El sueldo no da para pagar la luz, el gas y el agua

Presupuesto familiar. España es uno de los países donde es más cara la electricidad y donde más ha aumentado de precio desde la crisis

Venderse un viejo coche que no recorre ni 6.000 kilómetros al año y apuntarse a una empresa de las que permiten compartir vehículo. Alquilar el piso propio, hipotecado, a una pareja de extranjeros de elevado poder adquisitivo y marcharse luego de inquilino a otra vivienda más pequeña y modesta con el fin de pagar una mensualidad inferior. Por no hablar de las familias reagrupadas bajo un mismo techo para acoger a hijos en paro o con sueldos de llanto. O de la inversión en una bicicleta eléctrica para circular por  la ciudad.

Son algunas de las múltiples caras de la reestructuración presupuestaria que muchos ciudadanos han empezado a aplicar ya en sus vidas después de constatar que la menor renta disponible —menor por las bajadas de salarios, las subidas de impuestos varios, los aumentos de precios públicos, el incremento del coste de la vida, cuando no el desempleo— no es algo pasajero como pudo sospechar, o así se lo contaron, en 2008, 2009 o incluso 2011.

Ya no podemos vivir igual pero en ‘low-cost’ por la pesadilla de los costes fijos de la casa

Lo que comemos y lo que vestimos pesan menos en el presupuesto familiar

Se gasta más en el alquiler del piso y en telefonía, aunque bajen precios

“Durante los primeros años de la crisis, la tendencia dominante era la de intentar hacer lo mismo, pero más barato. De ahí la explosión del low-cost en todos los ámbitos”, explica Josep Maria Galí, especialista en sociología del consumo y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de Esade. Salir a comer fuera, pero a un sitio con un menú más asequible. Viajar, pero durmiendo en hoteles de menos estrellas y conformándose con estancias más cortas. “Poco a poco, sobre todo en 2012, el consumidor entendió que debía revisar sus esquemas de gasto. Y ahora, en 2013, se encuentra en plena reestructuración”, añade.

Los cambios en la composición del gasto tienen un objetivo claro: reducir como sea el fardo de costes fijos del hogar porque son el boquete por el que se escapa el mayor bocado del salario. Un salario medio, antes de impuestos, que se eleva a 22.899 euros al año, aunque el que percibe un mayor número de personas en España no alcanza los 16.000 euros brutos. 

La modificación del reparto del gasto apunta un fenómeno incontestable. Los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin tregua en el marco de una persistente atonía económica, se están comiendo cada vez más el presupuesto familiar. Igual que el transporte por carretera (hay combustible por medio).También ganan terreno otros servicios (otros gastos fijos) que, en cambio, sí bajan de precio, como el alquiler de la vivienda o los servicios telefónicos.

Comer 17.000 manzanas

Por el contrario, si se analizan con el mismo cruce de ponderaciones del IPC otros componentes de lo que llamamos la “cesta de la compra”, que pese al nombre no tiene nada que ver con ir al mercado, sino con echar cuentas para poder llegar a final de mes, queda claro que, tras cinco años largos de crisis, dedicamos una porción menor de nuestros ingresos a lo que comemos —ya sea la carne de porcino, de ave o de vacuno, pescado fresco, leche, aceite o  arroz...—. Otras evidencias: reservamos menos dinero para el consumo en restaurantes, y gastamos menos en ropa, incluso en medicamentos.

“Puedo variar la calidad de los alimentos que compro, pero no puedo comer 17.000 manzanas al día. Sin embargo, puedo ir aumentando mi gasto en telecomunicaciones y electricidad en la medida en que vivo conectado, con los nuevos servicios de móviles, las tabletas y ordenadores, que hay que recargar, o usamos más el aire acondicionado que hace 15 o 20 años”, reflexiona el profesor del Instituto de Empresa Fernando Fernández, que alude de este modo a cambios de patrones de consumo que van teniendo lugar como tendencias de fondo, más allá de la crisis y de lo caro y lo barato. 

Pero nada se está haciendo un hueco tan amplio en la lista de gastos como la luz en estos años de crisis: en la ponderación de los componentes del índice de precios al consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), la subclase “electricidad”, clasificada dentro de la vivienda, pesa nueve puntos más en 2013, en comparación con 2007, el año de crisis financiera internacional previo a nuestro batacazo. 

Las organizaciones de consumidores han expresado su inquietud por el progresivo encarecimiento del recibo de la luz, que la teórica liberalización del sector no ha servido para abaratar. Según los últimos datos de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, desde justo antes de que se lanzara el euro como moneda física (año 2001) hasta 2012, la factura cuesta en España, de media, un 105,1% más. Entre 2007 y 2011, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%.

El consumo energético empresarial es un termómetro fiable de la salud económica de un país. “La crisis ha reducido el consumo industrial, no el doméstico”, subraya el profesor, por su inelasticidad.

Según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), tras el subidón de la demanda de energía eléctrica en España, incluso por encima de lo que creció la economía —una anomalía dentro de Europa acorde con nuestra gran burbuja— y después también de la caída brusca que les siguió (-3,7%), coincidiendo con el sopapo económico de 2009, hemos vivido tiempos de retrocesos de la demanda menos pesados en 2011, 2012 y los primeros ocho meses de 2013 (3,2% interanual). Por lo que respecta a las previsiones de demanda del operador del sistema, entre 2014 y 2016 se auguran incrementos moderados.

¿Qué ocurre con el gas? La demanda convencional de gas natural ha tenido un crecimiento raquítico en 2012-2013, del 0,8%, comparado  con el  5,1% experimentado en 2011-2012, y también con las estimaciones de aumento para los  años venideros: 4,5%, 2,1% y 1,8%, respectivamente.

