Europa se atreve a poner límites
La presión ciudadana fuerza a la UE a impulsar medidas contra los ‘bonus’ estratosféricos
Frenar los beneficios rápidos. Barroso ha reconocido los riesgos que ha tenido la búsqueda de ganancias a corto plazo. FOTO: EUROPEAN PARLIAMENT
La Unión Europea ha vencido finalmente su tradicional actitud reverencial hacia los banqueros y ha decidido tomar cartas contra las prácticas financieras de los bonus estratosféricos. Sin duda, el creciente malestar por los estragos sociales de la crisis económica, la amplitud de los movimientos de accionistas en el Reino Unido en contra de los sueldos millonarios y el resultado del referéndum de Suiza, favorable a limitar las bonificaciones extraordinarias, propiciaron el acuerdo alcanzado el pasado abril entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete para limitar las primas de los ejecutivos bancarios. Un acuerdo inimaginable hace tan solo cuatro años.
A partir de 1 de enero de 2014, las primas a los ejecutivos bancarios no podrán superar el 100% del salario fijo. Los bonus podrán aumentar hasta el 200% del salario solo si hay un acuerdo por mayoría cualificada de los accionistas. En este caso se requerirá el apoyo favorable del 65% de los votos si cuentan con la representación del 50% de las acciones o del 75% si no tienen este quórum.
La medida pretende poner fin a la concesión de primas astronómicas, que propició la asunción de riesgos excesivos por la búsqueda de ganancias a corto plazo, según ha reconocido el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Su aplicación tendrá importantes repercusiones en determinadas entidades, que llegaban a pagar en bonus hasta cuatro veces el salario ordinario o fijo.
La nueva normativa pretende incrementar sustancialmente la transparencia sobre las entidades financieras y su solvencia exigiendo que el capital de alta calidad alcance como mínimo el 8% para garantizar los depósitos de manera más segura. Los bancos deberán publicar los datos referentes a los beneficios, los impuestos pagados y las subvenciones públicas recibidas de forma desagregada país por país, así como su volumen de negocio y el número de trabajadores. Es el llamado Country by country reporting, que vienen reclamando desde hace años las organizaciones no gubernamentales. A partir de 2014 estos datos deberán comunicarse a la Comisión Europea y desde 2015 se harán completamente públicos.
Esta decisión sobre las primas y la exigencia de una mayor transparencia ha sido solo el primer paso. A finales del pasado mayo, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) inició una consulta para identificar a los directivos cuyas actividades profesionales tienen un impacto directo en la toma de riesgos. Estos directivos serán sometidos a determinadas disposiciones sobre la parte variable de sus ingresos en la Directiva sobre Requisitos de Capital. La consulta, que terminará el 21 de agosto, afectará a los ejecutivos cuyo salario total supere los 500.000 euros o su remuneración variable supere los 75.000 euros y el 75% de su sueldo fijo. Estas medidas afectarán a decenas de miles de directivos bancarios europeos.
Esta nueva voluntad reguladora contrasta con las medidas adoptadas en 2009, en que la UE no se atrevía a pasar la línea de las simples “recomendaciones” que “invitaban” a los Estados miembros a limitar las indemnizaciones o contratos blindados a dos años de salario fijo; a exigir un equilibrio entre el sueldo fijo y el variable y a promover la sostenibilidad a largo plazo de la compañía mediante una serie de medidas que aplazaban las compensaciones con acciones, algunas hasta el final del empleo. Entonces la Comisión Europea justificaba su postura de proponer una recomendación en lugar de una directiva que implica disposiciones obligatorias, en no vulnerar el artículo137.5 del Tratado. Según la interpretación que hizo entonces la Comisión, siguiendo el criterio del comisario de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, el mencionado artículo “excluye de las competencias comunitarias ciertos aspectos de las relaciones laborales como el derecho de huelga, el derecho a imponer cierres patronales y las remuneraciones”.
El aplastante resultado del referéndum de Suiza del pasado marzo contra los salarios astronómicos, promovido por el senador Thomas Minder, exigirá a las 260 compañías helvéticas que cotizan en Bolsa que sometan todos los años los sueldos de sus consejeros y directivos a la aprobación de sus accionistas. La nueva normativa prohíbe los blindajes y las indemnizaciones millonarias.
En septiembre, los suizos participarán en un nuevo referéndum en el que deberán pronunciarse sobre una propuesta impulsada por socialistas, verdes y sindicatos que quiere garantizar que ningún directivo ganará 12 veces más que el trabajador con el salario más bajo de la empresa.
