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Algunas razones para la esperanza

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Enero 2020 / 76

En un mundo imprevisible, complejo y convulso, las alarmas por todo lo que no funciona coexisten con señales positivas que permiten albergar algunas dosis de optimismo.

El movimiento por el clima ha movilizado a millones de personas. FOTO: Getty

El mundo baila al son de las malas noticias: de la emergencia climática al poder creciente de las multinacionales, superior a veces que al de los Estados. Pero los estragos del modelo económico capitalista han llegado tan lejos que en los márgenes, e incluso desde dentro del sistema, se vislumbran corrientes de cambio. Alternativas Económicas empieza el año poniendo el foco en algunas de estas señales esperanzadoras.

 

CONCIENCIA ECOLÓGICA

La conferencia del clima (COP25) celebrada en Madrid el pasado diciembre pinchó por los escollos de China, EE UU, Brasil, Rusia e India, entre otros, a la hora de negociar una reducción de las emisiones de CO2 y de crear un mercado común del carbono (ver Cop25: todo aplazado para Glasgow). Los compromisos atados para elevar un grado la ambición son débiles. Y sin embargo, la conciencia ecológica aumenta. En palabras de la joven activista Greta Thunberg, “el mundo está despertando lentamente ante la crisis climática”. Lentamente, pero despierta. Tras denunciar “el fracaso” de la COP 25 por la brecha entre la política y la ciencia, la Fundación Renovables constataba que la necesidad de combatir el cambio climático abrió durante 15 días todos los informativos. El cambio de modelo energético ha pasado al primer plano. Las movilizaciones sociales no cesan.

En paralelo, gana adeptos la Alianza por la Acción Climática lanzada por Naciones Unidas para revitalizar el compromiso con los Acuerdos de París. Por ahora, 73 países han prometido presentar un plan de acción reforzado para cumplirlos, 11 han iniciado un proceso en la misma línea y 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores trabajan en reducir a cero sus emisiones netas de CO2 de cara a 2050. Entre ellos no se hallan los mayores contaminantes como China y EE UU, pero la corriente de fondo está ahí. 

 

MÁS RENOVABLES

La inversión en energías renovables no para de aumentar. La capacidad de las energías limpias se ha cuadriplicado desde el año 2010 en todo el mundo, con una inversión global acumulada de 2,6 billones de dólares, según el informe Tendencias Globales de Inversión en Energía Renovable 2019, de ONU Medioambiente. Es cierto que en 2018, la cifra global reculó respecto a 2017, “pero no es un paso atrás, sino que la energía limpia, especialmente la solar fotovoltaica, es cada vez más barata”, apunta el estudio. En 2018, la apuesta por las renovables fue tres veces mayor que la invertida en gas y carbón, lo que equivale a dejar de emitir 2.000 millones de toneladas de CO2. 

En España, tras el parón por el recorte retroactivo de primas, la apuesta ha vuelto a activarse. Solo en la primera mitad de 2019, se desembolsaron 3.600 millones de dólares en operaciones, lo que supuso un incremento del 235%, según BloombergNEF. 

 

‘TOQUE’ DE ALGUNOS FONDOS

El destino de los fondos de inversión da tímidos pasos hacia el universo verde. Children’s Investment Fund Management (TCI), el llamado “fondo de los niños”, con activos de 28.000 millones de dólares, ha anunciado que votará contra los gestores de las empresas donde tiene presencia si no le dan información transparente sobre los riesgos y daños climáticos en los que incurren. BNP Paribas Asset ya hace tiempo que cambió su política de voto para tener en cuenta las emisiones de CO2. Legal & General Investment Management  (LGIM) ha seguido la misma línea.

Aunque no todo es oro lo que reluce. Según consta en la web de la entidad sin ánimo de lucro InfluenceMap, las carteras de 15 de los mayores grupos gestores de activos seguían sin alinear con los Acuerdos de París, aun midiéndose de forma conservadora. La firma de inversión más importante del mundo, BlackRock, llamó a las empresas a tomar en serio la sostenibilidad medioambiental, coincidiendo con la COP 25 de Madrid. Pero el citado TCI se ha mostrado en este sentido muy crítico con BlackRock, bajo acusación de ecología cara a la galería, según una carta que le mandó en diciembre, recogida por el Financial Times. El debate entre gestores de fondo está bien vivo.

