Salarios dignos para pensiones decentes
Las pensiones públicas constituyen el cemento de nuestro Estado de bienestar. Este año se dedicarán 153.864 millones de euros a ellas, lo que representa el 73% del gasto social. Las pensiones públicas son el principal mecanismo de redistribución de la renta en España y sus beneficiarios se extienden mucho más allá de sus casi nueve millones de perceptores directos. Estas prestaciones son unos ingresos complementarios para familiares de muchos pensionistas.
El sistema público de pensiones es la principal seña de identidad de nuestro sistema social, que se consolidó a partir de las movilizaciones y pactos acordados desde la transición hasta alcanzar el 11,5% del PIB, casi el triple de 1978.
Esta historia y esta realidad social son razones más que suficientes para dedicar todo el empeño en asegurar el futuro de las pensiones, que es también el principal estabilizador de nuestra democracia.
El sistema español de pensiones públicas es de reparto. Esto implica que las cotizaciones (123.000 millones de euros) aportadas por las empresas y los trabajadores de hoy (2019) sostienen la mayor parte del gasto. Para cubrir las necesidades totales se precisan, además, unos 15.000 millones de aportaciones del Estado y el recurso al endeudamiento público por otros 15.000 millones. La aportación del Estado se destina principalmente a mejorar las pensiones mínimas (7.337 millones de euros), que, pese a ello, siguen siendo muy bajas; las prestaciones no contributivas (4.458 millones) y la dependencia, (1.723 millones).
El primer problema del sistema es que una parte significativa de los beneficiarios reciben pensiones muy insuficientes. No es un buen criterio hablar de pensiones medias. Hay que tener en cuenta que en 2018 más de cuatro millones de pensionistas (el 46%) percibieron como máximo 800 euros mensuales. En el caso de las viudas, esta cuantía la recibieron 2,5 millones de mujeres, el 60% del total. Es evidente que la insuficiencia de las prestaciones es la primera preocupación que hay que tener en cuenta.
El segundo desafío es que el sistema público de pensiones es deficitario y hay que recurrir al endeudamiento para su mantenimiento. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), hay un déficit estructural de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, (entre 15.600 y 18.000 millones de euros anuales). Este grave problema fue ocultado durante los años del Gobierno del PP por el recurso al Fondo de Reserva, que había llegado a acumular más de 60.000 millones de euros en los primeros años de este siglo. Casi agotado el fondo, los Gobiernos han acudido sistemáticamente al endeudamiento. La deuda acumulada supera los 50.000 millones de euros.
Resulta una auténtica irresponsabilidad cubrir una parte del gasto de pensiones con endeudamiento. Supone incrementar la carga a las futuras generaciones, cuya situación presenta ya de por sí mayores desafíos por los efectos del creciente envejecimiento de la población. A corto plazo, la necesidad de eliminar el déficit es la tarea más urgente. La fórmula más lógica es que el Estado financie el agujero actual mediante impuestos. La propia AIReF considera: “es factible y deseable que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado”.
A medio y largo plazo los problemas se agravarán principalmente por la evolución demográfica. A partir de mediados de la próxima década, empezará a jubilarse la generación del baby boom, integrada por los nacidos entre finales de las décadas de 1950 y 1970. Se trata, no obstante, de un problema manejable. El gasto de pensiones en España con relación al PIB es inferior al de la media de la zona euro (12,5%) y a otros países próximos como Italia (16,2%), Francia (15%), Austria y Finlandia (14,4%) y Portugal (13,9%).
El problema del envejecimiento de la población se puede afrontar profundizando en las medidas adoptadas en la reforma socialista de 2011. Se trataría de elevar la edad efectiva de jubilación que actualmente es muy baja (62,4 años), por el abuso de las prejubilaciones por parte de grandes empresas, que está alejada en más de 2,5 años de la edad legal, y está muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) que es de 64,3 años. Otra medida sugerida por esta autoridad es aumentar el periodo de cálculo de la pensión fijado actualmente en 20 años, que llegará a los 25, en 2022.
Sin embargo, la principal fuente de ingresos la seguirán constituyendo las cotizaciones sociales, que dependen del número de trabajadores del nivel salarial. La fuerte creación de empleo de los últimos años ha sido insuficiente para reequilibrar el sistema de pensiones debido de desvalorización de los salarios, que, a su vez, está ocasionando graves problemas de estabilidad a los jóvenes.
La subida del salario mínimo en un 22% ha sido la mejor medida para afrontar tanto unas mínimas condiciones de vida para los jóvenes como para favorecer la financiación de las pensiones. Estos días, hemos conocido la triste noticia del fallecimiento del economista estadounidense Alan Krueger, que revolucionó la economía con sus estudios. Estos probaron que la subida del salario mínimo no afectaba al empleo. Sin salarios dignos no habrá pensiones decentes. Krueger es un buen referente para que los partidos asuman sus responsabilidades y vuelvan a sentarse para recuperar el Pacto de Toledo que tan buenos frutos ha dado.
