Las ganancias ilícitas de la banca
La acumulación de condenas judiciales a la banca por los cobros indebidos en distintos tipos de abusos ha puesto al descubierto que una parte de los ingresos de las entidades financieras y, por lo tanto, de sus beneficios han sido ilícitos. Los jueces europeos sancionaron el pasado diciembre a los bancos españoles a restituir a los ciudadanos lo que les habían cobrado de más a través de las cláusulas suelo al considerarlas abusivas y sin efectos para el consumidor.
Las cláusulas suelo son unos límites que los bancos establecieron en los préstamos hipotecarios, de en torno al 3%, que impedían a los titulares de estos créditos beneficiarse de la bajada de los tipos de interés. Constituían un seguro para los bancos, aunque lo enmascaraban con unas cláusulas techo del 15% al 20% para simular que también se protegía al consumidor si los intereses subían más allá de estos niveles, lo cual era claramente improbable. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció el pasado 21 de diciembre que estas cláusulas eran nulas y que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado de más a sus clientes desde el momento en que se incluyeron estas cláusulas.
El TJUE se ha convertido en el gran defensor de los consumidores españoles con una serie de sentencias que han anulado diversos tipos de cláusulas abusivas establecidas unilateralmente por la banca en los préstamos hipotecarios. La primera de estas sentencias fue la conocida como el caso Aziz, que estableció que se podía alegar la existencia de una cláusula abusiva para paralizar un procedimiento de desahucio. En España los desahucios han sido el gran drama de la crisis. Unas 110.040 familias han perdido su vivienda entre 2012 y 2014, según el Banco de España. Esta cifra hay que elevarla a más de 320.000 si se consideran los desahucios de primeras viviendas desde que empezó la crisis, en 2008, según Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La cuantía de lo cobrado injustamente por las entidades financieras sólo por cláusulas suelo, que afectan a más de 1,5 millones de hipotecas, entre 2009 y 2015, oscila entre los 7.600 millones de euros, según el Banco de España y los 9.743 millones estimado por Analistas Financieros Internacionales (AFI). Esta consultora ya reconoció a finales de 2015 que “en el entorno actual de tipos de interés tan reducidos, la aportación de las cláusulas suelo al margen de intereses supone una importante fuente de ingresos para el sector”.
Pero la cuantía de ingresos indebidos no se limita al generado por las cláusulas suelo. Las entidades financieras están siendo condenadas por los jueces por diferentes tipos de prácticas abusivas que van a suponer devoluciones de cantidades muy cuantiosas a los ciudadanos. Entre estas hay que señalar el uso del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), que las entidades incluyeron en las hipotecas para calcular el tipo de interés con la promesa de que era más estable que el Euribor.
La realidad ha sido todo lo contrario pues el IRPH ha sido siempre mucho más caro. Los jueces han calificado esta cláusula de nula por abusiva y el Banco de España ha reconocido que “cada caja podía influir en el resultado del IRPH Cajas aumentando los intereses aplicados por ella”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calcula que existen 1,3 millones de familias afectadas por este tipo de cláusulas.
La abogada Ingrid Sumarroca estima que “un consumidor con un préstamo referenciado al IRPH paga una media de unos 2.000 euros de más al año que con el Euribor”. Un estudio de Societé Générale calculó en 2013 que la sustitución del IRPH de las hipotecas por el Euribor podría costar a la banca hasta 1.000 millones de euros. Otras fuentes jurídicas y políticas elevan la cuantía del dinero extra ganado por los bancos por el uso del IRPH hasta 13.000 millones de euros.
Otra práctica abusiva condenada por los jueces es la imposición a los clientes de todos los gastos de formalización de las hipotecas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que hay seis millones de hipotecas en las que los consumidores han pagado estos gastos que suponen una media de 3.000 euros por contrato. Fuentes financieras estiman que la devolución de estos gastos cobrados de más supondría unos 1.500 millones de euros para la banca.
La devolución de estas sumas percibidas indebidamente se añade a las cuantías que las entidades financieras ya han tenido que devolver tras decenas de miles de sentencias por la mala comercialización de otros productos. Entre estos destacan las participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, swaps, venta de acciones, cuotas participativas y Valores Santander.
Posición difícil
Es cierto que la caída de los tipos de interés ha situado el negocio bancario en una posición difícil. Un reflejo de estas dificultades es que el coste del capital para los bancos alcanzó el 8% a finales de 2015, mientras que la rentabilidad del sistema bancario español fue sólo del 5,6%, según el Banco de España. Pero también hay que tener en cuenta que en ningún país europeo la banca ha sufrido una repulsa tan amplia y masiva por parte de los jueces y una pérdida de reputación tan grande entre los ciudadanos sólo superada por Irlanda debido a la generalización de prácticas abusivas.
De todas formas, a pesar de las dificultades señaladas desde el punto de vista de los beneficios, la banca española obtuvo una rentabilidad sobre fondos propios el año pasado del 6,1%, ligeramente por encima de la media europea, según la Autoridad Bancaria Europea.
Hay que tener en cuenta que las cantidades reales que efectivamente devolverán los bancos serán muy inferiores a las cifras barajadas. Según las estimaciones divulgadas por la agencia Efe, las ganancias de los seis grandes bancos se reducirán en 10,5% debido a las provisiones efectuadas por las cláusulas suelo. Las provisiones efectuadas se limitarán a 1.182 millones de euros, mientras que los beneficios ascenderán a 10.093 millones de euros.
El práctico bloqueo de los juzgados por el alud de reclamaciones refleja que los efectos de la crisis bancaria serán mucho más cuantiosos y de efectos más retardados de lo previsto. Las promesas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y varios miembros de su Gobierno de que la crisis bancaria “no tendrá coste para los ciudadanos” quedarán como el ejemplo más representativo de la post verdad de esta época. El informe del Tribunal de Cuentas sobre la reestructuración bancaria del pasado enero reveló que las actuaciones entre 2009 y 2015 exigieron 122.122 millones de euros de recursos públicos comprometidos y un coste de 60.718 millones. Pero esta crisis no se puede dar por cerrada. Es significativa en este sentido la advertencia del informe: “La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva en tanto no estén finalizadas todas las consecuencias de los procesos de reestructuración”.
Es evidente que este modelo de banca que precisa sistemáticamente las muletas del Estado y del Banco de España no es sostenible. Los jueces europeos nos lo están recordando continuamente. Urge una reconversión del sector que destierre las malas prácticas y recupere la confianza de los ciudadanos. Los bancos públicos Bankia y BMN ya han reaccionado positivamente al anunciar que devolverán todo lo cobrado de más a sus clientes. Un ejemplo que deberían seguir los demás.
