El PP se ríe de la UE en vivienda

La vivienda se ha convertido en el problema social más grave de una parte significativa de la sociedad española. Los jóvenes son ahora los más perjudicados. El modelo de la salida de la crisis para algunos se ha basado de nuevo en la especulación sobre la vivienda eliminando los derechos que protegían a los ciudadanos.

La nueva burbuja inmobiliaria es una realidad por mucho que se empeñen en negarlo las autoridades y los grupos financieros que operan en este mercado. Como cada burbuja, tiene unas características específicas distintas de las anteriores. Cómo se puede llamar si no burbuja al fenómeno que provoca un aumento del precio de los alquileres de los pisos remozados del mis-mo inmueble en más del 100% en un breve espacio de tiempo.

Es un hecho incontrovertible el fenómeno creciente de compra de fincas urbanas enteras en el corazón de las ciudades por parte de fondos extranjeros. Pero no son solo los llamados “fondos buitres” los que se han lanzado sobre el mercado inmobiliario. En muchos casos son empresarios españoles que han constituido sociedades en Luxemburgo o países con similares ventajas fiscales para realizar estas operaciones. El Gobierno es, además, un claro impulsor de la especulación con la concesión de bonificaciones fiscales del 95% a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).

La secuencia inmediata que se pone en marcha a estas compras masivas es la expulsión de los inquilinos existentes, jóvenes y mayores, y la puesta en alquiler de los nuevos apartamentos a precios exorbitantes. El resultado es que las rentas exigidas son imposibles de satisfacer con los salarios. En los últimos meses el contagio de los precios se ha extendido a las coronas de las ciudades y los jóvenes tienen que desplazarse a más de 50 o 60 kilómetros para encontrar alquileres asequibles. Para muchos jóvenes la única salida es la inmigración. Entre 2000 y 2017, el 27% de los jóvenes españoles, de entre 20 y 29 años, tuvieron que abandonar el país, según Eurostat.

La falta de una legislación estatal protectora de los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda permite que las reformas de los centros de las ciudades solo beneficien a los intereses especulativos.

El drama de los desahucios, que ha supuesto la expulsión de sus casas de más medio millón de familias durante la última década, continúa vivo. La novedad ahora es que los lanzamientos se producen cada vez más como consecuencia de los abusos de la Ley de Arrendamientos impuesta por el Partido Popular en 2013. Esta ley redujo drásticamente los derechos de los inquilinos. Según el Consejo General del Poder Judicial, durante el año pasado se registraron 60.754 lanzamientos de los que 35.666 fueron consecuencia de la ley de arrendamientos y 22.330 ejecuciones hipotecarias. Este drama solo ha podido ser mitigado gracias a las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, (PAH) y otras asociaciones.

Durante los últimos años el Gobierno hizo todo lo posible para desnaturalizar y abortar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por la PAH, que contaba con el apoyo de 1,4 millones de ciudadanos, que trataba de modernizar la legislación española y aproximarla a los derechos de los ciudadanos sobre la vivienda reconocidos en la UE. Desde 2014 la vivienda es un derecho fundamental en la Unión.

Actualmente, la regulación de los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda está siendo objeto de debate en el Congreso de los Diputados en el Proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. En realidad, esta ley es la transposición de una directiva europea de 2014 para la que España lleva ya más de dos años de retraso por irresponsabilidad del Gobierno, que no presentó el proyecto de ley hasta el pasado noviembre. Este in-justificado retraso supone el riesgo añadido de que España sea sancionada con una multa de 105.000 euros diarios.

El proyecto de ley no recoge, sin embargo, el sentido autocrítico de la normativa europea que reconoce las prácticas abusivas de la banca como causante de la crisis. “La crisis financiera”, señala la directiva, “ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema financiero, lo que debilita la confianza de todos los interesados, en particular de los consumidores”.

La política del PP sobre los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda es completamente contraria tanto a la regulación europea como a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde 2013, el TJUE ha dictado dos sentencias y cuatro autos corrigiendo el sistema de ejecución hipotecaria español, que han obligado a sucesivas modificaciones de nuestra legislación. El tribunal europeo ha dictado también siete resoluciones en materia de intereses de demora abusivos. Ahora hay varias cuestiones prejudiciales presentadas por los jueces españoles, incluido el Tribunal Supremo sobre el procedimiento hipotecario.

El proyecto que presenta el Gobierno empeora la situación actual. No permite la dación en pago, encarece los intereses de demora y no afronta la cuestión fundamental que es el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

La expulsión de jóvenes de las ciudades está teniendo unos terribles efectos sociales que ya empiezan a repercutir en determinadas actividades económicas. Es urgente detener este proceso. La aprobación de varias enmiendas que han presentados Podemos y PSOE al proyecto de ley sobre crédito inmobiliario podrían evitar la catástrofe social y económica hacia la que nos encaminamos.