El poder del ‘lobby’ contra la dación en pago
Varapalo a España. El drama de los desahucios estaba a la vista de todos, pero el Gobierno ha mantenido el marco hasta la sentencia europea
Ahora, tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, ya no debe de quedar nadie en España que no sepa que el andamiaje legal que ha propiciado un alud de desahucios —400.000 ejecuciones desde el inicio de la crisis— es una singularidad en la UE en beneficio de la banca y en detrimento de los ciudadanos.
En realidad, antes de la sentencia ya se había enterado casi todo el mundo. Pero faltaban aún las cúpulas del PSOE y el PP.
Ambos partidos han cerrado el paso durante años a la mayoría de iniciativas impulsadas por los pequeños partidos de izquierda y los movimientos sociales para aliviar la situación de los hipotecados. Así ocurrió hasta que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevó el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular que exige la dación en pago (que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda) con el aval de 1,4 millones de firmas: en febrero, el PP se vio forzado a admitirla a trámite y ahora se encuentra en la Cámara en fase de enmiendas sin que el partido que apoya al Ejecutivo sepa cómo lidiar con ello, y menos tras la sentencia de Luxemburgo.
Las agencias de ‘rating’ y la patronal bancaria han advertido contra los intentos de reforma
Todos los expertos conocían el drama de los desahucios, con miles de lanzamientos al mes, perfectamente registrados por instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial. Y todos los expertos —ortodoxos y críticos, progubernamentales o no— sabían, al menos desde 2010, que el aumento previsto del paro iba a desbocar los desahucios, propulsados además por las facilidades que otorga la ley.
Sin embargo, el PSOE, primero, y el PP, después, han coincidido en la necesidad de proteger un bien superior: la estabilidad del sistema financiero para evitar así, según su criterio, empeorar aún más la crisis.
Cada vez que algún partido minoritario, un juez o los movimientos sociales lograban abrir una minúscula rendija, la banca o las agencias de calificación —perfectamente acompasadas con sus mejores clientes— se encargaban de cerrarla lanzando advertencias a los partidos mayoritarios.
Cuando en abril de 2011, la efervescencia de la calle al calor del 15M redobló la presión por la dación en pago —en los tribunales y en el Congreso—, el presidente de la patronal bancaria escribió a Elena Salgado, entonces ministra de Economía, con avisos tajantes: modificar la ley “pondría en cuestión la seguridad jurídica y tendría un impacto muy negativo sobre los créditos y títulos hipotecarios”. Además, añadía: “Quedaría profundamente tocada la imagen de nuestros mercados financieros”.
Los gobiernos del PSOE y el PP han compartido la misma política: proteger a la banca
Cuando pocas semanas antes, la Audiencia Provincial de Navarra empezó a hacer saltar las costuras de la maquinaria judicial con el primer fallo a favor de la dación en pago, la agencia de calificación Fitch amenazó con la rebaja ipso facto del rating de España: “Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que forzaría potencialmente a revisar las actuales valoraciones del mercado”.
Ahora que el PP se ha visto forzado a aceptar la tramitación de la ILP de la dación en pago, la agencia Moody’s tardó apenas una semana en reaccionar: emitió una nota advirtiendo de sus supuestas consecuencias funestas para el país.
La dependencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, antes, y del de Mariano Rajoy, ahora, con respecto a las agencias de rating y la banca —la principal beneficiaria de la Ley Hipotecaria y de los mecanismos que facilitan los desahucios exprés que la justicia europea ha considerado abusivos— se acrecentó aún más desde que la crisis mutó hacia la deuda soberana del sur de Europa. Desde 2010, los mercados internacionales están prácticamente cerrados para España, que se financia gracias a que la banca nacional acude a las subastas de deuda, lo cual ha agrandado aún más la influencia del sector financiero en el Ejecutivo.
“El Gobierno lleva muchos años rehén de la banca; depende tanto para financiarse de la banca que en realidad está a sus órdenes”, opina Alejandro Inurrieta, analista financiero y coordinador del libro Qué hacer con la política de vivienda (Akal), recién editado.
El modelo español ante el impago de las hipotecas, que acaba de sufrir el varapalo del Tribunal de Luxemburgo, es un infierno para los ciudadanos, pero un sueño para la banca, especialmente desde que en 2000 el Gobierno de José María Aznar reformó la ley para agilizar los desahucios.
No solo es la rapidez del desahucio lo que beneficia a la banca frente a los hipotecados, sino también lo que sucede después, que condena a muchos desahuciados a una deuda inasumible de por vida: se procede a una subasta del piso y el banco suele quedárselo por apenas el 60% del valor de tasación.
Con ello, el desahuciado solía mantener la deuda, el banco disponía ya de un piso en propiedad a precio de saldo y en sus balances podía contabilizarse el valor de tasación, con lo que no afloraba ninguna pérdida y mantenía una apariencia de fortaleza financiera, hoy ya imposible de vender.
La estabilidad del sistema financiero perseguida por el PP y el PSOE parecía asegurada. Pero a costa de 400.000 desahuciados.
CIUDADANOS INDEFENSOS Jaime Abelardo Cadenas, en su casa de Barcelona , cuando estaba amenazado de desahucio, en 2011. FOTO:EDU BAYER
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