Presupuestos: más división social
Los presupuestos del Estado que ha presentado el Gobierno para 2017, con seis meses de retraso, constituyen una buena muestra del escaso interés del Ejecutivo para adaptar las cuentas públicas a las urgentes necesidades de los ciudadanos más vulnerables. Durante los últimos años, los ajustes que aplicaba el Gobierno se habían justificado por la mala coyuntura económica y la conveniencia de sanear las cuentas públicas. Sin embargo, en esta ocasión, el documento que recoge las decisiones más importantes de la política económica y social parte de una perspectiva en teoría más alentadora.
Según reconoce el texto oficial, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 “se enmarca en un contexto económico favorable”. Esta visión de prosperidad se apoya en unas previsiones de crecimiento de la economía para este año del 2,5%, que posteriormente el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha elevado hasta el 2,7%.
Pues bien: esta proyección de bonanza económica no se emplea en absoluto para corregir los desequilibrios que está generando este mismo despegue en sectores tan problemáticos como es el de la vivienda en las grandes ciudades. Fenómenos como la gentrificación, barrios que se ponen de moda por la intensa afluencia del turismo, disparan los precios con las consecuencias de expulsión de los antiguos residentes y la imposibilidad de acceso a la vivienda para los jóvenes.
A pesar de esta situación de deterioro de los derechos, los presupuestos para este año prevén una caída del 22% de los recursos destinados a la promoción de vivienda, hasta situarse en la raquítica cifra de 467 millones de euros, que representan el 0,1% de volumen total del gasto público previsto. De esta forma, el Gobierno deja exclusivamente en manos de los municipios la política para hacer frente a la creciente escasez de habitaciones en las grandes poblaciones. Una situación especialmente gravosa para los jóvenes, que además soportan una tasa de paro del 40%. La falta de vivienda pública que estabilice el mercado es otro factor que ha contribuido a que los precios se disparen y a que muchos inquilinos se vean expulsados de sus casas. En 2016, más de la mitad de los 60.000 desahucios corresponden a contratos de alquiler.
Otro colectivo ignorado, que permanece completamente al margen de la bonanza económica prevista por las cuentas públicas, es el de los desempleados, para los que se prevé un importante recorte de las ayudas públicas. Éstas se situarán en 18.318 millones, el 6,6% menos que el año anterior. Hay que tener en cuenta que la situación de este colectivo no puedes ser más desesperada después ocho años de crisis. Los parados de larga duración sólo perciben 426 euros mensuales temporalmente. La situación es especialmente insostenible para los desempleados mayores de cincuenta y cinco años, un segmento que se ha triplicado desde antes de la crisis. Este colectivo se verá además afectado negativamente por su pensión, que sufrirá recortes de hasta el 40%. Estos drásticos ajustes en gastos de necesidades sociales urgentes contrastan con la fuerte subida de los recursos destinados a Defensa, que se incrementan en un 30%.
Una vez más, el Gobierno ha vuelto a ocultar el serio desafío que plantea el déficit del sistema de pensiones, que requiere una nueva adaptación para asegurar su estabilidad futura. Durante todos los años del mandato de Rajoy, el déficit de la Seguridad Social se ha compensado con el recurso al Fondo de Reserva, que ha descendido desde los 67.000 millones de euros existentes en 2011 a los 15.000 millones actuales. Pero la apelación a este fondo ya no será posible este año, para el que se prevé un déficit de la Seguridad Social de 16.650 millones.
El Gobierno ha recurrido esta vez al endeudamiento, porque tampoco quiere pasar a la historia como el liquidador de la hucha de las pensiones. Para cubrir el agujero, los presupuestos del Estado incluyen un préstamo del Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social de 10.129 millones de euros y para el resto acudirá al Fondo de Reserva, que quedará reducido a unos 8.600 millones de euros a finales de año. Se trata de una decisión que sólo aplaza el problema, típica del Gobierno Rajoy, y pasa la patata caliente al Pacto de Toledo, donde deberá alcanzarse un acuerdo entre todos los partidos políticos.
Otro capítulo importante que ha despertado un amplio malestar entre las comunidades autónomas ha sido el recorte de las inversiones en infraestructuras. Los fondos destinados a inversiones en obra pública se reducirán en un 21%. Especialmente preocupante es el descenso de la inversión pública regionalizable, que cae un 22%. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades más perjudicadas, con recortes superiores al 30%.
La situación financiera en las comunidades autónomas es explosiva porque las restricciones actuales de inversión se suman a los tres años de retraso de la revisión del modelo de financiación autonómica. Un caso especialmente crítico es el de la Comunidad Valenciana, en donde la censura al plan de inversiones del Gobierno ha logrado unir a todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular.
Varios analistas critican con razón el optimismo de las cuentas públicas, que prevén un aumento de la recaudación del 7,8%. Pero esto no es un problema para un Gobierno que nunca cumple las previsiones.
