Reconstruir el contrato social europeo
Hace un año los 200 mandamases de las grandes multinacionales estadounidenses que integran la Mesa Redonda de los Negocio sorprendieron al mundo con una insólita declaración: “El propósito de las corporaciones no debe ser solo maximizar los beneficios para los accionistas”. Proclamaron que los objetivos de las empresas deben incluir también “compensar justamente a los trabajadores”, “tratar justa y éticamente a los proveedores” y “proteger el medio ambiente acogiendo prácticas sostenibles en nuestras empresas”.
Aunque hasta el momento las consecuencias prácticas de aquellas buenas intenciones han sido casi nulas, la declaración fue un reconocimiento explícito de la insostenibilidad del capitalismo actual. Significó también la desautorización de Milton Friedman, el gran referente del capitalismo duro, que había escrito en 1970 que la responsabilidad social de las empresas "es aumentar sus ganancias”.
Pocos meses después de aquel pronunciamiento estalló la pandemia de covid-19 que ha sacudido al mundo entero y ha puesto al descubierto la falta de legitimidad del capitalismo dominante. La crisis subsiguiente a la pandemia ha supuesto la pérdida de 495 millones de empleos, según la OIT. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han sido catastróficas y han mostrado la inviabilidad de la organización económica mundial.
La covid-19 ha puesto de relieve la falta de legitimidad del capitalismo dominante
El rechazo del Estado de derecho en Polonia y Hungría es el riesgo más grave para Europa
La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de un nuevo modelo de globalización que atienda a todos los ciudadanos. Ninguno de los grandes desafíos globales (sanitario, climático, flujos migratorios y guerras comerciales) puede afrontarse desde la perspectiva individual de los Estados, por grandes que sean. Maria João Rodrigues, presidenta de la Fundación para Estudios Progresistas Europeos, ha señalado: “La pandemia de covid-19 ha dejado claro que nuestros desafíos más críticos son transnacionales y solo pueden abordarse mediante una acción coordinada”. Considera necesario “ir más allá del multilateralismo y del capitalismo actuales”.
Las deficiencias en las relaciones internacionales son palpables también dentro de la Unión Europea. Las guerras fiscales entre Estados miembros han impedido detener la carrera a la baja en la recaudación del impuesto de sociedades y ponen en peligro la financiación de los Estados de bienestar. En la UE las tasas impositivas nominales medias del impuesto de sociedades han descendido desde el 35% en 1995 a menos del 20% en la actualidad. Y en algunos países, como Irlanda, donde muchas multinacionales han desviado sus beneficios, el tipo efectivo está cercano al cero.
Tax Justice Network estima que los Estados pierden cada año 360.000 millones de euros por las transferencias de beneficios de las multinacionales y los envíos de los individuos más ricos a los paraísos fiscales. Si se incluyen las pérdidas indirectas, el volumen de transferencias se eleva a 826.000 millones. El FMI ha cifrado en 650.000 millones el volumen de los flujos ilícitos hacia los territorios de baja o nula tributación. En España, las pérdidas causadas por la fuga de beneficios a los paraísos fiscales ascendieron a 3.690 millones.
Recursos esenciales
Los esfuerzos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la UE para atajar este robo de recursos esenciales para financiar los derechos básicos en sanidad, educación, pensiones, vivienda y servicios sociales han sido burlados por los defraudadores. El economista Paul Sweeney ha señalado en Social Europe: “el contrato social europeo está roto porque las empresas más grandes ya no contribuyen de forma adecuada a la financiación de servicios públicos y a la infraestructura que utilizan”.
En Europa hay una conciencia creciente de la necesidad de establecer un nuevo contrato social para mantener los valores que han forjado la Unión. La Comisión Europea ha dado algunos pasos como la recomendación de no dar ayudas públicas a las empresas vinculadas a los paraísos fiscales. La presidenta Ursula Von der Leyen ha reconocido la “fragilidad de nuestra comunidad de valores”. El rechazo al Estado de derecho en Polonia y Hungría constituye el riesgo más grave. Afirmar la democracia es la tarea más urgente. Una Europa democráticamente fuerte es la mejor garantía para salvaguardar los derechos civiles y sociales en una Unión que pueda servir de referencia a todos los ciudadanos del mundo.
