La renuncia del magistrado Orduña
La inesperada renuncia presentada por Francisco Javier Orduña Moreno como magistrado del Tribunal Supremo ha causado una seria preocupación entre las asociaciones de consumidores y en medios jurídicos y académicos. El profesor Orduña ha anunciado que volverá a su cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, donde proseguirá sus investigaciones sobre el desarrollo de la teoría de la transparencia del que ha sido un destacado impulsor en España.
Orduña, (Valencia, 1959) ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Alto Tribunal del moderno derecho europeo de defensa de los consumidores mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos como el de la banca. Su labor ha quedado patente en relevantes sentencias de la que ha sido ponente y en decisivos votos particulares en los que expresaba sus disensiones de la mayoría de magistrados.
Orduña se ha inspirado en los estudios del filósofo y constitucionalista estadounidense Ronald Dworkin y del ensayista polaco Sygmunt Bauman. De este último ha tomado la idea de transparencia “como ideal de lo justo en las relaciones marcadas por la desigualdad de las partes y, por tanto, como un ideal de protección ética de la parte más débil, ideal sólido que se aparta de la mera apariencia de lo que él denominó como posverdad”, como ha señalado en su última obra La transparencia como valor del cambio social: su alcance constitucional y normativo.
Según Orduña para los españoles es incuestionable que la noción de transparencia, como ideal o referente, ha arraigado en las aspiraciones de cambio que reclama la sociedad civil. Señala que estas aspiraciones comportan “un auténtico cambio de cultura acerca de los nuevos paradigmas en los que los ciudadanos quieren asentar su relación con el Estado (transparencia política); su relación con la Administración pública, como administrados (transparencia administrativa) y sus relaciones contractuales predispuestas o bajo condiciones generales, como consumidores o clientes (transparencia privada o contractual)”.
Entre sus resoluciones más relevantes destaca el voto particular de 25 de marzo de 2015 en el que abogó por la devolución total de los intereses indebidamente cobrados por la banca a los titulares de hipotecas con cláusulas suelo. La redacción de este voto es un reflejo del talante del magistrado al reconocer su propio error en una sentencia anterior de mayo de 2013, “en la que yo mismo incurrí al ser firmante de la misma, sin ninguna observación al respecto”. La devolución íntegra de los intereses a los afectados por cláusulas suelo fue establecida en diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha beneficiado ya a más de medio millón de personas a través de reclamaciones extrajudiciales (525.463) y 81.280 sentencias.
En el asunto de las cláusulas suelo Orduña presentó nuevos votos particulares a las sentencias del Supremo (3 de junio de 2016) en la que ampliaba las reglas de transparencia a una profesional y 11 de abril de 2018, que consideró que las cláusulas suelo rebajadas seguían siendo nulas. Sus argumentos han servido de base para la presentación de nuevas preguntas al TJUE.
Mucho más relevante ha sido su posición ante las ejecuciones hipotecarias que han ocasionado cientos de miles de lanzamientos de familias. Se trata de un procedimiento de efectos fulminantes que a partir de la cláusula de vencimiento anticipado que permiten la ejecución hipotecaria por el impago de una sola mensualidad. En este caso su voto particular de 23 de diciembre de 2015 señaló que la sentencia el Tribunal Supremo infringía la directiva europea sobre cláusulas abusivas y que tras la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado debía procederse al sobreseimiento de la ejecución instada. Los razonamientos de Orduña han sido tomados como referencia tanto por el abogado general Maciej Szpunar como por la Comisión Europea en sus intervenciones ante el TJUE.
El asunto del vencimiento anticipado es de la máxima actualidad tras la reciente sentencia del TJUE del pasado 26 de marzo, (véase el Dossier). Hay más de 20.000 expedientes paralizados en las audiencias y juzgados de primera instancia desde hace más de dos años a la espera de lo que decidiera la Corte europea a las preguntas planteadas por varios tribunales entre ellos el Supremo. Juzgados y Audiencias de toda España están pendientes ahora de la interpretación que haga el Supremo de este asunto que inexplicablemente no se ha pronunciado a pesar de la urgencia manifiesta de las familias afectadas.
Cuando han transcurrido más de dos meses desde la sentencia del TJUE, resulta inexplicable que el Supremo no se haya pronunciado. Su inacción resulta más sorprendente aun si se tiene en cuenta que varios juzgados ya han interpretado la sentencia europea y han decido archivar y sobreseer las ejecuciones hipotecarias que estaban enjuiciando por estimar que el contrato puede existir sin esta cláusula abusiva.
La renuncia del magistrado Orduña será efectiva a partir del próximo 30 de junio. No sabemos si antes de esa fecha el Tribunal optará por dictar la esperada sentencia. Lo que sí sabemos es que su ausencia en el Supremo se echará en falta más que nunca en momento de profunda transformación de la economía y de las relaciones sociales.
