Una banca insostenible
En los últimos meses se han sucedido varias resoluciones judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, que suponen un serio varapalo a los abusos bancarios. La última resolución del Tribunal Supremo del pasado 15 de febrero acordó la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo. El máximo tribunal se vio obligado adaptar su jurisprudencia a la sentencia del TJUE del pasado diciembre. La aplicación de esta doctrina ha supuesto que el BBVA, uno de los bancos con más afectados, deberá devolver todos los intereses excesivos que había cobrado indebidamente. Hasta ahora la única entidad que se ha visto liberada ha sido la Caja Rural de Teruel, al comprobarse que sus cláusulas suelo no eran abusivas, por ser transparentes debido a que eran comprensibles por sus usuarios.
Estas sentencias han sido una importante conquista de los ciudadanos después de una larga batalla jurídica que empezó en 2010. La decisión podría afectar a más de un millón de familias. Hay millares de procedimientos en los juzgados y otras tantas demandas pendientes de presentarse. El contencioso, sin embargo, no está resuelto aún. Hay bancos que se resisten todavía a aceptar la nueva realidad. El Real Decreto del Gobierno del pasado enero ha sido un último balón de oxígeno del Ejecutivo a la banca, a la que ha concedido cuatro meses más para tratar de arreglar sus cuentas con los clientes.
Frente a los bancos obstinados en no reconocer sus obligaciones que establecen los jueces, alguna entidad como Bankia ha decidido poner fin a los litigios sin más dilaciones y devolver los intereses excesivos que había cobrado indebidamente a sus clientes. Es un gesto que sin duda se traducirá en la mejora de su reputación entre su clientela y la de la competencia. Algunos analistas han querido devaluar esta decisión con el argumento de que al tratarse de una banca pública es una decisión sin mérito porque paga con el dinero público. Es una acusación de frágil fundamentación. Ciertamente, Bankia es una entidad controlada mayoritariamente por el Estado, de lo que se deduce una mayor responsabilidad social. Pero este es precisamente uno de los aspectos positivos de contar con una parte del sistema financiero que sea público, porque puede servir de referente de buenas prácticas para las demás entidades financieras. Por otra parte, la participación del Estado en Bankia es del 65%. Esta entidad tiene centenares de miles de accionistas, muchos de los cuales son también depositantes y tenedores de hipotecas que comprenden mejor que nadie la decisión de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Un ejecutivo que, sin embargo, no cesa de manifestar su deseo de acelerar el proceso privatizador de la entidad.
La decisión de Bankia de devolver el dinero a decenas de miles de hipotecados ha puesto al descubierto que todos los “trastornos económicos” que habían alegado el Gobierno y el Banco de España ante los tribunales para que los bancos no se vieran obligados a devolver el dinero cobrado indebidamente, carecían de todo fundamento.
Otra decisión quizá de mucho mayor calado ha sido la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo al TJUE el pasado 8 de febrero. Según el magistrado José María Fernández Seijo, pionero en la defensa de los derechos de los hipotecados, la decisión de los jueces de Luxemburgo podría suponer la paralización de todos los procesos de desahucio.
Estas decisiones judiciales sólo son la punta de lanza de la avalancha de procesos en marcha por las cláusulas y prácticas abusivas que durante los últimos años se han colado en las hipotecas. En este sentido, es significativo el mea culpa entonado nada menos que por el consejero del Banco de España Guillem López Casasnovas. El catedrático de Economía ha detallado en un sorprendente artículo en La Vanguardia , una larga lista de malas prácticas: “Hemos visto participaciones preferentes, subordinadas y acciones vendidas en la red de oficinas; cláusulas tierra escondidas o mal explicadas; swaps [permuta de intereses] vendidos a personas inadecuadas; productos estructurados incomprensibles; bonos de alto riesgo mal explicados o colocados a quien no correspondía; participaciones en fondos no bien estudiados como para poder ser ofrecidos a la clientela (por ejemplo, Fondo Madoff); gastos notariales y otros costes siempre a cargo del consumidor; comisiones por descubierto abusivas; cargos por administración de depósitos poco claros; comisiones excesivas en fondos de inversión sencillos; emisión de tarjetas de crédito sin que nadie las solicitara; hipotecas con préstamos sobre el valor de las garantías (loan to value) superior al 80% y al 100% sin explicar la inexistencia de la dación en pago y sin referencia al riesgo de la bajada del precio de los inmuebles; hipotecas multidivisa sin explicar los riesgos; obligación de contratar seguros de vida con la aseguradora del banco al contratar la hipoteca; cuentas vinculadas a cambios anuales de comunicación sin exigir conformidad de los receptores”. Esta larga lista de atropellos merece toda la credibilidad por venir de un consejero del supervisor que reconoce que “falta autocrítica de las instituciones responsables sobre qué ha fallado, por qué el Banco de España no hemos sido más proactivos y la Comisión de Valores ha hecho poco por explicar lo que se ha hecho bien y lo que no (señalando si hace falta a los que lo han hecho mal)”.
La realidad es que la situación de la banca es bastante más grave. Desde el punto de vista de los consumidores en España llevamos más de veinticuatro años de retraso en el reconocimiento de los derechos de los consumidores. Lo que están resolviendo hoy los tribunales se fundamenta en una directiva europea de 1993.
Pero también desde el punto de vista financiero es insostenible una banca en la que toda su actividad contractual sea objeto de demandas y que una parte importante de sus beneficios proceda de prácticas abusivas. La banca tiene muchas tareas urgentes por delante.
Foto portada: ADICAE