Un recibo un 105% más caro desde 2001

A priori, se podría replicar que nos ocurre algo parecido a lo que les pasa a nuestros vecinos europeos. Al menos, así se podría deducir del documento Análisis del gasto en consumo de los hogares en la UE-27, de la serie Eurostat-In Focus (febrero de 2013): “Una de las tendencias a medio plazo en Europa”, afirma este, “es la creciente porción de gasto en electricidad, gas y gasolinas, alquileres de vivienda, distribución de agua y otros servicios de salud, mientras caerán la parte del gasto destinada a muebles, ropas, recreación y comunicaciones”. De acuerdo con  dicho análisis, el 22% del gasto de los hogares europeos se destina a la casa, incluida la luz, el agua, el gas u otros combustibles (3.400 euros anuales, de media). Las dos siguientes partidas de gasto,  serían  el transporte (1.900 euros al año) y la comida y bebida (no alcohólica, 1.800 euros al año).

Sin embargo, el caso de España va más allá de la tendencia general, sin duda marcada por un petróleo más caro (el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, costaba menos de 60 dólares en 2009 y ahora 110).

Tendencia europea

Vivimos en uno de los países donde los consumidores pagan la electricidad más cara, sobre la media. Únicamente Chipre e Irlanda, dos  rescatados por la UE, nos superan en precio, si no se tienen en cuenta los impuestos. 

Y eso no es todo. La estadística refleja también que España es uno de los Estados miembros de la UE donde la luz se ha encarecido  más durante la crisis: un 49,2%. Solo en Malta y en Suecia ha subido más el recibo desde 2007. La media  europea se sitúa en el 17,9%. Vecinos como Francia, Alemania y Portugal están en el 16%, el 19% y el 20%, respectivamente.  

Preguntada al respecto, Unesa, patronal de las eléctricas, se guarda de entrar a valorar temas de precios, y recuerda que éstos “en parte están fijados por el gobierno y en parte en las subastas eléctricas”. Respecto de la comparación con los socios europeos, el sector insiste en que, si se miden estricamente  los costes de generación de la electricidad, estos están en la media o incluso por debajo de la UE, y apunta a lo que considera el auténtico problema: qué pagamos dentro del recibo de la luz. En la web de Unesa se explica que de lo que se paga en el recibo sólo un 41,6% del dinero va a energía, distribución y transporte. Un 21,3% se destina a subvenciones, un 21,4% a impuestos y el resto a amortizaciones y otros costes (como los costes extra de productir en Canarias y Baleares.) 

En el ranking del gas, España no aparece tan señalada, aunque también supera la media europea. Ocupa el octavo lugar en precio para el consumidor final(los países más caros son Suecia y Dinamarca). Si la media es de 7,2 euros por 100 kWh, en España alcanzaba los 10 euros. El butano, ya sabemos que desde el pasado 14 de mayo ha alcanzado su precio máximo, hasta nueva revisión en 2014.

Si se trata de llenar el depósito, sólo hay dos países europeos, Dinamarca y Malta, en los que sea más caro (sin contar impuestos) que aquí. Y si se abre el grifo del agua, la tendencia a dar entrada a operadores privados en la gestión -para que los ayuntamientos obtengan recursos- está suponiendo aumentos significativos de tarifas. Según las empresas del sector, porque deja de subvencionarse el coste y se paga por fin lo que cuesta el servicio. En junio pasado, el Ministerio de Agricultura avanzó otra alegría a los consumidores: el precio del agua va a subir al menos un 50% para cumplir con los compromisos con la UE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Pasaron bastante desapercibidas unas declaraciones de Liliana Ardiles, directora general del Agua del ministerio, en las que contaba que entre 2014 y 2021 el Gobierno licitará obras de depuración por 10.000 millones, cuyo coste repercutirá en la tarifa.

Visto que, desde 2007, el agua también gana peso en el presupuesto familiar —junto a la contribución a servicios municipales, la recogida de las basuras o el alcantarillado—, Fernández señala el evidente uso de “los bienes de demanda rígida” como bienes gravables. Se pueden utilizar los impuestos para gravar su consumo excesivo, para no malgastar, pero también, como se seguirán consumiendo, con fines recaudatorios.  

La explicación que encuentra la Organización para los Consumidores y Usuarios (OCU) es muy clara. “Los distintos gobiernos, central, locales y autónomos, han malgastado el dinero de los ciudadanos”,  en palabras de Iliana  Izverniceanu,  portavoz de  la organización . “Es un sangrado del ciudadanos a través de los impuestos que pagan, que provoca un empobrecimiento del poder adquisitivo”.

OCU

Puja de consumidores para lograr un recibo más barato

Cualquier consumidor que quiera participar en la compra colectiva de energía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para intentar disminuir el recibo del gas y la electricidad puede apuntarse de modo gratuito en la web www.quieropagarmenosluz.org. El plazo para ello termina el 1  de octubre. Dos semanas más tarde, las comercializadoras podrán pujar por ofrecer el mejor precio (para ofertas de luz o bien para gas y luz). Posteriormente, la OCU comunicará a los inscritos qué ahorro supone cambiar a la oferta ganadora (si la puja no queda desierta). Hoy, casi dos terceras partes de los clientes siguen con la misma comercializadora que le distribuye la electricidad. La competencia no funciona. Muchos usuarios que están en el mercado libre, fuera de la tarifa regulada, pagan tarifas hasta un 25% más elevadas.