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Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. El éxito de esta mujer neoyorkina no deriva de su juventud, 29 años, sino de las ideas medioambientales y de justicia social que pregona. Ocasio- Cortez defiende aplicar un tipo fiscal máximo de hasta el 70% para las rentas más elevadas para recabar fondos para luchar contra el cambio climático. La congresista latina ha recordado que en Estados Unidos ya se aplicaron tipos fiscales máximos del 91% en la década de 1950. Y ha precisado que actualmente Suecia aplica tipos del 70% a los trabajadores que obtienen ingresos superiores a los 98.000 dólares anuales, según recoge la revista progresista Jacobin.
Al mismo tiempo, la veterana senadora demócrata estadounidense Elisabeth Warren ha anunciado su precandidatura a las elecciones presidenciales de su país. Warren se ha caracterizado por la defensa de la clase media y una crítica incisiva a la desregulación financiera de un Gobierno que considera cautivo de los ricos y los poderosos. Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, comprometida defensora de los emigrantes en la América de Trump, revalidó la presidencia de la Cámara de Representantes con una victoria sin precedentes desde hace varias décadas. En Estados Unidos ha vuelto a crecer la esperanza esta vez de la mano de las mujeres, sin olvidar al veterano defensor de los trabajadores y senador demócrata Berni Sanders.
Frente al dominio actual de las políticas de extrema derecha y gobiernos populistas en Estados Unidos, Brasil, Hungría o Polonia, hay una creciente contestación social ante el insoportable aumento de las desigualdades y el retroceso en los derechos civiles. Las movilizaciones registradas en Francia promovidas por los llamados chalecos amarillos son un claro reflejo del malestar existente por el empobrecimiento de amplios sectores sociales.
Oxfam Intermón ha confirmado con cifras la percepción de empobrecimiento general y aumento generalizado de las desigualdades. En el mundo, la fortuna de los multimillonarios aumentó el 12% en el último año, mientras que la riqueza de la mitad más pobre se redujo el 11%.
El poder de las multinacionales y los paraísos fiscales frente a los Estados es una de las principales causas del aumento de la pobreza en los países menos desarrollados. Según Oxfam Intermón, los países pobres pierden 170.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales cada año por la evasión de las grandes empresas y fortunas que son necesarios para los servicios públicos básicos. Esta cifra significa más del doble de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unión Europea, que en 2016 aportó 75.500 millones de dólares, según la OCDE.
En España la crisis ha significado un fuerte aumento del desempleo, que a pesar de los cinco años de crecimiento económico todavía se mantiene en 3.202.297 parados, un millón más que antes de la crisis. El deterioro económico de la última década ha arrinconado a más de una cuarta parte de la población, el 26,7%, según Eurostat en situación de exclusión social. Esto significa que durante los últimos 10 años el número de personas en riesgo de pobreza ha aumentado en 1.450.000 personas hasta alcanzar los 12,2 millones.
La pobreza tiene un grave impacto sobre la salud. La diferencia en la esperanza de vida de las personas de los barrios más ricos y más pobres de ciudades como Barcelona llega a los 11 años y a los siete años en Madrid.
La marginación social se ha agudizado especialmente en España por la pérdida de la vivienda de muchas familias. Numerosos propietarios de edificios han vendido inmuebles enteros a Socimis e inversores internacionales que después no han renovado los contratos de alquiler. Miles de personas han sido desalojadas de sus casas sin poder acceder a otros pisos debido a la imposibilidad de encontrar habitación por el encarecimiento de los alquileres y la dureza de las condiciones establecidas en los contratos.
Los bancos españoles, por su parte, han vendido masivamente a fondos internacionales importantes paquetes de activos inmobiliarios, por una cuantía de unos 130.000 millones en los últimos dos años, con descuentos de hasta el 60% de su valor de adquisición. La operación incentivada por las autoridades que priorizan el saneamiento bancario a consideraciones de tipo social ha dejado en una situación de indefensión a muchos inquilinos que no pueden negociar con los nuevos dueños.
Algunas entidades como BBVA, Sabadell y La Caixa han empezado a negociar con los afectados el establecimiento de alquileres sociales tratando de restaurar su reputación hundida por el cúmulo de malas prácticas realizadas durante los últimos años.
Los residentes en viviendas de alquiler han sufrido un último revés por la incapacidad de la izquierda para aprobar un nuevo decreto ley que elevaba de tres a cinco años la duración de los contratos. Podemos votó en contra porque la nueva norma no facultaba a ayuntamientos y comunidades autónomas limitar la subida de los alquileres que habían pactado con el PSOE.
La pérdida de la vivienda ha provocado un fuerte aumento de las ocupaciones, la mayoría de personas necesitadas. En Cataluña el delito de usurpación (ocupación de inmuebles) ha pasado de 754 casos en 2006 a 5.773 en 2015, según el informe ¡La vivienda para quien la habita!, de la Obra Social de la PAH, que utiliza datos de la fiscalía.
El clima de malestar generalizado solo puede ser afrontado con un mayor peso del Estado que refuerce los servicios públicos para compensar a los perdedores de la crisis y su capacidad regulatoria. Ni las pensiones, la sanidad, la educación y la vivienda tienen solución sin más recursos públicos. Tampoco se eliminarán las malas prácticas financieras sin más poder de los Estados y los organismos supranacionales. Está claro que hacen falta otros gobiernos.
FOTO PORTADA: Wall Street, distrito financiero de Nueva York. FOTO: Thinkstock
