Urge otro tipo de banca

Director

La crisis que está padeciendo este país no ha caído del cielo, ha sido generada en buena parte por una carrera desenfrenada de las entidades financieras nacionales y extranjeras por la búsqueda de beneficios a ultranza. El  soporte empleado ha sido el sector inmobiliario, que ha recibido  una  gigantesca  masa de crédito provocando una espiral de precios  y ganancias  absolutamente insostenibles a medio plazo. La ruptura de este período  de euforia por  la súbita interrupción de la financiación exterior como consecuencia de la crisis internacional ha conducido a la quiebra de varias entidades, especialmente cajas de ahorro, y  a la inutilización del sector para suministrar financiación a la economía.  

Esta arriesgada secuencia se ha visto agravada especialmente porque las entidades financieras jugaron con un dinero del que no disponían, que tomaron prestado de los bancos europeos,  que también optaron por participar y beneficiarse del festín de la burbuja inmobiliaria española que entre todos crearon. Sin la manga para regar de euros de los bancos alemanes y franceses, no habría sido posible hinchar tanto el globo inmobiliario. 

El cierre del grifo crediticio  ha generado un parón económico de terribles consecuencias que ya se ha llevado por delante 3,5 millones de empleos, ha expulsado de sus  viviendas a  decenas de miles de familias  y  ha utilizado  los ahorros de cientos  de miles de titulares de participaciones preferentes  como primera fuerza de choque para sanear  a bancos y cajas.

Los años del desbarajuste  financiero están pasando una factura tremenda, especialmente a los ciudadanos que han perdido el empleo, los ahorros  o la vivienda, o todo a la vez. Resulta difícil comprender  la ceguera  del Banco de España y del Banco Central Europeo ante  las dimensiones  desproporcionadas  que  iban adquiriendo la burbuja crediticia y unas  prácticas financieras tan heterodoxas.  Ante la ineficiencia de los gobiernos y de los grandes partidos  políticos, la defensa de los intereses ciudadanos está cada vez más en manos de nuevas plataformas  sociales. Igualmente  están mostrando una mayor sensibilidad  por los dramas sociales   los Defensores del Pueblo y Síndics de Greuges, así como algunos jueces de las instituciones  oficiales.

El balance del papel desempeñado por las entidades financieras es  inaceptable por  lo ocurrido. En los años del boom  obtuvieron unos rendimientos extraordinarios de hasta el 30% anual del capital, lo cual ha supuesto unos beneficios acumulados de 190.000 millones de euros (1996-2010). Por el contrario, desde que estalló la crisis, los bancos y sobre todo las cajas  han consumido ayudas, de hasta 185.000 millones, en su mayor parte públicas, nacionales y europeas. Además, el conjunto del sistema financiero español ha sido rescatado literalmente  de la bancarrota por el Banco Central Europeo (BCE) con la inyección de más de 300.000 millones  en condiciones privilegiadas  con tipos de interés del 1% durante tres años.  En resumen,  la crisis ha supuesto una clara transferencia de rentas. Los titulares de acciones bancarias se beneficiaron extraordinariamente en los años  buenos, mientras que los contribuyentes han pagado la factura de los rescates.

En pocos años hemos pasado de tener “el sistema financiero más sólido del mundo” a descubrir unos bancos y cajas  maltrechos que han precisado toda suerte de auxilios públicos, que en contra de lo prometido no han servido para reanudar el crédito a familias y empresas. La realidad es que no sabemos cuál es el estado real de las instituciones españolas . Es necesaria una investigación realizada  por las propias instituciones del país. En  2011, el Gobierno de Estados Unidos realizó  un examen a fondo de su banca  cuyas conclusiones  fueron recogidas  en  The Financial Crisis Inquiry Report, que ha sido de gran utilidad para corregir las irregularidades cometidas. En el Reino Unido, el informe Vickers, encargado por el Gobierno británico, impulsa una reforma estructural del sistema bancario para evitar que las futuras crisis supongan un coste para el contribuyente. En la UE, el informe Liikanen aboga por exigir más capital de los bancos y mayor uso del au-torrescate. El poder, sin precedentes, alcanzado por el sistema financiero en España exige urgentemente una regulación más estricta. Hace falta una radiografía de la situación  real de nuestro sistema financiero, para acabar con las  repetidas sorpresas como  el reciente reconocimiento de una morosidad oculta a través de  la refinanciaciones  de créditos morosos por valor de 150.000  millones. No es  soportable que el volumen de los créditos impagados  en las actividades inmobiliarias  sea ocho veces más elevado que los  fallidos de la  industria.

No estamos en contra de los bancos, ni muchos menos, sino en contra de sus abusos y de sus disfunciones económicas. Es evidente que necesitamos otro tipo de banca y otro tipo de regulación financiera más rigurosa en la línea de las recomendaciones de los informes Vickers y Liikanen. Es urgente disponer de una banca útil, con menos ínfulas,  en la que no tengan cabida los sueldos estratosféricos, que esté efectivamente al servicio de la economía y de los ciudadanos. Los ahorradores deberían disponer de una garantía pública efectiva de sus depósitos y los empresarios y emprendedores, de recursos  necesarios  para financiar nuevos proyectos, único camino para volver a generar rápidamente empleo. 

Es necesaria una clara separación entre las actividades financieras útiles para  la inversión y el empleo, que deberían contar con protección pública, de las actividades  especulativas.