 

EL PACTO VERDE DE LA UE

La transformación forzosa de la economía a resultas del calentamiento global tiene en Europa, por lo menos en la nueva Comisión Europea, una aliada, debido al Green Deal o Pacto Verde (ver La Comisión verde). Falta ver si los Gobiernos de los Estados miembros se lo toman en serio, pero el punto de partida es ambicioso: acabar con las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, de modo que las emisiones liberadas equivalgan a las que pueda absorber el planeta. Para llegar al objetivo final, es necesario que los objetivos intermedios de 2030, también ganen en ambición (del 40% actual hasta el 55%). Un aspecto polémico es la tasa de carbono que, para evitar deslocalizaciones, plantea a partir de 2021 para garantizar que los productos que entren en la UE paguen más si en su proceso productivo no siguen los mismos controles.

El reto de esta apuesta es implementar nuevas políticas y pautas de consumo sin dejar atrás a las capas de la población más vulnerables, y más en los países más dependientes de los combustibles fósiles. Bruselas quiere destinar hasta 7.000 millones de euros del presupuesto comunitario, sumados a otros 93.000 millones en préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cofinanciación nacional. Polonia, Hungría y República Checa quieren más. 

El Pacto Verde, que en marzo deberá concretarse en una ley europea del clima, se queda corto, como recuerdan la izquierda unitaria europea y los verdes, pero no hay otro gran bloque en el mundo con la misma ambición, si se ejecuta. El Europarlamento, que ha declarado la “emergencia climática y medioambiental” en Europa, exige a Bruselas que todas sus propuestas legislativas y presupuestarias  sean coherentes con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados respecto de los niveles de 1850. 

 

AGRICULTURA ‘ECO’

España se ha consolidado como primer país de la Unión Europea y cuarto en el mundo en superficie de agricultura ecológica. La superficie dedicada a producción eco, que en 2018 era de 2,24 millones de hectáreas, lleva un lustro aumentando a un ritmo medio del 7%, y supone casi el 10% de toda la superficie agraria útil, según el Ministerio de Agricultura. No solo aumentan, además, los productores primarios, sino también los establecimientos industriales, los importadores y, sobre todo, los comercializadores ecológicos. También van al alza el número de explotaciones ganaderas ecológicas. Es una señal inequívoca de que la demanda sube. 

 

CONSUMO DE CARNE

La carne —cuyo consumo abusivo se llama a evitar por parte de Naciones Unidas por cuestiones de salud, tendencias dietéticas e impacto ecológico— cada vez está menos presente en nuestra dieta. Llevamos seis años seguidos de caídas en el consumo anual per cápita. En 2018, la media bajó el 2,9% hasta los 46,19 kilos. En la Unión Europea, las inquietudes medioambientales, de salud y sociales impulsa también una reducción del consumo de carne. Un estudio de perspectivas agrícolas de la UE para el periodo 2019-2030 apunta a que podría llegar a disminuir un kilo por persona en este periodo.

Jean-Claude Juncker  reconoció que con las condiciones de los rescates se había “pisoteado la dignidad” del pueblo griego. FOTO: Comisión Europea

 

RECICLAJE

Necesitamos avanzar hacia una economía circular que permita reducir el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. Una de las variables para medir los avances es el reciclaje. España va muy retrasada respecto de los países de su entorno, pues la mitad de la basura municipal (53,6%) sigue acabando en los vertederos, y deberá ponerse las pilas para evitar una sanción de la UE. Pero venimos del 83,7% (1995), según Eurostat. El reciclaje se ha multiplicado por tres en este periodo, hasta alcanzar el 33%, todavía a 10 puntos de la media comunitaria, mientras la recuperación de energía mediante tratamiento de basuras se ha duplicado en los mismos años. El objetivo de Bruselas es que este 2020 la mitad de los residuos de hogares y pequeñas empresas se recicle. El auténtico cambio de chip vendrá cuando en lugar de pensar en reciclar, logremos generar menos residuos. 

 

EUROPA SOCIAL Y DERECHOS

El Pilar Social Europeo de la Unión Europa incluye medidas importantes, y el reto es hacerlas vinculantes. Cuando pidió apoyo para su confirmación, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se manifestó a favor de un salario europeo mínimo garantizado y de un plan de prestaciones por desempleo, que permitiría completar con dinero comunitario el coste de la cobertura de paro en una país afectado por una crisis no generalizada en la UE. La promesa de una garantía infantil europea para las criaturas en riesgo de pobreza y exclusión, o la mejora, aún por concretar, de las condiciones de las personas que prestan servicios mediante plataformas digitales son aspectos reseñables; por ahora, buenos propósitos, pero no estaban en la agenda y hoy lo están. 

