El negocio del agua y el saneamiento / Pedro Arrojo

Profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza

La estrategia neoliberal del Banco Mundial y del Banco Central Europeo, que busca reducir el campo de lo público para dejar más espacio de negocio a la iniciativa privada, viene degradando las funciones del Estado, como impulsor de valores de justicia y cohesión social.

Tras varias décadas de anorexización de las instituciones públicas y de glorificación del libre mercado y tras el reciente saqueo de las arcas públicas para salvar a la banca privada, los ayuntamientos y gobiernos autónomos son empujados a vender los muebles, privatizando los servicios bajo su responsabilidad.

Desde la visión neoliberal, garantizar el acceso universal a servicios básicos, como los de sanidad, educación o agua y saneamiento, tradicionalmente asumidos como derechos de ciudadanía e incluso como derechos humanos, se considera un atentado contra el libre mercado. Esos servicios deben ser considerados como servicios económicos y gestionarse como simples negocios, lo que supone que los ciudadanos pasen a ser simples clientes.

En Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se ensayaron las opciones más radicales del naciente neoliberalismo (lo que entonces llamábamos los Chicago boys) en materia de aguas y se privatizaron los ríos. De hecho, si alguien necesita una concesión de aguas en Chile, hasta hace poco tenía que viajar a Madrid y hoy debe ir a Roma para comprársela a Endesa, propietaria efectiva de buena parte de los ríos chilenos. Margaret Thatcher privatizó las infraestructuras entregando, por ejemplo, la red de abastecimiento y saneamiento de Londres a la empresa Times Water por un precio simbólico.

Ni el modelo chileno ni el británico se han expandido a otros países. Sin embargo, el modelo francés, mucho más sutil, sí se expande con el apoyo del Banco Mundial. Aplicando una estrategia de pretendida asociación pública-privada (PPP), se promueven empresas mixtas en las que los grandes operadores asumen ser socios minoritarios, con el 49% de las acciones, frente al 51% de titularidad pública. No obstante, una cláusula innegociable establece su competencia exclusiva en la gestión de la empresa mixta, bajo el argumento de disponer del conocimiento y las capacidades tecnológicas necesarias (know how, Savoir faire…). De esta forma, la clave del control acaba residiendo en el monopolio de la información más que en la mayoría accionarial.

Otra cláusula establece que el operador privado, desde la dirección de esa empresa, tendrá la potestad de comprar, contratar y subcontratar, sin pasar por concurso público, con lo que la adquisición de tecnología y todo tipo de contratos pasan a adjudicarse directamente a empresas del propio grupo multinacional. Así, en nombre del libre mercado, paradójicamente, bloquean el mercado y se aseguran un lucro que no aflora en los beneficios declarados de la empresa mixta, sino que se enmascara en el capítulo de costes que pagan los ciudadanos a través de tarifas que se disparan. 

Por último, asegurando largos períodos para esas concesiones (25-50 años), garantizan de facto su irreversibilidad. Si una corporación posterior quisiera revertir el contrato, se encontraría con una demanda de indemnización diez veces superior a lo que la empresa pagó por conseguir la concesión, al exigir además la compensación del lucro esperado.

El poder financiero está transformando la crisis provocada por su codicia en una ventana de oportunidad para sus intereses, apoyándose en políticas públicas de falsa austeridad. Privatizar este tipo de servicios equivale a vender el piso en que vivimos. A renglón seguido, tendremos que alquilárselo a quien nos lo compró, pagando la amortización de la compra más los beneficios que nos quiera imponer. Nada que ver, pues, con estrategias de austeridad, como sería vender la segunda residencia para garantizar lo imprescindible. En nombre de la austeridad, asistimos en realidad a un proceso de depredación de derechos sociales. Para colmo, esos procesos de privatización son financiados con los fondos públicos que la banca privada obtiene del Banco Central Europeo (más de un billón de euros últimamente) al 1% a tres años. Es decir, encima, nos compran nuestra casa con nuestro propio dinero.