Eléctrica pública: ¿una utopía?
España elude el debate sobre el impacto de contar con un actor público relevante, pese a ser común en muchos países occientales.
Podría una empresa pública desempeñar algún papel en el mercado eléctrico? En España, la mera formulación de la pregunta implica arriesgarse a ser señalado, y sin necesidad de que medie debate alguno, como trasnochado, indocumentado o utópico.
Lo han comprobado los diputados de Unidas Podemos (UP) que han presentado una modesta proposición no de ley que aspira apenas a crear una hidroeléctrica pública a partir de ir recuperando las concesiones que vayan venciendo. Muchos medios importantes han puesto el grito en el cielo o han ignorado la propuesta, al igual que el propio Gobierno, del que forma parte UP: la idea ni se contempla.
“La virulencia de las reacciones a una propuesta tan de mínimos viene a demostrar que el oligopolio eléctrico es el principal poder en España”, sostiene Juantxo López de Uralde, impulsor de la iniciativa. Y añade: “Obviamente, ya sabemos que esta propuesta no lograría bajar el precio de la luz a corto plazo, pero es un primer paso hacia otra forma de producir energía que no tenga como prioridad los intereses del oligopolio”.
Uralde recuerda que los embalses fueron construidos por el Estado hace décadas y que las inversiones para construir las centrales se amortizaron muy rápidamente, con lo que considera “injustificables” los extraordinarios beneficios que las multinacionales siguen obteniendo por esta vía gracias al modelo de fijación de precios de la electricidad, en el que la última energía incorporada al mix fija la retribución de todas: en la estresante situación actual puede suceder que el coste de producción del kw hidráulico sea de apenas tres euros y, en cambio, la multinacional se embolse más de 140 euros. De ahí que se les llame “beneficios caídos del cielo”.
“Un actor público podría hacer una gestión diferente, por ejemplo no vaciando los pantanos, y los beneficios no irían a dividendos, sino a un fondo para impulsar la transición energética”, recalca.
En realidad, lo singular no es tanto la propuesta de UP como la falta absoluta de actores públicos en el mercado eléctrico español. Es una excepcionalidad que entre los países occidentales solo comparte Portugal, según un estudio de la OCDE centrado en el papel de las empresas eléctricas con participación pública*.
Efecto positivo
El informe pone de manifiesto el efecto positivo de las empresas con participación pública en la inversión global en renovables, en contraste con mercados oligopólicos como el español. Pero, sobre todo, dibuja un escenario internacional en el que las empresas públicas están muy presentes y normalizadas en la producción eléctrica, que muchos países consideran estratégica, y globalmente incluso son el actor dominante: según la OCDE, las empresas con participación pública suponían el 62% de toda la producción global de electricidad mundial en 2016. Y en hasta 11 países de la OCDE más del 50% de la electricidad se genera en empresas con distintas fórmulas de participación pública (véase gráfico).
En algunos casos se trata incluso de empresas 100% públicas, y en países tan poco sospechosos de radicalismo antiliberal como EE UU (Tennessee Valley Authority), Canadá (Hydro-Quebec) y Suecia (Vattenfall Group). Según el citado informe del laboratorio de referencia para los gobiernos occidentales, 33 de las 50 principales compañías generadoras de electricidad en el mundo contaban en 2016 con participación pública.
Una de ellas es Enel, de la que el Estado italiano es el accionista mayoritario, lo que acrecenta la paradoja española: una gran operadora del mercado aquí ya tiene una impronta pública... ¡italiana!
Comercializadora
La furia desatada ante la propuesta de UP en España ha incluido desacreditar también cualquier iniciativa comercializadora de electricidad pública y singularmente del intento más ambicioso, Barcelona Energia, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB), gobernadas por comunes y socialistas. Algunos medios se han apresurado a decretar su “fracaso”, tanto en su impacto en el recibo de la luz como en la captación de clientes.
Sin embargo, los datos no avalan estas desautorizaciones rotundas. La experiencia de Barcelona es muy reciente —no empezó a aceptar clientes privados hasta enero de 2019 y empresas hasta junio de 2020—, pero suma ya 4.800 puntos de suministro (4.000 hogares, 500 empresas y 300 de entidades públicas) y los directivos confían en duplicarlos al final del ejercicio.
En Canadá, Suecia y EE UU operan eléctricas 100% públicas
Los datos del arranque de Barcelona Energia son alentadores
El director de Barcelona Energia, Iu Gallart, subraya que estos datos ya la situarían como octava comercializadora de España en términos relativos (sobre un total de 273 operadoras) si se proyectan los clientes obtenidos en su área de actuación, que cuenta con 1,3 millones de puntos de suministro, sobre el total de puntos de suministro en el país (29 millones).
Barcelona Energia ha tenido beneficios casi desde su mismo arranque, al tiempo que, según sus cálculos, ha supuesto un ahorro de costes para el Ayuntamiento de 1,36 millones desde julio de 2018, cuando empezó a operar, tomando como base el contrato de referencia de la compra agregada de los municipios catalanes. Y el impacto medioambiental ha sido también notable, al comercializar únicamente energía 100% renovable: estima que el consistorio barcelonés ha dejado de emitir 110.000 toneladas de CO2.
Pese a que el modelo de fijación de precios de la electricidad limita mucho el margen de maniobra de las comercializadoras, Gallart sostiene que puede comprobarse empíricamente que el recibo de la luz de los particulares (hogares y empresas) también está entre el 10% y el 15% por debajo. En su opinión, ello es posible gracias a la naturaleza pública de la empresa: “Nuestra misión no es aumentar los beneficios para repartir dividendos, con lo que podemos ajustar los márgenes para dar un servicio más barato y, además, enfocado a la transición verde, con fuentes renovables y el objetivo de reducir el consumo".
“Cualquier comercializadora privada gana más si se consume más; en cambio, nuestro objetivo es también ayudar al cliente a consumir menos porque nuestra aspiración es solo cubrir costes”, concluye Gallart.
* State-owned enterprises and the low carbon transition. A. Prag, D. Röttgers, I. Scherrer. OECD Environment Working Papers, número 129. Abril 2018.
