Las tareas del día siguiente
España entera se halla conmocionada por los terribles atentados yihadistas registrados en Barcelona y Cambrils los pasados 17 y 18 de agosto que han segado la vida de numerosos inocentes de distintos países. Es difícil imaginar que una atrocidad tan inmensa no vaya a tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas y no vaya a condicionar nuestras futuras relaciones políticas y sociales.
Para la mayoría de ciudadanos ha sido un aterrizaje forzoso a una realidad que confiábamos en que no llegaría nunca. Pero después de Niza, Londres, Berlín, París y Bruselas era realmente muy difícil esquivar este último zarpazo. El dolor de la que parecía ya lejana tragedia de Madrid de 2004 ha vuelto repentinamente. Estamos donde estábamos.
El delirio deshumanizado que impulsa este reguero de criminales atentados pretende responder al trato que ha dado Occidente a varios países con bombardeos masivos sobre poblaciones indefensas, destrucción de ciudades y Estados enteros, y un apoyo decisivo pensando sólo en los intereses económicos a regímenes que se sostienen solamente en base a la tortura. Hay demasiada violencia acumulada, demasiados saqueos de países, demasiados miles de ahogados en nuestras riberas para esperar soluciones fáciles a este desorden.
Estos atentados, de los que las poblaciones musulmanas han sido las mayores víctimas en sus propios territorios, golpean ahora a nuestro país, cuya ciudadanía se encontraba ya sumida en una insostenible tensión social. Una década después de que estallara la crisis financiera en EE UU, un tercio de la población española no consigue escapar de la pobreza. Muchos siguen en el paro o sólo encuentran trabajos precarios.
La desazón social se extiende, además, a amplias capas de la sociedad por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de la red de seguridad constituida por las pensiones y los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y la protección social. Esta es también nuestra realidad social.
La profunda conmoción que han provocado los recientes atentados terroristas debería abrir una reflexión sobre la manera en que abordamos y resolvemos nuestros viejos contenciosos. Muchos de nuestros problemas han quedado empequeñecidos ante la magnitud de los dramas a los que estamos asistiendo. La sacudida emocional invita a una revisión de nuestras prioridades y centrarnos en las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos como son la seguridad, el desempleo, la pobreza, la vivienda y la sostenibilidad del medio ambiente.
El derecho a unos salarios decentes no puede verse anulado simplemente por falsos argumentos de competencia. El conflicto de los servicios de seguridad del aeropuerto de El Prat de Barcelona de este verano constituye una prueba elocuente de cómo determinadas privatizaciones sólo han conducido a un deterioro de la calidad del servicio propiciando beneficios injustificados a las empresas favorecidas. Urge adecentar la organización del mercado laboral.
De la misma manera, la defensa de unos derechos y servicios públicos fundamentales constituye una clara prioridad para los ciudadanos. Es una defensa que no puede verse distorsionada por una equívoca confrontación entre territorios.
La distribución de los recursos financieros entre las autonomías para que atiendan los servicios que tienen encomendados se ha convertido en un áspero litigio. El diseño del Estado autonómico ha conducido a un determinado reparto de funciones y recursos en la gestión del Estado de bienestar y a un perverso sistema de financiación. Básicamente, el Gobierno central gestiona las pensiones y el seguro de desempleo y las comunidades autónomas, la sanidad, la educación y la protección social. Pero mientras que el Gobierno central dispone de la financiación necesaria para sus competencias, las autonomías tienen el servicio pero no el dinero para su realización. Lamentablemente, la pugna territorial está suplantando la defensa de los derechos sociales, que son los que condicionan realmente la vida de los ciudadanos.
Las comunidades autónomas han tenido que afrontar la parte más dura de las políticas de austeridad por falta de recursos con un recorte del gasto en sanidad, educación y protección social que sólo entre 2011 y 2014 ha sido del 12,3%, según Fedea. Un estudio de la Universidad de Valencia y el Ivie revela que España gasta un 25% menos que los países de la zona euro en sanidad, educación y protección social y que desde 2009 ha aumentado la diferencia.
Por otra parte, distintos estudios coinciden en que las autonomías peor tratadas por la falta de los recursos son la Comunidad Valenciana y Murcia. La revisión del sistema de financiación autonómica lleva ya tres años de retraso y la responsabilidad corresponde al presidente del Gobierno. Este despropósito se ha visto agravado por la negativa del Gobierno catalán a participar en las reuniones de expertos. La irresponsabilidad de ambas partes es difícilmente tolerable. Lo que está en juego es un sistema de derechos y servicios públicos iguales para todos.
Barcelona y Catalunya están recibiendo una impresionante muestra de solidaridad del resto de España y de numerosas ciudades de todo el mundo. Habría que aprovechar toda esta fenomenal energía para que las distintas fuerzas políticas se comprometieran a inaugurar una nueva época política. Una etapa que afrontara con espíritu constructivo los desafíos que de verdad angustian a los ciudadanos tanto en materia de seguridad como de derechos y servicios públicos fundamentales.