Las víctimas de abusos bancarios miran a Europa para proteger sus derechos

Mientras, por primera vez, un ministro alemán, el de Finanzas (Olaf Scholz), no se cierra ya en banda a completar de una vez la Unión Bancaria Europea con la creación de un fondo común de garantía de depósitos que proteja a las personas consumidoras.

A Europa, y en especial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), miran con esperanza la ciudadanía, los usuarios y consumidores, como garante de derechos. Se ha visto en las víctimas de abusos bancarios y hasta los políticos independentistas condenados o perseguidos por la justicia española. Con sus imperfecciones, lentitud exasperante, fracasos en política migratoria, asignaturas institucionales pendientese incertidumbres por la salida del Reino Unido, Europa resiste como garante de derechos y como referente de convivencia.

 

AUSTERIDAD... ¿FLEXIBLE?

Uno de los motivos de la desafección respecto a Europa, la austeridad impuesta para combatir la gran crisis de 2008 por los recortes sociales derivados de ella, ha entrado en otra fase. La propia Alemania, donde la deuda y el déficit públicos provocan urticaria, flaquea sobre su propia medicina. Para sortear la recesión, y más aún con los tipos de interés tan bajos como ahora, se dejan oír voces entre los cinco principales institutos económicos del país, para que se permita recurrir al déficit presupuestario si empeora el enfriamiento económico. El Gobierno de coalición que lidera Angela Merkel estudia 50.000 millones de euros de inversión para reactivar la economía, estimular la demanda interna y evitar que suba el paro. No hay luz verde, pero está por ver qué sucederá si la situación se agrava. De momento, las encuestas muestran que la opinión pública ha hecho un cambio respecto de la Schwarze Null, el déficit cero, en tiempos de dificultad económica. La patronal de la industria alemana y los sindicatos se han pronunciado a favor de inversiones masivas que apuntalen el crecimiento. Y la presión sigue, desde fuera (Banco Central Europeo) y desde dentro (los Verdes, al alza en las encuestas).

Valga decir que, aunque tarde, el anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, uno de los impulsores de la austeridad, reconoció que con las condiciones de los rescates se había “pisoteado la dignidad” del pueblo griego. Ya hace un año, admitió haberlo “insultado” e “injuriado”. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confesado en distintas ocasiones “fallos notables” en su gestión de los rescates griegos, al subestimar el impacto negativo de sus recetas austeras. De poco sirve cara al pasado, pero importa cara al futuro.

 

‘TASA TOBIN’

Hay iniciativas que llevan años en el limbo, y que pueden salir adelante. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin aunque dicha denominación, en puridad, se refiere a gravar movimientos especulativos con las divisas. Algunos países como Francia ya han dado el paso de gravar operaciones financieras con acciones. Ahora un grupo de 10 países, apremiados por Alemania y Francia, y entre los que también se cuenta España, impulsa en la UE un impuesto del 0,2% del valor de las operaciones de compra de títulos de empresas con una capitalización en bolsa superior a los 1.000 millones de euros. 

La idea es que cada país pueda ampliar esta tasa a otros productos financieros (fondos de inversión o incluso depósitos). Bélgica, Italia, Portugal, Austria, Eslovenia, Grecia y Eslovaquia están por la labor. 

Los Estados necesitan recursos para hacer frente a desafíos como el calentamiento global, las pensiones en un contexto de envejecimiento de la población y nuevas maneras de encarar la protección social ante los retos de la automatización y su impacto sobre el empleo. 

 

FISCALIDAD DE MULTINACIONALES

Una de las fuentes de la merma de la recaudación de los Estados son los artilugios a los que recurren las multinacionales, empezando por las tecnológicas, para no pagar suficientes impuestos allí donde operan y obtienen ingresos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva años trabajando sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de las corporaciones globales, propiciados por la existencia de lagunas, artificios o discrepancias entre los sistemas impositivos nacionales (ilegales o no, según los casos). Este tipo de problemas se traduce en una horquilla de entre el 4% y el 10% de la recaudación del impuesto de sociedades: hasta 240.000 millones de dólares anuales. 

