Humanizar el trabajo y la economía

La diferencia más palpable entre la actual crisis del coronavirus y la financiera de 2008 ha sido la manera de afrontarla. En la anterior debacle los poderes económicos priorizaron la salvación de los bancos a costa de drásticas medidas de austeridad para la población. Esta vez la primera línea de lucha contra la pandemia ha estado formada por médicas, enfermeras, trabajadores de los hospitales, residencias de mayores, repartidores, cajeras y empleados en los comercios. Ha sido una respuesta humanitaria. Luego han venido las medidas de los gobiernos y Europa.

Esta experiencia ha puesto de relieve cómo una parte esencial de la economía no puede guiarse por el mercado. El comportamiento humanitario de unos trabajadores es lo que nos ha permitido sobrevivir. Como ha señalado el manifiesto firmado por Thomas Piketty, James K. Galbraith, Benjamin Sachs y más de 600 investigadores, “esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera mercancía”. Su propuesta llama a democratizar la empresa y a descontaminar las actividades productivas. La lista de actividades que no pueden guiarse por el mercado como la sanidad, las residencias de mayores, los cuidados y la investigación científica sanitaria crece sin cesar.

Esta crisis ha revelado también cómo es vital que los trabajadores cuenten con una red de protección cuando pierden su empleo. En España casi cuatro millones de trabajadores y 42 millones en Europa se han beneficiado de ayudas públicas temporales, según el Instituto Sindical Europeo. Claro que las condiciones de protección han sido muy distintas. En Francia e Italia han beneficiado al 47% de los trabajadores, mientras que en Alemania y España solo al 27% y 24%, respectivamente. Pero estas ayudas no pueden ser incondicionales. El instituto exige excluir a las empresas que pagan dividendos o tienen filiales en paraísos fiscales.

Múltiples voces piden avanzar hacia una sociedad más justa

De esta crisis no salimos con el viejo sistema de siempre

Ante el aumento de las bolsas de hambre, el Gobierno ha acordado un ingreso mínimo vital que rescatará a las 850.000 familias más pobres, que comprenden a unos 2,3 millones de personas. Percibirán entre 462 y 1.015 euros mensuales. El coste total será de unos 3.000 millones de euros al año. La iniciativa, que por primera vez se establece en España, deja fuera todavía a muchos necesitados. Oxfam propone una renta garantizada que permitiría sacar a cuatro millones de personas de la pobreza severa, con una prestación de 590 euros mensuales y que costaría unos 6.400 millones de euros al año. Hay que distinguir estas propuestas de la renta básica universal, pensada como un derecho para todas las personas, con independencia de si trabajan o de su riqueza. Se barajan cuantías de entre 622 y 715 euros mensuales. Una encuesta de la Red Renta Básica indica que el 56% de ciudadanos está a favor. 

Esta crisis castiga sobre todo a los jóvenes, que ya fueron sacrificados hace una década. Se han aplazado oposiciones, suspendido contratos de aprendizaje y no hay nuevos empleos para ellos. Hay que pensar que la aspiración última de los jóvenes no es una ayuda, sino un puesto de trabajo digno.

Las medidas aplicadas hasta ahora por los gobiernos han repetido los errores de la crisis anterior. Un colosal endeudamiento. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), la deuda pública aumentará en 17 billones de euros este año en los 37 países ricos de este club. La deuda media subirá hasta el 137% del PIB, otra carga para los jóvenes.

Los gobiernos apenas han abordado la cuestión de los ingresos para tantos nuevos gastos. Desde una perspectiva más solidaria, la Plataforma por una Fiscalidad Justa propone 15 medidas que aportarían más de 34.300 millones de euros anuales. Destacan la creación de una tasa covid para los patrimonios de más de un millón de euros, un complemento extraordinario a los tramos superiores del impuesto sobre la renta, una tributación mínima efectiva del impuesto de sociedades del 15% y un aumento de tres puntos del IVA para los bienes suntuarios. 

A medida que se agrava la crisis se multiplican las propuestas que piden otro modelo de económico, como la nueva Internacional Progresista, para construir una sociedad más justa. En Europa se han empezado a dar pasos hacia una mayor solidaridad, pero hay mucha resistencia. Crecen las voces que reclaman detener la destrucción del medio ambiente y el crecimiento de la pobreza. De esta crisis no salimos con el viejo sistema de siempre.