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El impuesto de los pobres

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Septiembre 2022 / 105

La inflación es conocida como “el impuesto más injusto” y “el impuesto de los pobres”, ya que son las familias con menos recursos las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar productos básicos como los alimentos, la vivienda, la luz y el transporte. 

La subida de los precios, que inicialmente se centró en la electricidad y la gasolina, se ha propagado ya por todos los sectores económicos. Como ya sucedió con la crisis que siguió al desastre financiero de 2007-2008, todo indica que van a ser las rentas más bajas, los asalariados y los parados quienes paguen los platos rotos del actual periodo inflacionario. La pérdida de poder adquisitivo de un sector mayoritario de la ciudadanía se ha puesto de manifiesto durante el verano y se hará todavía más evidente durante el otoño y el invierno que se avecinan. 
Los precios de los alimentos son los que más han subido en las últimas semanas debido al aumento de los costes de producción, la sequía y la interrupción de las exportaciones de grano de Ucrania, considerada hasta hace poco "el granero de Europa". Buena parte de los artículos que integran la bolsa de la compra de una familia media registran ya incrementos de precio superiores al 10%. Especialmente pronunciadas son las subidas del aceite, los huevos, la leche, el pollo y los cereales. Las familias numerosas, que duplican o triplican el gasto en alimentación, transporte y ropa, lo están notando más que la media.

2,56% subida media de los salarios pactados en convenio

10,8% incremento interanual del IPC 


Entre los perdedores de la inflación figuran también las familias con hipotecas a tipo variable y quienes viven de alquiler, que en ambos casos van a tener que hacer un mayor esfuerzo económico para pagar la vivienda. En el primer caso, por la subida de los tipos de interés y, en el segundo, por la renovación de contratos vinculados a la subida del índice de precios de consumo (IPC). 
El euríbor, referencia de la mayoría de los préstamos a interés variable, encadena siete meses de subidas mensuales desde principios de año y a finales de agosto se situó en el 1,34%. Quienes revisen próximamente las cuotas hipotecarias van a ver como se encarece su mensualidad. Para una hipoteca media de 150.000 euros, ello puede significar 150 euros más al mes o 1.800 euros al año. 
Los pronósticos no son optimistas: Bankinter predice que el euríbor seguirá creciendo, hasta alcanzar el 1,90% en diciembre y superar el 2% en 2023. Más del 75% de los créditos hipotecarios en vigor en España tienen tipos de interés variable, pero el miedo a la inflación está llevando a la mayoría de los nuevos compradores de vivienda a endeudarse masivamente a tipo fijo para dar certeza a su inversión.

Movilizaciones
Una vez acabadas las vacaciones de verano, los sindicatos han anunciado movilizaciones para exigir subidas salariales que compensen el avance de los precios. Los salarios pactados en convenio colectivo subieron de media el 2,56% entre enero y junio, casi 8 puntos porcentuales menos que la inflación registrada en agosto (10,4%). Hacía décadas que no se producía una pérdida de tal magnitud en la capacidad de compra de los salarios, que aún no se había recuperado de la crisis anterior. 
Las organizaciones patronales se niegan en redondo a vincular los incrementos salariales a la inflación, por lo que se prevé una dura negociación con los representantes de los trabajadores. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado su apoyo a las reivindicaciones sindicales y ha anunciado que el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir teniendo en cuenta el incremento de los precios. 
Y es que la inflación se ha comido las subidas del SMI aprobadas durante la legislatura, uno de los principales logros en materia laboral del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Si la inflación sigue rondando el 10%, es muy probable que a finales de año el salario mínimo sea inferior al de 2019 en términos reales. Para evitar una pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben los 1.000 euros mensuales actuales, los sindicatos se han fijado como objetivo una subida del 10%, acorde con el incremento del IPC previsto para el conjunto de 2022.