Desigualdad oculta en el presupuesto
Balance: 20 años de experiencias y avances en el análisis de las cuentas públicas prueban que hacen falta más formación y voluntad política.
Los presupuestos tienen un impacto distinto para hombres y mujeres
FOTO: Andrea Bosh
Las Administraciones reflejan sus prioridades políticas a través de sus presupuestos, de modo que seguir el rastro del dinero público es una manera de saber si desde los gobiernos e instituciones se favorece la igualdad o si, por el contrario, se fomentan esquemas de desigualdad; en este caso, de género. Consciente de ello, el movimiento feminista ha integrado en su agenda el análisis del destino del dinero (los gastos) y también el estudio de cómo se recaudan los euros (los ingresos). De ello dan fe las conclusiones del último Congreso de Economía Feminista celebrado en Valencia en septiembre, que subrayan la importancia de “incorporar la perspectiva de género al proceso presupuestario en todos los niveles administrativos” como una herramienta clave para alcanzar una sociedad justa.
“Existe cierta confusión. Presupuestos con perspectiva de género no significa únicamente identificar cuánto dinero se destina a las mujeres, como puede ser el caso de partidas destinadas a luchar contra la violencia machista. Aunque estas también deben cuantificarse, de lo que estamos hablando es de planificar las políticas con mirada a favor de la equidad de género, lo que supone haber comprendido que las políticas que se aplican y el dinero público que se les destina tienen una incidencia diferente entre hombres y mujeres porque su realidad de partida es diferente”, apunta Carmen Ascanio, profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna.
Claro que el impacto como tal no está especificado en ninguna parte, sino oculto tras las partidas presupuestarias, si las hay, y que, además, suelen ser poco concretas y no considerar datos desagregados por sexo.
Todo euro es susceptible de ser analizado: de los que acaban afianzando roles estereotipados de género en determinados trabajos, deportes o funciones, al modo en que se paga al funcionariado, que esconde discriminaciones indirectas vinculadas a la mayor dificultad para las mujeres a la hora de acceder a promociones. Pero no todo euro se analiza, a menudo por falta de recursos y capacidad. En los casi 20 años de andadura, los avances en la elaboración de presupuestos con perspectiva de género son lentos y tienen más que ver con el rodaje de los procesos que con la obtención de resultados tangibles.
MEJORAS EN LOS PROCESOS
“Al llevar la norma a la práctica, se ha puesto de manifiesto tanto la falta de capacitación técnica del personal como la de voluntad política desde arriba. Es un proceso realmente complejo y de largo alcance, que analiza gastos e ingresos específicos pero también formula propuestas. Todo ello evidencia las carencias de la Administración, porque hace falta mucha formación sobre qué supone y cómo se genera la desigualdad, y también se necesita formación feminista”, subraya Yolanda Jubeto, doctora en economía y profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que lleva muchos años investigando sobre presupuestos con perspectiva de género.
Andalucía y País Vasco, pioneras en el análisis de las cuentas
Impacto de Género Ya pide más transparencia en los PGE
Por ley, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben acompañarse de un informe que valore el impacto en materia de género que tiene el reparto de las distintas partidas. En el informe correspondiente al proyecto de PGE de 2019 —que tras ser rechazado en el Parlamento dio lugar las elecciones del pasado 28 de abril—, se incrementaba a 137 el número de programas analizados con perspectiva de género. Aunque ello suponía un 33% de incremento respecto al presupuesto del ejercicio anterior, los programas analizados correspondían al 57% del total. Medido en gasto, el informe afirma que el 80% de este está siendo estudiado bajo esta óptica.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Sin embargo, la Plataforma de Impacto de Género Ya, que lleva más de una década intentando sacar algo en claro en las cuentas del Estado, se muestra crítica con los avances. Charo Marcos, portavoz de la plataforma, apunta lo siguiente: “No sirve un informe de más de 600 páginas en el que se analizan una serie de capítulos mientras que otros no, sin decir por qué, y que no entra a analizar la cuantía en euros de los programas analizados, o que hace referencias a los objetivos de un plan de igualdad de 2014 a 2016 ya finalizado, y que no se hacen valoraciones de impacto de género de los impuestos ni de la mayoría de gastos, en particular de la Seguridad Social. O en el que se ignora la brecha de género en las pensiones, la atención a la infancia y las personas en dependencia”.