A final de año , la OCDE concretará cómo hacer frente a la elusión fiscal de las multinacionales

A finales de este año, al menos en teoría, la OCDE y el G20 deberán concretar los mecanismos con que se hará frente a los siguientes retos: acabar con el reparto indebido de beneficios entre filiales de multinacionales radicadas en países distintos, ayudar a los países a recaudar el IVA en el entorno digital, facilitar que las multinacionales declaren país por país (donde se generan sus beneficios, se producen sus ventas, se encuentran ubicados sus activos y sus empleados y se pagan impuestos); agilizar la aplicación de medidas antielusión fiscal y suprimir la posibilidad de acogerse al convenio entre estados más favorable desde un punto de visto fiscal. 

 

‘TASA GOOGLE’

Se abre paso en este contexto la activación de un gravamen sobre las corporaciones de la economía digital, la llamada tasa Google. Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia han rechazado este gravamen dentro de la UE, pero si se instaura globalmente en los países de la OCDE podrían cambiar de opinión. Francia va por su cuenta, ante las iras de EE UU, y España si Sánchez logra gobierno con Podemos lo tiene previsto.

 

VOCES CONTRA LA ESPECULACIÓN

En las finanzas se detecta cierto cambio de humor. Solo ello puede explicar que Hiro Mizuno, principal responsable de inversión del Fondo de Inversión Gubernamental en Pensiones (GPIF, en sus siglas en inglés), el mayor fondo de pensiones, haya disparado contra las denominadas “ventas en corto”. Se trata de un tipo de operaciones especulativas que posibilitan a los operadores que vendan títulos que pidieron prestados o que aún no tienen con la idea de volver a comprarlos por menos dinero, para ganar con la diferencia. El argumento de Mizuno importa porque el cortoplacismo se considera una de las causas que impregnó la última gran crisis financiera. 

 

HACIA EMPRESAS CON PROPÓSITO

Hoy, criterios como el respeto al medio ambiente, la implicación en cuestiones sociales empezando por la propia plantilla, la igualdad de género y la inclusión y el buen gobierno corporativo —bautizados como criterios ESG— empiezan ya a pesar en las inversiones y en la gestión de algunas compañías. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en garante de los derechos de los consumidores y ciudadanos. FOTO: Comisión Europea

Hará falta ver si las siglas de moda son más que una moda, si van más allá del trabajo de los departamentos de mercadotecnia. Pero está claro que algo se mueve, cuando casi 200 corporaciones de Estados Unidos han sido capaces de juntarse para enterrar el dogma de Milton Friedman según el cual la responsabilidad social de una empresa es, esencialmente, obtener beneficios. 

JP Morgan Chase, Walmart, Exxon, Apple, Amazon, etc. son algunos de los gigantes que se han comprometido a entregar servicios o productos de valor para su clientela, invertir en empleados y compensarlos de forma justa, negociar de forma justa con los proveedores, apoyar a las comunidades y el entorno y generar rentabilidad a largo plazo. No se han distinguido precisamente por haberlo hecho hasta ahora. Pero han cambiado de discurso, con una nueva definición de cuál es el nuevo propósito de la empresa, porque la reputación de las empresas se resiente y las ventas también, frente a los valores de los consumidores. Al menos, estamos ante un reconocimiento de los daños causados por el propósito vigente hasta hoy. Movimientos como B Corp señalan un nuevo camino.

 

ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS

Si la empresa se transforma, el cambio también pasa por el impulso de la economía social y solidaria, fundada sobre las bases del cooperativismo. Aunque no es aún muy conocida en general, España es, según un estudio reciente de la Fundación Alternativas, el noveno país del mundo con más personas empleada en ella: 2,2 millones en total, que trabajan para 43.000 entidades.

La OCDE deberá concretar enn 2020 cómo hacer que las empresas globales no eludan impuestos. FOTO: GETTY

En el mundo hay 2,6 millones de cooperativas —cuyas estructuras de gestión son más democráticas y participativas, y cuyos valores les permiten capear mejor las crisis— con 1.000 millones de miembros que emplean a 250 millones de personas.

