La nueva misión del Estado

La pandemia ha cambiado radicalmente el mundo en solo cuatro meses.  A finales de junio el número de contagiados por coronavirus superaba los 10 millones de personas y los fallecidos se aproximaban al medio millón, según la Universidad Johns Hopkins. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el parón económico ha destruido 365 millones de empleos en el planeta.

En España, el 28 de junio los fallecidos ascendían a 28.343 y los contagiados a 248.770, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. El impacto de la enfermedad en la economía ha sido el más devastador de los países desarrollados, con una caída del producto interior bruto (PBI) de hasta el 12,8%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El déficit y la deuda pública pueden alcanzar este año el 13,9% y el 123,8%, respectivamente. El Banco de España pronostica un aumento del desempleo hasta el 20% en el segundo trimestre.

Dos medidas del Gobierno han amortiguado el drama social: implementación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con 3,4 millones de trabajadores afectados, y la creación de un ingreso mínimo vital (IMV), que prevé aliviar a unos 850.000 hogares (2,3 millones de personas) con aportaciones de entre 461 y 1.015 euros mensuales, según el número de miembros.

De todas formas, el hundimiento de la economía ha supuesto una verdadera tragedia que ha sido más intensa entre los más pobres. Oxfam Intermón ha señalado que la pandemia podría incrementar en más de 700.000 el número de pobres, hasta alcanzar los 10,8 millones, el 23% de la población. Esta organización no gubernamental indica que las personas más pobres podrían perder proporcionalmente ocho veces más renta que las más ricas. En el mismo periodo (79 días) en que se ha producido este masivo empobrecimiento, los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza en 19.200 millones.

Con esta crisis se han acelerado los desahucios, especialmente por impagos de alquileres. El deterioro social se añade al agravamiento de los desahucios hipotecarios, que ya habían aumentado el 9,3%, el primer trimestre. Cáritas indica que más de 700.000 personas, acompañadas por la entidad, residen en hogares que no disponen de dinero para pagar la vivienda y los suministros y una de cada cuatro familias se ve obligada abandonar su residencia por desahucio o para buscar una más económica.

El mundo se encuentra en un momento de gran conmoción social que requiere una rápida y contundente respuesta de los Estados, como ya ocurrió tras la crisis mundial de 1929.  En 1933 el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt puso en marcha el New Deal con el objetivo de proteger a los trabajadores más pobres. 

Los cambios económicos deben respetar los derechos de las personas

Es urgente una reforma fiscal para evitar una catástrofe social

El profesor José Luis Sampedro, (1917-2013) en su esclarecedora obra Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, destacaba la importancia del libro de Keynes Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936) en la evolución del pensamiento económico. Sampedro subrayaba que el economista inglés “incorporó el paro a la teoría económica clásica, consagrando la indispensable función del Estado como ángel tutelar. La pura ciencia económica volvió a ser lo que había sido: economía política. Es decir, una ciencia social”.

Una década después, Reino Unido aprobó el Informe Beveridge (1942), que estableció la Seguridad Social moderna con la idea de que el Estado debía ocuparse del trabajador “desde la cuna a la tumba”. 

El actual desastre social requiere, como antaño, una urgente redefinición de la misión del Estado y su función protectora. Las instituciones públicas deben ampliar sus competencias para garantizar la salud, la protección de los mayores, la educación, el pleno empleo y la transición hacia una economía respetuosa con el medio ambiente. Las causas de la pandemia están estrechamente relacionadas con la destrucción del ecosistema. 

Esta crisis está acelerando la transformación de la economía. Es necesario que los cambios respeten e incluso amplíen los derechos. Lo contrario sería un retroceso social. Urge una nueva fiscalidad para las nuevas necesidades. La Plataforma por una Fiscalidad Justa (ATTAC, Ecologistas en Acción, Oxfam, Fiare y Gestha, entre otras organizaciones) ha propuesto un plan para recaudar 34.000 millones más. Hay más ideas. Todas coinciden en la urgencia de una reforma fiscal para allegar los fondos necesarios para evitar una catástrofe social.