España, entre el TTIP y el Brexit
Las futuras relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, que se negocian en el marco de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, conocida por sus siglas en inglés TTIP, han sufrido un serio revés a consecuencia del Brexit. El divorcio entre los británicos y la Unión Europea está generando problemas y conflictos muchísimo más graves de los imaginados, que están paralizando estas y otras negociaciones. Pero en contra de lo que auguran algunos de que estamos ante el principio del fin de la Unión, quizá el Brexit se convierta en un antídoto que actúe como revulsivo y obligue a los políticos a replantearse seriamente la construcción europea teniendo mucho más en cuenta las preocupaciones reales de los ciudadanos.
Ahora ya sabemos que el Brexit se argumentó con mentiras como que la salida de la UE permitiría al Reino Unido recuperar 350 millones de libras (430 millones de euros) a la semana para su Servicio Nacional de Salud o que permitiría acabar con la emigración. La realidad es que la aportación neta real de Londres a la Unión es menos de la mitad de esta cifra. Por otra parte, aunque el Reino Unido saliera de la UE, si realmente se materializa esta ruptura, si quisiera seguir siendo miembro del mercado común como Noruega tendría que permitir la emigración, que por otra parte le seguirá siendo más necesaria que nunca. La realidad es que esta crisis se ha producido con grandes dosis de frivolidad. Resulta inconcebible que una decisión tan trascendental se haya realizado sin establecer previamente las condiciones del referéndum, como los porcentajes mínimos de participación y de votos favorables.
El futuro de España nunca había estado tan pendiente de dos acontecimientos internacionales tan relevantes como son el TTIP y el Brexit, de implicaciones decisivas para el futuro del país. Resulta especialmente preocupante que en esta coyuntura España no disponga de un Gobierno estable. Las elecciones de pasado junio han reforzado la posición del Partido Popular, pero persisten importantes dudas sobre su capacidad para formar un Gobierno. En las próximas semanas en Europa se tomarán decisiones importantes que no deberían ser adoptadas por un Gobierno en funciones. El Ejecutivo no puede seguir con un perfil tan bajo sobre los asuntos europeos y sin explicar claramente su posición detallada sobre los aspectos clave del TTIP.
La convulsión que está significando el Brexit exigirá replantear tanto el proceso de construcción europea como las relaciones comerciales de España con el exterior. Quizá esta sacudida sobrevenida sea una ocasión para redefinir el contenido del TTIP y centrarlo en los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. No hay duda de que la complejidad de las relaciones comerciales actuales exige su regulación. Pero habría que asegurar, por ejemplo, que en la discusión de esta asociación se incluya la eliminación de los paraísos fiscales, una de las grandes distorsiones del comercio internacional, e incorporar las normas necesarias para garantizar los derechos humanos y laborales y los recientes acuerdos sobre cambio climático acordados en la cumbre de París.
El debate sobre el TTIP no es una simple discusión sobre la liberalización comercial o un debate entre proteccionistas y liberales. Es un hecho cierto que la apertura comercial ha permitido a los países pobres avanzar más rápidamente en la mejora de su nivel de vida. Tampoco es un asunto centrado en la reducción de tarifas aduaneras, que es el aspecto que ha dominado las negociaciones comerciales durante los últimos años. Los aranceles medios actuales en el comercio transatlántico son tan sólo de una media del 2%, aunque hay picos, por ejemplo, del 22% en los lácteos en Estados Unidos o del 45% en la carne en la UE.
La cuestión de fondo es si la nueva organización comercial que promueve esta asociación concederá más poder a los acuerdos promovidos por las grandes corporaciones multinacionales que a los reglamentos de los Estados. Es decir, lo que está en juego es si se cambiarán las leyes y reglas aprobadas democráticamente en los parlamentos por los acuerdos impuestos por los intereses de las grandes multinacionales. La sospecha es razonable si se tiene en cuenta que la iniciativa de emprender estas negociaciones en 2013 partió de las grandes multinacionales y no de los parlamentos. Una decisión motivada por la fuerte caída del peso del comercio de mercancías entre Estados Unidos y Europa, que ha pasado de representar el 7,2% del total mundial en 1995 al 4,3% en 2013.
Uno de los aspectos más inquietantes es la creación un tribunal integrado por jueces profesionales o juristas académicos para resolver los conflictos entre los Estados y las multinacionales. Las cautelas puestas por el Parlamento Europeo han sido una mejora, pero muy insuficiente. Hay una larga lista de resoluciones de los tribunales arbitrales privados que han supuesto el pago de fuertes indemnizaciones a las multinacionales cuando las leyes han afectado a sus intereses.
Otra materia especialmente sensible es la de los accesos a los mercados públicos. Se trata de servicios municipales o estatales de servicios públicos como el agua, la energía, la salud o los transportes. Durante los años de la liberalización se han privatizado muchos de estos servicios. Actualmente, en muchos países han aparecido movimientos de remunicipalización de estas actividades. Destacados analistas temen que el TTIP pueda impedir los planes de recuperación de la propiedad pública de determinados servicios.
TTIP y Brexit tienen muchos aspectos en común. En el caso del acuerdo comercial, existe la percepción de que no se ha tenido en cuenta a los ciudadanos. Es una sensación parecida a la que tenían los británicos que han expresado su desconfianza en las instituciones europeas. Urge por tanto aumentar la transparencia y la participación ciudadana. Aún estamos a tiempo de no empeorar las cosas. Muchos empleos y derechos están en juego.
