Impuestos especiales para paliar los daños
Las energéticas y los bancos verán aumentar su carga fiscal.
Para que las empresas que más están ganando con el aumento de los precios de la energía y la subida de los tipos de interés contribuyan a paliar los estragos que la inflación causa en las familias más vulnerables, los Gobiernos de España y otros países —Reino Unido, Italia y Portugal, entre ellos— han puesto en marcha o están a punto de aprobar impuestos especiales para gravar los llamados “beneficios caídos del cielo”. En España, serán los bancos y las empresas energéticas los que vean aumentar su carga fiscal los dos próximos años.
La entrada en vigor de los nuevos impuestos será debatida en el Congreso de los Diputados este otoño. El objetivo del Gobierno es garantizar un reparto justo de los costes de la guerra en Ucrania y recaudar un dinero extra que ayude a financiar los gastos adicionales necesarios para hacer frente a la crisis. Así justificó Nadia Calviño la decisión del Ejecutivo en una entrevista con el Diario de Cádiz durante sus vacaciones: “Es de justicia y de sentido común que arrimen el hombro aquellos sectores que están teniendo beneficios extraordinarios y que, además, no se ven perjudicados por el alza de los precios de la energía. Es el momento de ser solidarios para afrontar el reto de esta guerra que llega justo cuando llevábamos dos años enfrentándonos a otro reto tan importante como el de la pandemia”. La idea es recaudar 3.500 millones de euros cada uno de los dos años: 2.000 millones de las empresas energéticas y 1.500 millones de los bancos.
Beneficios caídos del cielo: ganancias obtenidas por las empresas de manera inesperada, especialmente aquellas consideradas excesivas o injustas
Ignacio Sánchez Galán, presidente Iberdrola, sostiene que el Gobierno apunta en la dirección incorrecta. No son las eléctricas las que están aprovechando la espiral alcista de los precios de la energía para aumentar sus ganancias, aseguró, sino las gasísticas y las petroleras. En su opinión, las eléctricas “no tienen beneficios extraordinarios”.
En un artículo de opinión publicado en El País, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, afirmó que el impuesto tendrá un impacto negativo en los niveles de empleo y de inversión y anunció que su compañía llevará a los tribunales los planes del Ejecutivo. “Todo lo recaudado será devuelto a las empresas que fueron injustamente gravadas en la mitad de la furia de un discurso demagógico y la seguridad jurídica quedará, sin duda, restaurada”, vaticinó.
Llamamiento de la ONU
La proposición de ley presentada en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos establece un impuesto del 1,2% sobre la facturación de las empresas energéticas en los ejercicios 2022 y 2023. Aquellas compañías que ingresen menos de 1.000 millones de euros anuales quedarán exentas del nuevo gravamen. En el caso de los bancos, el Gobierno tiene previsto fijar un tipo impositivo del 4,8% sobre los intereses y las comisiones que cobren aquellas entidades financieras que ingresaron más de 800 millones de euros por ambos conceptos en 2019. En total se verán afectados nueve bancos. Los ejercicios sujetos a gravamen serán los mismos que los de las energéticas.
Al llamamiento a que las empresas energéticas paguen más impuestos se ha sumado el secretario general de la ONU, António Guterres. “Es inmoral que las compañías de petróleo y gas obtengan ganancias récord de esta crisis energética a costa de las personas y comunidades más pobres y con un costo enorme para el clima”, afirmó el diplomático portugués en una conferencia de prensa dedicada a analizar el impacto de la guerra en Ucrania. “Urjo a todos los Gobiernos a gravar estas ganancias excesivas y a utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles", agregó Guterres, quien tuvo duras palabras para la “codicia grotesca” en la que están incurriendo determinadas empresas.