Más allá de la evolución del número de cooperativas y de miembros que tengan —hay muchas menos que hace un cuarto de siglo—, es clave que la entrada y consolidación de la economía social en sectores estratégicos como la energía, la banca, las telecomunicaciones y la movilidad, de la que dan fe proyectos como Som Energia, Fiare, Som Connexió y Som Mobilitat.

La idea de que otra economía es posible, para poner a las personas en el centro, es el hilo conductor de movimientos que ganan fuerza en distintos puntos del planeta: junto a la economía social y solidaria,la economía del bien común y la gestión comunitaria de los recursos, el movimiento por la soberanía alimentaria por una nueva relación con el planeta y los ciclos naturales o la economía feminista, que frente al choque clásico entre capital y trabajo confronta el capital con la vida. 

La OIT ha aprobado un convenio para combatir el acoso y la violencia en el trabajo

Todas estas corrientes confluirán en el primer encuentro mundial del Foro de Economías Transformadoras, que se celebrará la próxima primavera en Barcelona, como termómetro y a la vez palanca para el intercambio entre estas nuevas formas de entender la economía.

 

#MEETOO

La economía feminista avanza poco a poco, a lomos del despertar de las mujeres en relación a sus derechos, plasmada en el movimiento #Meetoo, especialmente centrado en la denuncia del acoso y la violencia sexuales, y las movilizaciones planetarias de millones mujeres dispuestas a combatir la discriminación de género.  

El #Meetoo impulsa cambios no solo sociales, sino legales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en su convenio sobre la violencia y el acoso —aprobado en junio pasado— obligaciones sobre cómo los poderes públicos deben lidiar para combatir el acoso y la violencia en el mundo laboral. Los gobiernos deberán exigir a las empresas protocolos en el lugar de trabajo. La convención no solo se centra en daños sexuales, sino también en los psicológicos, económicos y  físicos que puedan causar “comportamientos y prácticas inaceptables, o amenazas de tales comportamientos”. Los avances van despacio, pero el miedo se resquebraja.

 

MÁS DENUNCIAS

Si en España, donde a lo largo de 2019 (cifra hasta el 23 de diciembre) fueron asesinadas 55 mujeres debido a la violencia de género, las denuncias interpuestas por esta causa se incrementaron en un año, según datos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. hasta 7 de cada 10 denuncias las presentaron las propias víctimas ante el juez o la policía —dos puntos porcentuales más que hace un año—, mientras que las denuncias interpuestas por familiares se han duplicado. Tres de cada cuatro juicios penales del tercer trimestre concluyeron en una condena al maltratador. Facilitar la denuncia es esencial, especialmente allí donde es más difícil: los entornos rurales.  

La congresista de EEUU Alexandria Ocasio-Cortez, figura demócrata al alza. FOTO: MATT JOHNSON

 

MENOS BRECHA SALARIAL
 

La brecha salarial entre hombres y  mujeres persiste. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es del 21,9%. La distancia es menor si se calcula la ganancia por hora: entonces el porcentaje baja al 13,5%, lo que apunta al tipo de contratos y jornada que recae sobre las mujeres en mayor medida.  La persistencia de discriminación no implica que no se hayan producido progresos. Según Eurostat, en el año 2002, la brecha en España (excluye el sector público) era del 20,2%, y ha ido bajando hasta el 14,9% en 2018. Un estudio elaborado por varias universidades y europeas (Do firms resond to gender gay gap transparency?) concluye que la brecha de género encoge a partir del momento en que las compañías difunden públicamente los salarios desglosados por géneros. Así se demostró en Dinamarca.

Pese a la persistencia de desigualdades de género, la brecha salarial se ha reducido. FOTO: GETTY

 

MAYOR PRESENCIA DE MUJERES

En el último cuarto de siglo, la relevancia y el protagonismo de las mujeres en el espacio público, empresas, política, instituciones, son innegables, aunque se queden cortos. La imagen de un grupo de hombres como representantes de cualquier institución, que hace pocos años no se consideraba socialmente como algo extraño, se señala hoy como una anomalía injusta. 

En 1979, en el Consejo de Ministros español no se sentaba ninguna mujer. En 2018, 11 de 17. En el Congreso, se ha pasado de 18 a 138. En los parlamentos autonómicos se ha pasado del 5,6% al 45%.En las empresas de mayor peso, que cotizan en el Íbex 35, siguen en minoría, aunque ya suponen 106 consejeras sobre 453, según datos recopilados por Europa Press. Desde 2012 y hasta 2018, la proporción se ha duplicado (del 11% al 22,2%), según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género. 