La plataforma cree que no es ninguna buena noticia seguir aplicado las cuentas públicas de 2018 porque supone “se aparcan mejoras que sintonizan con las propuestas que desde hace años venimos haciendo”. Alude a las subidas de impuestos que debían financiar el 59% de gasto en dependencia (hasta 2.232 millones); el 41% la política de vivienda, hasta los 679 millones; el 33,6% programas para el Instituto de la Mujer; la bajada del 10% al 4% del IVA en productos de higiene íntima femenina, y las transferencias para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El seguimiento del gasto contra la violencia machista es uno de los temas para los que se demanda más claridad y concreción.
No es destinar dinero a las mujeres, sino a fomentar la igualdad
Las economistas llaman a la Administración trabajar en red
En 2017, la entidad presentó un Manifiesto feminista en el que se aseguraba que los presupuestos “reflejan un modelo económico basado en actividades productivas poco intensivas en tecnología, depredadoras del medio ambiente, que no atiende las necesidades sociales y que agrava los problemas de la desigualad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres; todo ello con desastrosas consecuencias para la economía y la sociedad”. Las activistas criticaban también la escasez del gasto social y asegura que potencia una estructura laboral y familiar atravesada por la división sexual del trabajo.
Marcos asegura que en los dos años transcurridos desde entonces, y en paralelo al auge del movimiento feminista global, se percibe “una mayor sensibilidad por parte de los grupos parlamentarios, incluso entre algunos más alejados de nuestra lucha”, pero sigue reclamando “mucha mayor transparencia y voluntad política”.
PARTICIPACIÓN Y ALIANZAS
“En dos décadas se ha avanzado bastante. Podemos evaluar el impacto potencial de incrementar los recursos destinados a algunas políticas, por ejemplo, en la educación y la sanidad, pero no se ha llegado al punto de poder cuantificar cómo un determinado porcentaje del presupuesto contribuye de forma activa a fomentar la igualdad”, reflexiona Jubeto.
El propio ejercicio de análisis de gastos e ingresos enciende debates sobre cuáles son las políticas específicas que favorecen realmente la igualdad, frente a lo que parece, según cómo se planteen, como sucede con los servicios de cuidados a personas dependientes o con las medidas para mejorar la conciliación. Ello subraya la importancia de que la elaboración de presupuestos sea participativa.
Las comunidades autónomas donde más se ha trabajado la cuestión son Andalucía y el País Vasco. La comunidad andaluza empezó en 2003, mientras en 2006 elaboró un primer informe sobre la experiencia, y sus informes se consideran los más didácticos.
El Gobierno vasco, por su parte, fue pionero pero ha tenido fases. Entre 2000 y 2002 Emakunde, el Instituto de la Mujer de Euskadi, protagonizó una experiencia piloto pionera en seis departamentos. El tema fue retomado en serio desde 2015. El Madrid gobernado por Manuela Carmena y la Barcelona de Ada Colau se tomaron muy en serio el envite, al involucrar a Economía y/o Hacienda y al apostar por la transversalidad.
En un terreno en el que reina el desconocimiento y muchas funcionarias —habitualmente le ha caído el encargo a mujeres— han hecho lo que han podido sin recursos ni formación, no hay tradición de trabajar conjuntamente. De ahí que el congreso de Valencia hiciera un llamamiento a trabajar “en red, construyendo y fortaleciendo alianzas tácticas y estratégicas” tanto dentro de las Administraciones como entre estas y el movimiento feminista.
EMPLEO PÚBLICO
Brecha salarial
El enfoque y la metodología que sigue cada Administración son distintos, pero en los informes sobre impacto de género de los presupuestos siempre se suele analizar tanto la presencia de mujeres en los distintos escalafones (suele haber menos en los más elevados) y la brecha salarial en el funcionariado. En Andalucía, cuando la alianza de PP, Ciudadanos y Vox desplazó a los socialistas del poder inicialmente negó que hubiera desigualdad salarial en el sector público. Sin embargo, los presupuestos de la Junta, en su informe de impacto de género, habían detectado una diferencia media del 12,5% entre hombres y mujeres (en 2017, con datos de 2015), porque los funcionarios obtienen más puestos de dirección y sus ingresos son más elevados (discriminación indirecta). La diferencia de ingresos aumenta con la edad, y a partir de los 55 es del 16,5% en detrimento de las mujeres. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, la brecha de género salarial global es del 15,7%, que se eleva al 21,9% en el caso de los complementos salariales, en favor de los hombres.
PARA SABER MÁS
* Artículo de Carmen Castro ‘La agenda de la economía feminista’
