Alternativas por el derecho al techo
Las experiencias de viviendas desligadas de la especulación inmobiliaria ya existen en España, y hay también entidades dispuestas a ayudar en su ejecución
Miembros de la cooperativa y residencia Trabensol en la cocina de uno de los apartamentos. FOTO:EDU BAYER
De hecho, hay una ONG, Sostre Cívic, y una plataforma (masqueunacasa.org) que intentan promoverlas, y la banca ética puede financiarlas.
“Hemos financiado ya la comunidad Cal Cases, que es un colectivo de 18 familias que han creado una cooperativa de viviendas de cesión de uso en Santa Maria d’Oló, en Cataluña”, explica Juan Garibi, director general de la banca ética Fiare. “Llevan cinco años devolviendo bien un crédito a 15 años”.
La cooperativa de Cal Cases es propietaria de una masía donde tienen sus espacios particulares —cada familia tiene su propia intimidad—, pero con lugares y uso común de servicios que les permiten reducir costes y gasto energético. Se organizan con consumo colaborativo, con ideas como guarderías rotativas para los niños o uso compartido de coches.
Cada cooperativa puede organizar en su asamblea las condiciones en que quiere vivir y aquello que quiere o no compartir. No es una vivienda propia y como tal no se puede especular, pero quienes viven allí tienen “derecho de uso”. Lo que compran son los títulos de la cooperativa, no la vivienda. Esos títulos pueden heredarse, e incluso si alguien quiere irse de la cooperativa, se le puede devolver el dinero, siempre que encuentre otra familia que entre en la cooperativa, y que sea aceptada por la asamblea.
Fiare está promoviendo a su vez dos proyectos de cooperativas de vivienda que son también residencias de la tercera edad: Convivir y Trabensol. Cuentan con sus propios apartamentos y comparten espacios en común, y también servicios (contratados a cooperativas y a personas del pueblo donde se instalan); por ejemplo, para enfermería. Si alguien no puede pagar la hipoteca, además de que puede vender los títulos, existe un fondo de reserva solidario, pensado especialmente para resolver situaciones de emergencia. “Financiamos este tipo de actividad”, agrega Garibi. “Pero hay que cumplir ciertos requisitos, como que se respete un modelo cooperativo y ecológico, que sea abierto a la posibilidad de que entren otros y, por supuesto, capacidad económica para pagar las cuotas”.
ESTADO DE EMERGENCIA
"En mi municipio no"
Medici tomó esta medida amparado en la ley. Entendió que se trataba de un estado de emergencia similar a los desastres naturales, después de que el propio Ayuntamiento romano declarara públicamente que se estaba viviendo una emergencia.
A la iniciativa de Medici se le sumaron otros tres distritos y en total fueron rescatadas de la exclusión social 250 familias.
Por supuesto, a Medici y a los otros políticos les llovieron demandas judiciales. Pero en julio de 2011 los tribunales romanos les dieron la razón. Juez y fiscal consideraron que efectivamente se trataba de una emergencia.
En España, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tiene en marcha una campaña sin precedentes para incluir a los ayuntamientos como corresponsables del drama de los desahucios. Ya han logrado algunos avances. Han conseguido, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Terrassa, a unos 30 kilómetros de Barcelona, denunciara públicamente que en su municipio había 5.000 viviendas de los bancos vacías, que se necesitaban para las familias que se habían quedado sin hogar.
Denunciaban, además, que estos pisos vacíos generaban conflictos porque los bancos dejaban de pagar servicios y gastos de comunidad, y empobrecían a los vecinos.
Es justamente en Terrassa donde se instalaron, con el apoyo de la PAH, 16 familias desahuciadas en bloques vacíos de CatalunyaCaixa y Unnim. El Ayuntamiento, lejos de desalojarlos a la fuerza, se ofreció como mediador.
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