El Gobierno nacionaliza los restos del naufragio

La Sareb, entidad que gestiona los peores activos de la burbuja inmobiliaria, pasará a manos del Estado. La factura del rescate bancario seguirá engordando.

La promesa era que la Sareb, la sociedad creada en 2012 para gestionar las viviendas y los créditos de los bancos y cajas de ahorros más afectados por el estallido de la burbuja inmobiliaria, no le iba a costar un euro a los contribuyentes. Así lo aseguró una y otra vez Luis de Guindos, a la sazón ministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy y actual número dos del Banco Central Europeo (BCE). 

Diez años después, ante las evidencias que apuntan en sentido contrario, el Ejecutivo de coalición ha iniciado los trámites para que el Estado se haga con el control del llamado banco malo. El pasado 3 de febrero, el Congreso de los Diputados convalidaba por amplia mayoría un real decreto ley para incrementar por encima del 50% la participación pública en la Sareb con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. Se abstuvieron ERC, Bildu, CUP y BNG. Vox votó en contra. En total, 268 síes, 53 noes y 28 abstenciones. 

Al constituirse la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el Estado se quedó con el 45,9% del capital, mientras que el 54,1%% restante se repartió entre 25 bancos y aseguradoras, la gran mayoría nacionales. La sociedad emitió entonces 50.781 millones de euros de deuda con el aval del Tesoro a cambio de hacerse cargo de los activos más deteriorados de los nueve bancos y cajas de ahorros que fueron nacionalizados o recibieron ayudas públicas para no ir a la quiebra. El reparto accionarial daba así una apariencia de empresa privada al banco malo, pero, en realidad, era el contribuyente el que asumía todos los riesgos. 

El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos,  aseguraba en 2012 que la Sareb no costaría un euro a los contribuyentes

La evidencia llevó el año pasado a Eurostat a ordenar que se contabilizaran como deuda pública los 35.000 millones de euros que la Sareb tenía pendientes de devolver a finales de 2020. En un solo día, la deuda pública española aumentó en 3 puntos porcentuales: del 117% al 120% del producto interior bruto (PIB). La oficina estadística de la Unión Europea también obligó a reconocer como déficit público las pérdidas registradas por la Sareb, lo que incrementó en 9.891 millones de euros el desequilibrio presupuestario. 

La "realidad actual"

En palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, el cambio legislativo propuesto por el Ejecutivo responde a la necesidad de dar al Estado las herramientas necesarias para gestionar “lo que es suyo” y adaptar la Sareb a “la realidad económica actual”. Dicho de otro modo: ya que las pérdidas se van a pagar con dinero público, que sea el Gobierno de la nación el que gestione las viviendas y los créditos que aún tiene la sociedad. 

La mayor parte de los activos que asumió la Sareb eran préstamos de dudoso cobro (39.438 millones de euros) y el resto, inmuebles y solares valorados entonces en 11.343 millones. La sociedad ha ido vendiendo lo que ha podico en los últimos 10 años, pero al cierre de 2020 le quedaban aún por liquidar activos por valor de 30.448 millones de euros (la mitad inmuebles y la mitad créditos) y una deuda pendiente de pago de 34.918 millones. La sociedad ha registrado pérdidas en todos sus ejercicios, hasta un total de 5.075 millones de euros,  la mayor parte como consecuencia de un malogrado swap de tipo de interés efectuado en agosto de 2013 con el que los directivos de la Sareb pretendían reducir riesgos financieros. A finales de 2020, tras el fracaso de la operación, la empresa declaraba un patrimonio neto negativo de 10.529 millones de euros.

Viviendas asequibles

La memoria de impacto que acompaña al real decreto ley convalidado por el Congreso, a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, reconoce que la Sareb seguirá engordando en los próximos cinco años las pérdidas del desastre inmobiliario. “Es previsible que la Sareb no alcance a liquidar la totalidad de su activo antes de su disolución en 2027 y que se ejecute parte del aval del Estado en la deuda sénior emitida por la compañía y cuyos tenedores son las entidades cedentes de los activos”, reza el documento. ¿Qué significa esto? Que será el contribuyente quien pague a los bancos las deudas que la Sareb tenga pendiente a esa fecha.

10.529 millones de euros es el patrimonio neto negativo de la Sareb

Pese a todo, el Gobierno asegura que la toma de control de la entidad ayudará a reducir el coste para las arcas públicas y prevé utilizar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público de alquiler, muy escaso en España si se compara con otros países europeos. El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aprobado por el Ejecutivo en enero, prevé incrementar la firma de convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para poner los pisos a disposición de personas con dificultades para alquilar en el mercado libre a precios asequibles. El objetivo es que la Sareb ceda un total de 15.000 viviendas en usufructo a la Administración local o autonómica correspondiente. La fórmula no es nueva, pues en la última década la sociedad ha cedido el uso de 3.200 viviendas a un centenar de administraciones locales y autonómicas y ha alquilado directamente pisos a 1.100 familias en situación de vulnerabilidad.

Créditos fiscales

Según el plan del Gobierno, la renta mensual de cada vivienda propiedad de la Sareb oscilará entre los 150 y los 300 euros. La condición para acceder a una de ellas es que la renta de la unidad familiar no supere tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, 24.000 euros al año como tope. Con las aportaciones del banco malo, el Gobierno pretende incorporar un total de 100.000 unidades al parque público de alquiler. 

El plan es aumentar el parque público de alquiler

Ayuntamientos y comunidades autónomas reclaman los pisos

Ayuntamientos y comunidades autónomas han comenzado ya a reclamar los pisos. El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y consejero de Vivienda, Héctor Illueca, envió a la vicepresidenta Calviño una carta en la que reclama hacerse con la gestión de todas las viviendas de la Sareb en su territorio. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, reclama que la Sareb le transfiera más de un millar de inmuebles para incorporarlos a su parque público de viviendas.

El Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha presentado una oferta formal para hacerse con el 100% de la Sareb a un precio de 1 céntimo por cada paquete de 39.710 acciones de la sociedad, lo que supone valorarla en unos 360 euros. La incógnita es si todos los bancos y aseguradoras que forman parte del capital aceptarán la oferta. Mapfre, por ejemplo, ha anunciado que no piensa vender sus participaciones para poder seguir beneficiándose de los créditos fiscales que le corresponden por las pérdidas derivadas de su aportación la Sareb. El presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, aseguró que solo manteniendo la presencia en la sociedad Mapfre podrá ejercer el derecho a pagar menos impuestos en ejercicios venideros.

De lo que no cabe duda es que la nacionalización de la Sareb va a aumentar notablemente la factura del rescate bancario. Los cálculos más recientes ya dan por perdidos más de 58.000 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar los números rojos que deje la empresa ahora nacionalizada. La cantidad final podría alcanzar los 70.000 millones de euros.