Una nueva cultura fiscal
El desafío inmediato más serio que afronta el Gobierno es lograr los ingresos fiscales suficientes para financiar sus compromisos sociales. Las promesas políticas encaminadas a reducir las desigualdades y establecer unas relaciones sociales más justas exigen una auténtica revolución fiscal. No es suficiente crear nuevos impuestos o elevar algunos tipos fiscales. Hace falta una nueva cultura fiscal. El Gobierno deberá hacer mucha pedagogía. Los ciudadanos deben percibir las ventajas de pagar impuestos.
Vivimos en un país muy atrasado fiscalmente. La recaudación por impuestos y cotizaciones sociales representa casi la mitad del PIB en Francia (48,4%), y supera el 40% en Dinamarca (45,9%); Suecia (44,4%) y Finlandia (42,4%), frente al raquítico 35% en España.
Es evidente que carecemos del sistema fiscal adecuado para sufragar los costes de los servicios públicos que legítimamente exigen sus ciudadanos. Entre 2012 y 2017 el gasto social en España ha disminuido desde el 25,7% del producto interior bruto (PIB) al 23,4%, según Eurostat. En gasto social en España se sitúa 4,5 puntos por debajo de la media europea, muy alejada de Francia, (34,1%); Dinamarca, (32,2%) o Finlandia (30,6%). De ahí el aumento de la pobreza hasta el 26,1%, cuatro puntos por encima de la media europea.
El gasto social en España bajó del 25,7% al 23,4% del PIB entre 2012 y 2017
El Gobierno deberá explicar las ventajas de pagar impuestos
Desgraciadamente, la cuestión fiscal está muy desenfocada en nuestro país, al haberse instalado el discurso de los intereses de las grandes empresas contrario a la más mínima solidaridad. El pensamiento dominante aboga por reducir la contribución ocultando la verdadera función actual de los impuestos, que es garantizar los servicios y prestaciones sociales. Como ha señalado el profesor Xavier Casanovas, coordinador de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, “la cuestión fiscal se ha situado durante mucho tiempo fuera del debate político y social, y solo los últimos años, con el impacto de la crisis económica y el descalabro de la globalización, volvemos a poner el foco en esta cuestión clave para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar”.
Las dificultades para lograr los recursos fiscales necesarios se han agravado por el proceso de concentración de empresas y la creación de grandes corporaciones tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple, que ha supuesto una importante pérdida de recaudación. A diferencia de las pequeñas y medianas empresas, las multinacionales pueden desviar sus beneficios a paraísos fiscales o a países de baja tributación.
Los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016 revelan la escasa contribución de las grandes empresas. Las 134 multinacionales españolas (ventas superiores a 750 millones de euros) pagaron un tipo efectivo del 12,6% en el impuesto de sociedades. Y 49 compañías pagaron un tipo efectivo medio del 3,1% como señala José María Mollinedo, secretario general de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
En España, además, hay cuatro problemas específicos: la economía sumergida representa un 24,52% de la economía, frente a un 16% de media europea, según el FMI; en segundo lugar, el sistema fiscal es cada vez más regresivo —los impuestos indirectos (IVA, tabaco, alcohol y carburantes) pasaron del 36% al 46% del toda la recaudación entre 2007 y 2015, periodo en que el peso del impuesto de sociedades se redujo del 21% al 13%—; en tercer lugar, crece la dispersión en el impuesto de sucesiones entre las comunidades autónomas —entre 2008 y 2015 la recaudación aumentó en un 23,5% en Andalucía, mientras que disminuyó en un 12,2% en Madrid y en un 52,9% en Cataluña—; en cuarto lugar España tiene menos de la mitad de inspectores que en Europa, en términos relativos, según Gestha.
Con los dos nuevos impuestos aprobados, la tasa Google (impuesto digital) y la tasa Tobin (impuesto a las transacciones financieras), se prevé recaudar 968 y 850 millones, respectivamente. No obstante, existen muchas dudas sobre su efectividad. El primero no será efectivo hasta diciembre y no hay experiencia sobre el segundo.
Para Comisiones Obreras es preciso “acometer una profunda reforma fiscal con criterios de progresividad y redistribucción. Una fiscalidad justa, con criterios medioambientales, es necesaria para la estabilidad social y para modernizar la economía. El modelo de transparencia y progresividad de la cultura fiscal de los países escandinavos deberían ser nuestra referencia.
