consideración humanitaria. Es una realidad que choca frontalmente con la Constitución, que en tantos aspectos se ha convertido en papel mojado.
Los últimos datos sobre desahucios los dio a conocer recientemente el Banco de España. Según el supervisor, entre enero y junio de este año, 1.218 familias fueron expulsadas de las viviendas en que estaban viviendo, lo cual representa el 17% más que en el mismo período del año anterior. Desde enero de 2012, un total de 5.758 familias han sido expulsadas forzosamente de sus hogares.
Estos datos sólo recogen una pequeña parte de la tragedia, aunque ciertamente la más dramática. Los afectados por los desahucios son muchos más, como reconoce el propio Banco de España. Durante los seis primeros meses de este año, 19.565 viviendas tuvieron que ser abandonadas por sus ocupantes. Una parte de éstos lo hicieron de forma voluntaria, 7.131, la mayoría de los cuales a través de daciones en pago, y otras 11.216 viviendas fueron entregadas tras un procedimiento judicial. Desde enero de 2012, en que se inició este registro, el número de familias que perdieron su vivienda se eleva a 97.577. Esta es la información que ofrecen los propios bancos.
Unos meses antes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) había publicado los datos de ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre de este año, que sumaban 9.611 casos de vivienda habitual, lo cual supone el 8,4% más que el año anterior.
El Consejo General del Poder Judicial también informa sobre el número de desahucios con datos de los juzgados de Primera Instancia. Así, indica que durante el primer semestre del presente año el número de lanzamientos de ejecución hipotecaria practicados ascendió a 15.625, el 12,8% más que en el mismo semestre del año anterior. Constatamos que tres indicadores oficiales coinciden en señalar el crecimiento de los desahucios.
Este aumento es un reflejo del deterioro del mercado de la vivienda, como refleja el aumento de la morosidad y la ineficacia de las medidas del Gobierno. La morosidad de las hipotecas escaló hasta el 6,3% el primer trimestre de este año, y aunque descendió hasta el 6,1% en el segundo, es un punto más elevada que hace un año y el doble de hace dos , según la Asociación Hipotecaria de España.
En el ámbito legal, España lleva un notable retraso respecto a la legislación europea. El Gobierno ignoró la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con 1,4 millones de firmas, que perseguía la dación en pago para las viviendas habituales y una moratoria de los desalojos.
Sin embargo, en mayo de 2013, el Ejecutivo no tuvo más remedio que aprobar la Ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, la reestructuración de deuda y el alquiler social para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de dos meses antes. El Tribunal Europeo anuló por abusivas las cláusulas de la hipoteca del ciudadano Mohamed Aziz, de Martorell (Barcelona), y consideró incompatible la legislación hipotecaria española con los derechos de los consumidores europeos.
En julio de este año, una nueva sentencia del Tribunal de Justicia Europeo volvió a señalar que la protección de los consumidores españoles seguía siendo insuficiente. Las modificaciones en la normativa hipotecaria introducidas en la reforma concursal del pasado septiembre, tampoco resolvió las carencias en la protección de los usuarios, en opinión de la inmensa mayoría de juristas.
En este panorama tan sombrío resulta impresionante el trabajo que están realizando los voluntarios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La plataforma ha sido la organización más seria en materia de vivienda y los resultados de sus actuaciones están a la vista: hasta el momento han paralizado 1.135 desahucios y realojado a 1.189 personas a través de su Obra Social.
Hay que tener en cuenta que sólo en 2012, el Estado comprometió 141.000 millones de euros de ayudas públicas para salvar a la banca. El Gobierno creó un banco malo, con 2.192 millones de dinero público para limpiar a los bancos de los inmuebles y créditos ligados a operaciones especulativas. A la vista de tantas ayudas para encubrir actividades de dudosa justificación, es urgente que el Gobierno constituya un fondo para rescatar a los ciudadanos con más riesgo.
Durante los últimos meses estamos asistiendo a ciertas manifestaciones de algunos banqueros pidiendo “más regulación para acabar con los abusos”. Otros ejecutivos bancarios, conscientes del creciente desprestigio del sector balbucean palabras de contrición con el único objetivo de recuperar su malograda reputación. En este país, los banqueros y el Gobierno difícilmente recuperarán la confianza de los ciudadanos mientras continúen los desahucios, se mantengan las abusivas cláusulas suelo y los preferentistas no recuperen su dinero.
