El bono social que iba a crecer y descendió

  • Septiembre 2019

    Sin cobertura: Este invierno habrá 600.000 personas menos en situación de vulnerabilidad que puedan acceder al bono eléctrico de descuento.

    Una vecina del programa A-Porta de la CONFAVC ayuda con los trámites a un vecino mayor. FOTO: CONFAVC

    Llega el otoño y cerca de 6,8 millones de personas, el 15% de la población residente en España, según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, sufrirán muy posiblemente temperaturas inadecuadas en su vivienda o tendrán algún retraso en el pago de recibos, o ambos.

    Ante esta situación, ya en octubre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la transición energética, en tanto se desarrollaba la Estrategia de Pobreza Energética. Entre muchas otras muchas medidas, el decreto pretendía reforzar el bono social eléctrico, una medida ya establecida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para que lo recibiera mucha más gente. Pero en vez de reforzarse, menos gente pudo recibir el bono. ¿Qué sucedió?

    El bono social reconocía el derecho de colectivos como pensionistas o personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas, a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. Y en el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvencionaba el 100% del recibo.

     

    SIN INFORMACIÓN

    Aun así, no todas las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad hacían los trámites para recibir el bono anterior. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), solo 1,7 millones de personas lo lograban pedir, a pesar de que lo podían solicitar unos 2,5 millones.

    Con el nuevo bono, se suponía que esta cifra se ampliaría y que lo podrían pedir hasta 5,5 millones de personas. Se prohibía el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viviera al menos un menor de 16 años; y en los hogares donde residiera al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. Se aplicaría “cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II o III”, y se determinarían criterios de renta específicos para familias monoparentales (85% mujeres solas). Además, se ampliaban el 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento. Y se endurecían las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. 

     

    TRÁMITES ENGORROSOS

    Pero el bono no se amplió a más hogares. Según la CNMC, en enero de 2019 (el tiempo para entregar los papeles terminaba en diciembre de 2018), solo 1,1 millones de personas habían logrado renovar el bono, es decir, 600.000 personas menos que en el Gobierno de Rajoy. El trámite era demasiado engorroso.

    “Lo del bono social es paradigmático”, dice Celso Pérez Graña, director adjunto y director de gestión de los equipos del programa A-Porta de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña. El programa organiza a personas del barrio y les da formación para que vayan puerta por puerta explicando cómo bajar el recibo de la luz o la calefacción. Una de las fórmulas es, en los casos de mayor vulnerabilidad, acogerse al bono social. “Es donde se ha visto mucho nuestra labor. Hasta hace más o menos un año era relativamente fácil. El problema era lo de siempre, el desconocimiento. El 35% podían tener el bono social y lo desconocían. Pero con el cambio de ley nos encontramos con que los nuevos requisitos son mucho más complicados y más excluyentes”, agrega. “Nos hemos encontrado tantísimos casos. Y cada caso es un drama, estamos hablando de la posibilidad de ir al supermercado en vez de ir a pedir comida a la parroquia.  Además, son facturas muy hinchadas; llegan a pagar un sobrecoste del 50%. Vienen los de la compañía y les venden un “nuevo beneficio”, y al final les hacen pagar la factura más alta. Y, por supuesto, ninguno le dice que puede optar por el bono social. Son las mismas empresas las que piden los requisitos, con lo cual, te lo pueden poner difícil”.

    Para muchas personas conseguir comprobantes de renta no es fácil

    Alguien muy mayor tendría que salir a hacer trámites, y lo deja

    “Antes presentabas la hoja de la Seguridad Social conforme se indicaba la situación, el último recibo de la luz pagado y el DNI”, agrega Gladys Tantean, vecina que logró recuperarse de un desahucio y ahora ayuda a otras personas del programa A-Porta. “A alguien de más de 65 le piden que traigan una fe de vida, un trámite que debe hacerse en el Registro Civil. A veces son personas muy mayores, con patologías, que requieren cuidados, y deben salir de sus casas y correr peligro”, añade. “El aumento de trámites causa angustia, y un ajetreo de ir y venir con papeles. Y hay gente que directamente decide dejarlo”.

     

    LAS EMPRESAS RECLAMAN

    “Antes una familia numerosa con ingresos altos podía acogerse al bono social. Lo que se intentó con la reforma fue ajustarlo realmente a las capas que más lo necesitaban”, dice Eduardo Perero, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales y que ha colaborado con el Gobierno para formular  la Estrategia contra la Pobreza Energética. “Se ha complicado al tener que comprobar los datos de renta. Además, las empresas energéticas y los servicios sociales han tenido que asumir una mayor carga de trabajo de los propios afectados”. ¿Cómo se resuelve? “Los trámites que  se exigen no son un capricho, tienen su sentido, pero hay que seguir trabajando por optimizarlos”. 

    Desde el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) añaden que “en cumplimiento la Estrategia, el Ministerio ya está trabajando en la elaboración de un bono social no solo eléctrico, sino para cualquier suministro energético y que se concebirá para que su otorgamiento sea de forma directa”. Además, tienen planificadas políticas mucho más amplias, y no paliativas como el bono social, que llevará un tiempo implementar.

    Por ahora, poco han podido hacer, desde la disolución de las Cortes. Sí han podido ampliar los beneficios, para quienes ya tienen el bono social, con un bono térmico. Sin embargo, al no resolver el problema en su totalidad, algunos municipios y Cataluña están intentando ofrecer otras soluciones. 
    Desde municipios como Cádiz  o el Area Metropolitana de Barcelona, se están creando compañías eléctricas públicas  que opten directamente por no cortar la luz a quienes no puedan pagar. Esto lo ha intentado hacer, por otro lado, Cataluña, con la Ley 24/2015, surgida de una iniciativa legislativa popular (ILP) que prohíbe el corte de suministro por impago. Se cumple siempre que los afectados conozcan sus derechos y reclamen. Sin embargo, esta ley está en pleno debate y podría ser retirada si no se llega a un acuerdo político, porque la competencia en temas energéticos es estatal. Por otro lado, la ley catalana no es clara, y hay varios municipios litigando contra las compañías, que les exigen pagar el 50% de la deuda generada por los impagos.

    Empresas sociales y cooperativas, como Som Energia, no pueden participar en el bono social, porque no son grandes productoras de energía, sino sobre todo comercializadoras. 

     

    Conflicto con Civio por el código de la web 

    La ONG Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos, presentó en junio pasado un recurso contencioso-administrativo ante la negativa del Consejo de Transparencia de obligar a hacer público el código del programa informático que decide quién resulta beneficiario del bono social eléctrico.

    La organización, que ha creado su propia página web para ayudar a más personas a presentar los requerimientos para recibir el bono social tras recibir “decenas de llamadas de personas afectadas”, considera lo siguiente: “que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de derecho”.

    Se trata del programa BOSCO, que utilizan las eléctricas, pero que ha sido desarrollado por el Gobierno.”En Civio entendemos que el derecho a saber también alcanza a aquellos programas informáticos que a diario toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos”, dicen en un comunicado. “Y para conocer cómo un software, en su interpretación de la normativa, llega a un resultado –cómo toma una decisión– es necesario acceder a su código fuente. Por ello, nos hemos visto obligados a recurrir la negativa del Consejo de Transparencia ante los tribunales”.

    Por su parte, el Consejo se ampara en la aplicación del artículo 14.1 (letra j de la LTAIBG) para no compartir el código fuente. El artículo dice: “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”.
    Por último el Ministerio agrega que “ha colaborado y  colaborará con Civio –y el resto de agentes– para mejorar la aplicación en todo lo que sea posible”. 

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