La independencia de Catalunya, una falsa salida a la crisis

"No soy independentista, pero votaré a favor de la independencia”. Esta es una respuesta frecuente que refleja el repentino cambio del sentir político de una parte importante de ciudadanos de Catalunya. Esta afirmación revela más bien una sensación de agravio por determinadas decisiones del Gobierno central sobre la lengua, el autogobierno y la financiación que una convicción profunda.

Uno de los aspectos más inquietantes de este proceso es la velocidad de los acontecimientos. En materia financiera, por ejemplo, entre 1986 y 2009 se pactaron cinco acuerdos que siempre fueron saludados por el Gobierno catalán de turno. Después se pasó rápidamente en 2011 a reclamar el pacto fiscal (un modelo similar al concierto del País Vasco) y al año siguiente a plantear la consulta por la independencia. No deja de ser contradictorio que después de tantos pactos sucesivos sobre la financiación, reconocidos como un avance, la solución sea ahora la ruptura.

Es cierto que en 2010 se produjo la catastrófica sentencia del Tribunal Constitucional recortando el Estatuto que había sido aprobado por el Parlamento catalán, el Congreso de los Diputados y en referéndum por los ciudadanos de Catalunya. El malestar culminó en una resolución del Parlamento catalán de septiembre de 2012 a favor de que “Catalunya decida su futuro a través de una consulta”. Desde entonces, el empeño de las fuerzas nacionalistas e independentistas se concentra en la realización de esta consulta, convocada con una amplísima mayoría del Parlamento —incluyendo a Iniciativa per Catalunya (ICV), que no es independentista—, prevista para el próximo 9 de noviembre. Su realización ya ha sido rechazada por el Congreso de los Diputados también por amplia mayoría.

La escalada independentista se ha visto alimentada por la negativa del Ejecutivo central a atender ciertos aspectos de la lengua, el autogobierno y la financiación. No es razonable que la democracia española sea incapaz de encontrar una fórmula de convivencia que sea satisfactoria para los ciudadanos de todos los territorios de España. El Gobierno central no debería estar nada satisfecho con la actual organización territorial, que resulta tan perjudicial para la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. El modelo debería encajar también las demandas de Euskadi.

El Ejecutivo no puede aferrarse a unos argumentos jurídicos cuando la contestación alcanza a una parte considerable de la población de un territorio. Hasta ahora, el Gobierno ha demostrado una sensibilidad nula para escuchar las demandas y proponer fórmulas para encontrar un acuerdo. En un conflicto tan emocional, las formas son fundamentales.

La primera consecuencia de este conflicto es que el debate político en Catalunya ha quedado acaparado por la independencia. Los problemas de mayor seriedad como el paro, la pobreza, la corrupción, los recortes, los abusos bancarios, la falta de crédito, los desahucios, el encarecimiento de los servicios básicos y el deterioro laboral han quedado marginados por el debate único de la independencia. Ante esta situación, el Gobierno catalán responde sin sonrojo que todos los problemas vigentes se resolverán con la independencia.

Catalunya puede ser perfectamente un país independiente de la misma forma en que lo son una decena de Estados más pequeños en Europa. La cuestión no está en las dificultades de situarse fuera de la UE o de las instituciones del euro, se trata de convencer a los catalanes de que permanecer en España es su mejor opción, aunque se tengan que renegociar los términos de la asociación.

La separación provocaría daños económicos y sociales y desgarros emocionales considerables que difícilmente se podrían compensar con la independencia. Los vínculos entre Catalunya y el resto de España son actualmente más sólidos que hace 50 años. Hay que recordar que en el plano humano, la fortaleza de esta comunidad se debe también a los millones de inmigrantes del resto de España. Solo entre 1959 y 1975 llegaron a Catalunya 1,4 millones de ciudadanos, principalmente de las regiones del sur. En 1975, el 38,39% de la población catalana había nacido fuera de Catalunya. En Estados Unidos, Argentina y Nueva Zelanda, en el pico de las olas migratorias, la población extranjera nunca superó el 30%.

Es difícil comprender la separación en el marco europeo. Catalunya ha registrado un buen comportamiento económico en el conjunto de las regiones europeas. Por otra parte, las competencias de un nuevo Estado, sin moneda propia, sin presupuesto y con una legislación determinada en un 80% por Bruselas, no serían muy distintas de las que podría obtener con un nuevo acuerdo dentro de España. Desde una perspectiva democrática, el verdadero desafío son los grandes grupos financieros, cuyo poder rivaliza con los mayores Estados del mundo. Un nuevo y pequeño Estado significaría un retroceso en la pugna para controlar a las grandes corporaciones.

La integración económica y financiera en España es más intensa que nunca. Reivindicar la independencia es legítimo, pero los inconvenientes de la ruptura parecen muy superiores a sus posibles ventajas.