Conflicto por el recibo en la gran barcelona / Jordi Roca Jusmet
Profesor del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona (UB)
Durante los noventa se desencadenó en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) una auténtica guerra del agua, un fuerte conflicto liderado por asociaciones de vecinos, que protestaban contra unos aumentos que consideraban injustificados y excesivos. Hoy, el tema del agua vuelve a quemar en Cataluña: se juntan una muy polémica privatización de la gestión del agua “en alta” (la concesión a Acciona está en proceso de decisión judicial), una oscura concesión sin concurso a la compañía Aguas de Barcelona (mayoritariamente de la francesa Suez Environnement) para seguir con la distribución final en la mayor parte del área metropolitana que ejercía ya de facto sin cobertura legal clara, y unos importantísimos aumentos del precio del agua en tiempos en que los ingresos de gran parte de la población disminuyen.
La estructura de la tarifa es mejorable, tan importante como el nivel de precios
El control de los costes reales de la empresa por quien aprueba las tarifas resulta difícil
La guerra del agua se saldó en su momento con algunos aspectos positivos. Entre las posturas que planteaban que el agua era un bien tan básico que debería ser gratis (o casi) y las posturas solo preocupadas de repercutir en los usuarios los costes crecientes de la gestión del agua, tuvo cierta influencia una aproximación diferente al problema, digamos socioambiental. Se argumentaba que estaba justificado que en general no se subvencione el uso de un recurso tan escaso y ambientalmente sensible, pero que es muy importante una política tarifaria transparente y que diferencie entre los consumos básicos, imprescindibles para una vida digna, y los consumos más prescindibles, cuyo uso excesivo debe desincentivarse por la vía del precio.
Los precios del agua tienen dos componentes básicos: los precios que ingresa la compañía y los impuestos específicos sobre el agua (además del IVA). Un resultado del conflicto fue que los diversos impuestos específicos sobre el agua se unificaron en el canon del agua, gestionado por la Agencia Catalana del Agua (ACA), que funciona desde el año 2000. También ha habido algunos avances en mejorar la estructura de la tarifa según la aproximación socioambiental, como la implantación de diversos tramos (hoy, cuatro) de bloques crecientes en el canon: el pago por metro cúbico sube bastante cuando se salta de bloque. Sin embargo, la estructura actual de la tarifa es mejorable: en la práctica, los precios medios por metro cúbico muchas veces disminuyen en vez de aumentar cuando crece el consumo, lo cual se puede considerar poco justo y poco incentivador del ahorro. Ello se explica porque las compañías suelen cobrar una cuota fija (caso de Aguas de Barcelona) o un mínimo de facturación, cantidades que suelen representar una parte importante de la factura final; además, los bloques crecientes del canon (y de las compañías si los aplican) no tienen en cuenta el tamaño de la familia (excepto para hogares de más de tres miembros), por lo que puede afinarse poco en la diferenciación entre consumos más y menos básicos (hay experiencias, como en Sevilla, donde los tramos tarifarios sí están definidos en relación con el consumo per cápita).
He señalado algunas complejidades de la factura del agua para destacar que la estructura de los precios del agua importa tanto o más que su nivel medio . Cuando los precios aumentan —y a veces es justificado—, importa que la estructura tarifaria mejore para su aceptabilidad social.
Recientemente, los precios finales se han disparado de nuevo para los consumidores en Cataluña y para todos los niveles de consumo, también para los consumos básicos; en el caso del AMB, los incrementos han superado el 30%. Las causas son diversas. Primero, la ACA tiene un déficit acumulado —que, además, genera importantes costes financieros— porque las importantes y convenientes inversiones llevadas a cabo en el pasado (en parte para adaptarse a las exigencias ambientales de la Directiva Marco del Agua Europea) no tenían suficientes fuentes de financiación (lo cual hubiese exigido aumentar el canon o las subvenciones) y el canon ha aumentado mucho (extendiéndose también a la captación del agua “en alta”). Segundo, la compañía ATLL tenía también un déficit que ahora, tras su privatización (de la gestión, no de la deuda, que se queda el sector público), dejará de existir y habrá además un beneficio empresarial. El déficit no tenía nada que ver con la mayor o menor eficiencia en la gestión de la empresa pública, sino con la decisión política anterior de no aumentar los precios; la privatización responde a una opción ideológica y sobre todo a la prioridad de hacer caja de la Generalitat (veremos si la chapuza de la concesión no acaba costando dinero a las arcas públicas). Y, tercero, las compañías privadas expanden su negocio en un mercado cautivo: un monopolio natural en el que el control de los costes reales por parte de quien aprueba las tarifas es muy difícil.
En mi opinión, y la de muchos, no debería ir ni un euro a beneficios privados por la gestión del agua; no solo no debería privatizarse la gestión del agua en alta, sino que la mejor opción sería municipalizar la distribución a los usuarios finales (como se hizo en París). Sí veo razonable que se tiendan a repercutir los costes sobre los usuarios, como marca la Directiva Marco del Agua, pero debe hacerse de forma gradual y con sensibilidad social y un buen diseño para estimular el ahorro.
