Los estragos del falso mercado eléctrico

El funcionamiento del mercado eléctrico en España durante los últimos años está causando graves desigualdades. En realidad, estamos ante un falso mercado que es muy beneficioso para las compañías y pernicioso para los consumidores. Dos rigurosos informes, del Comité Económico y Social (CES) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), proporcionan datos muy relevantes para comprender este sector que afecta decisivamente a ciudadanos y empresas.

La primera constatación es que el aumento creciente de los precios de la electricidad y el descenso de las rentas de los hogares durante los últimos diez años han supuesto un notable crecimiento de la vulnerabilidad energética. Así, en 2016, el 10,1% de las familias reconocían su incapacidad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, cuando en 2008 era sólo el 5,9% de la población. Esta situación afecta a un segmento creciente de la clase media para el que el encendido de la calefacción es prohibitivo.

Este deterioro se ha producido en un período en el que las grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo) han aumentado mucho sus ganancias. Su rentabilidad ha pasado del 6,5% en 2013 al 8,16% en 2016.

Por otra parte, las eléctricas perciben una parte muy importante de sus ingresos en distribución por la llamada “tasa de retribución financiera”, que está en el 6,5% y que se suma a la amortización de los activos de la red. Esta tasa se calcula sumando el rendimiento de los bonos del Estado a diez años más 200 puntos básicos (2%). La bajada de los tipos de interés, próximos a cero, supone que a partir de enero de 2020, la retribución financiera será muy inferior. El Gobierno asegura que mantendrá la rebaja prevista.

Las empresas, sin embargo, han realizado unas previsiones de aumento de los beneficios crecientes para los próximos años. Unos beneficios que en un 88% reparten a sus accionistas en concepto de dividendos. Las compañías prevén incrementos crecientes de sus ganancias y dividendos hasta 2020.

Este panorama floreciente para las compañías comporta penosos costes para los consumidores, que ven como su incomprensible factura de la luz registra subidas sistemáticas. La formación de los precios de la luz está oscurecida por la opacidad del mercado. La cuestión está en que el precio final de la electricidad depende en gran medida del mercado del gas, aunque sólo representa el 10% del total. Se da la circunstancia de que la producción de gas es habitualmente la más cara y de esta manera condiciona el precio final de la energía que se traslada a la factura de los consumidores.

La CNMC abrió un expediente el pasado diciembre a Endesa y Gas Natural por realizar ofertas desproporcionadas en el mercado de algunas de sus centrales de gas. En 2014 expedientó a Iberdrola por supuesta manipulación de los precios, lo cual ha comportado que la Fiscalía le abriera diligencias.

En España el 55% de la factura son costes regulados. Esta es la parte en que los grupos integrados verticalmente (generación, distribución y ventas) ganan más dinero y les permite garantizar un rendimiento seguro por el bajo riesgo del negocio para captar inversiones internacionales. Es lo que algunos expertos llaman “abusividad reguladora”. Hay dos ideas básicas sobre los precios de la electricidad, que el año pasado subió un 12%: el negocio está en la parte regulada y el grueso de los beneficios se obtiene en la distribución y a ella sólo acceden las cinco grandes compañías.

En relación con la factura, resulta injustificable que se pague más por la potencia contratada que por el consumo, desincentivando así cualquier voluntad de ahorro. Además, en la factura hay conceptos como las ayudas al carbón o a las renovables que son más propios de política económica y deberían estar en los presupuestos del Estado.

La Unión Europea ha dado claras respuestas al problema de la pobreza energética en las Directivas sobre electricidad y gas de 2009.  En ellas se establece que los Estados “deben garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables”. Las directivas también señalan que los Estados deberán definir el “el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en periodos críticos”.

España incumple estas exigencias. La respuesta ha sido la creación del bono social que puede suponer descuentos de entre el 25% y el 40% de la factura, que es notablemente insuficiente. El bono social, al que se acogerán unos 2,5 millones hogares, es sólo una rebaja lineal, que exige presentar mucho papeleo de los consumidores para lograrlo. En Catalunya, la aplicación de la Ley 24/2015 ha permitido evitar 39.000 cortes de luz entre julio de 2015 y diciembre de 2016, según la Alianza contra la Pobreza Energética. María Campuzano, portavoz de la Alianza, recuerda que “esta ley, que fue fruto de una iniciativa legislativa popular, estableció el principio de precaución que obliga a las empresas a consultar a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro para averiguar si se trata de personas vulnerables”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó el pasado enero una proposición de ley en el Congreso sobre emergencia habitacional que plantea medidas específicas para afrontar la pobreza energética. Propone establecer “una tarifa social que garantice un mínimo de suministro a los hogares determinados como vulnerables” y precisa que “ningún hogar vulnerable podrá ser privado del acceso a los suministros básicos, no pudiéndose realizar el corte del suministro”.

La conclusión es que tenemos un sistema eléctrico que agrava las desigualdades y es muy poco eficiente al producir unas de las energías más caras de la UE. La liberalización y regulación de 1997 causa graves perversiones. Es urgente su reforma. Se necesita una legislación que incorpore plenamente las nuevas tecnologías (eólica y fotovoltaica) más respetuosas con el medio ambiente y más económicas, regule la autoproducción, limite los costes de la red y salvaguarde a los consumidores, en especial a los vulnerables. Como ocurre en el sector financiero, es necesario acudir a las instituciones europeas para romper el oligopolio y acabar con los abusos.