Pese esta presencia pública y en el mercado laboral mayor, las mujeres sufren más el paro, duplican de largo la presencia en contratos de carácter parcial —entre quienes los eligen por razones de cuidados, el 95% son mujeres— y las tasas de pobreza vuelve a estar por encima de la del hombre tras unos años (2012-2016), según el INE, por no mencionar la doble carga que la insuficiente corresponsabilidad de las tareas.

 

VALORES DE LOS ‘MILLENNIALS’

Pero también hay algunas señales de que las nuevas generaciones consideran que la conciliación no atañe a las mujeres, sino de que la corresponsabilidad concierne al conjunto de la sociedad. Así lo apuntan muchos de los estudios que se han realizado sobre la generación de los millennials, jóvenes de entre 18 y 34 años, que han crecido en un mundo hiperconectado, pegados a una pantalla, acostumbrados a viajar, más inclinados a compartir que a poseer, comprensivos con el trabajo por proyectos y exigentes con los valores de las empresas (más en el caso de la generación Y). 

La Encuesta Millennial 2019 de Deloitte, por ejemplo, arroja que casi la mitad de encuestados piensa que las empresas no tienen un impacto positivo en la sociedad. De ello se desprende falta de confianza en las organizaciones y una presión para que las empresas cambien.

Según la mencionada encuesta, la mitad ve en la Cuarta Revolución Industrial, la llamada Industria 4.0, una oportunidad para incrementar su empleabilidad, más que con miedo a la destrucción de empleos, aunque el 70% se sabe necesitado de desarrollar más sus capacidades para encajar.
 

LO BUENO DE LA AUTOMATIZACIÓN

Los elevados niveles de desempleo coexisten con dificultades crecientes de muchas empresas para cubrir determinados perfiles, según informes de distintas patronales empresariales como Cepyme, la CEOE y Pimec, y de escuelas de negocios como IESE.

A resultas de la digitalización y la automatización, el futuro del trabajo plantea enormes interrogantes. Coexisten multitud de informes prospectivos con previsiones radicalmente distintas sobre los empleos que se destruirán, y también sobre los que pueden generarse. 

En el último estudio sobre la cuestión presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, hace un año, el discurso apocalíptico que tiende a dominar el espacio público se suavizó: en 2022, habrán desaparecido 75 millones de empleos, pero el saldo será positivo, porque surgirán 133 millones de nuevas funciones. La perspectiva de que se automaticen las tareas más pesadas y rutinarias tiene un lado positivo, aunque la transformación se espera tan radical que obligará a repensar los sistemas de protección social, basados en trabajos estables y largas carreras de cotización. El debate sobre la renta básica universal se está abriendo camino, aunque desde perspectivas muy distintas. 

El Foro de Davos augura que en 2022 se habrá creado más empleo del  que se destruya. FOTO: GETTY

 

MENOS FRACASO ESCOLAR

En un país donde la pirámide de formación es muy ancha (baja cualificación) pero también en la cúspide (formación superior) y donde faltan técnicos de cualificación media, España tropieza con la piedra del fracaso escolar. Sin embargo, si echamos la vista atrás, lo que vemos es un descenso importantísimo: la escolarización obligatoria  ampliada hasta los 16 años logró que el abandono temprano bajara nada menos que del 41% en el año 1992 hasta el 21,9% en el año 2001. Con vaivenes, volvió a subir (31,7% en 2009) y ha ido descendiendo hasta el actual 18,3%, en buena parte por el impacto de la crisis. 

 

DESPERTAR GLOBAL

La formación tradicionalmente ha ayudado a encontrar más fácilmente un empleo, pero la salida de jóvenes altamente cualificados porque en España solo encuentran trabajos para los que están sobrecualificados apunta a una decepción con el sistema.

Uno de los retos de los poderes públicos es la gestión de la decepción de quienes, desde situaciones radicalmente dispares, se consideran perjudicados o discriminados por los poderes políticos. Ya sea en Hong Kong, en Chile, Francia, Colombia o Ecuador, más el componente antisistema que se sumó a las movilizaciones contra la sentencia del procés en Cataluña, apuntan a cierto despertar de quienes se han hartado y creen no tener mucho que perder. La movilización reivindicativa es lo contrario de la apatía. Para construir, hay que estar vivo.