El enredo de las privadas
Denuncias, readjudicaciones, descuelgues autonómicos, renovaciones sin evaluación previa, sentencias y resultados dudosos marcan cuatro años de colaboración público-privada.
La cooperación entre los servicios públicos de empleo y las empresas privadas ha ido ganando terreno en la Unión Europea, que, en su Estrategia 2020, les llama a “innovar” y a ir exponiendo sus experiencias en políticas activas como referentes para el resto de países. La idea es dotarlos de agilidad y capacidad anticipatoria, ser puente entre la formación y las necesidades de las empresas.
En España, la participación de intermediarios privados fue tabú durante años. Tras un primer movimiento del PSOE en 2010, echó a andar en 2013 con el PP mediante un acuerdo marco que se ha convertido en carrera de obstáculos. Se seleccionaron 80 agencias de colocación en 2014. En juego, 200 millones de euros, en principio entre 300 y 3.000 euros, según lo difícil del perfil de reinserción (lo más difícil, tener cincuenta y un años, llevar más de dos sin trabajar y tener baja formación).
“Por supuesto, si la Administración plantea la colaboración, quieres estar. Pero lo cierto es que sus criterios son muy exigentes. No es cierto que hagamos negocio. En el plazo de ocho meses, encontrar empleos de seis meses a personas no recicladas es muy difícil”, señalan fuentes de Asempleo, que agrupa a las agencias de colocación. Éstas cobran un 15% por cada adscripción, pero sólo la suma completa si el trabajo es estable... seis meses.
Después del contrato del SEPE destinado a los parados de larga duración —la lista de adjudicatarios ha cambiado hasta cuatro veces a resultas de las peleas, traducidas en recursos, entre pequeñas empresas de formación y grandes ETT—, el SEPE sacó otro contrato destinado a distintos colectivos que se llevaron Adecco, Eulen, Manpower y los salesianos. En paralelo, los gobiernos autónomos han fijado sus condiciones para los lotes adjudicados en su territorio. Inicialmente, al acuerdo marco se apuntaron 14 autonomías: todas salvo País Vasco, Andalucía y Catalunya. Más tarde, otras comunidades como la valenciana han planteado descolgarse. Catalunya, por su lado, alcanzó “un compromiso verbal” de participar.
Revés judicial en Euskadi
Mientras, Lanbide, el servicio público de empleo vasco, ha logrado una sentencia que anula en Euskadi la contratación de agencias privadas en su territorio debido a la invasión de competencias por parte del Ministerio de Empleo. “Es una intromisión que el Estado nos diga cómo tenemos que utilizar nuestras competencias y recursos”, corrobora en la misma línea Mercè Garau, directora del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Esta comunidad ha experimentado con agencias privadas: “No nos están ayudando mucho a facilitar la inserción, y sólo recurrimos a ellas para colectivos de muy especial dificultad”, añade. Según Garau, las agencias entrevistaron a 11.017 personas, con una previsión de inserción de 3.000; la realidad se quedó en el 5,9%. Las mismas personas entrevistadas lograron por otras vías recolocarse en un 31%.
Asempleo dice “estar a la espera” de una evaluación del ministerio para ver la efectividad del modelo: “Nos dicen que están en ello”. CC OO y UGT denuncian “la renovación” realizada en el verano pasado de los contratos de agencias de colocación a falta de “mecanismos de control y vigilancia”.
El Ministerio de Empleo ha difundido algunos datos: los servicios públicos de empleo colocaron al 42,9% de las 189.979 personas atendidas por agencias. Se orientó a 129.852 y se formó a 16.212. “Pero una evaluación debe analizar porcentajes de inserción, tipos de contratos o ejecución presupuestaria...”, se queja CC OO, que, con UGT, critica la “privatización” de los servicios de empleo. Desde 2013, de la partida para modernizarlos se han detraído en favor de las agencias privadas 140 millones (2015) y 175 millones (2016).
