¿Impuestos o recortes?

Fiscalidad: Ni aquí se pagan más impuestos que en Europa ni los españoles son reacios a pagarlos. Los ciudadanos se organizan para que el ajuste anunciado no reduzca el Estado de bienestar.

Cuando al fin se forme un nuevo Gobierno en España, la primera reunión del Consejo de Ministros examinará con toda seguridad una indigesta carpeta sea quien sea finalmente el presidente: cómo afrontar el ajuste fiscal de 10.000 millones de euros exigido por Bruselas para hacer frente al sonado déficit en las cuentas públicas de 2015. Y con extrema urgencia: España ya está en prórroga —escapó por los pelos de la multa de la Unión a cambio del compromiso de actuar con diligencia— y todo apunta, con los descarnados datos del primer semestre, a que en 2016 el agujero crecerá todavía más y, por tanto, el ajuste tendrá que acabar siendo muy superior.

Ante este panorama, otro hachazo al ya renqueante Estado de bienestar parece sólo cuestión de tiempo ante los recortes supuestamente inevitables por razones técnico-contables. Sin embargo, nada obligaría a poner la atención en las tijeras si el Estado aumentara los ingresos, aunque ello podría chocar con dos ideas muy extendidas: que los ciudadanos no quieren pagar impuestos, con lo que cualquier partido que aumente la presión fiscal se despeñaría luego en las urnas, y que en España ya se pagan demasiados impuestos.

Ambas ideas han sido compartidas por los partidos de gobierno —PP, PSOE, CiU, PNV— y a partir de ahí han impulsado sus políticas. El último presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a proclamar que “bajar impuestos es de izquierdas” y alardeó de cada una de sus rebajas y supresiones. Y Mariano Rajoy consideró que la mejor forma de reforzar sus expectativas electorales era rebajando los impuestos justo antes de las elecciones, con consecuencias explosivas que son precisamente la base de las penurias actuales.

Según el Informe anual de recaudación de la propia Agencia Tributaria, “en 2015 los cambios normativos tuvieron una incidencia negativa sobre la recaudación, sobre todo por la bajada de los tipos impositivos incluida en la reforma de imposición directa [IRPF y sociedades]”, que “mermaron la recaudación en 7.846 millones”. La cifra se acerca mucho a los recortes que ahora se exigen. Y la tendencia incluso se agrava en lo que va de 2016: los ingresos caen el 3% pese a que la economía crece al 3%, lo que hace añicos varios dogmas de la ortodoxia liberal.

Al nuevo Gobierno le espera el dossier con un ajuste mínimo de 10.000 millones

La rebaja de impuestos preelectorales mermó los ingresos en 7.800 millones sólo en 2015

Novedad en España: nacen plataformas para pedir más recaudación, no rebajas

Además, al calor de una batería de bonificaciones, la Seguridad Social —que paga las pensiones con las cotizaciones sociales— cerró 2015 con un déficit récord de 16.000 millones, pese a contar con 550.000 cotizantes más que el año anterior. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que en 2016 el déficit aún será peor: aunque la recaudación mejoró en julio, el agujero se mantiene e incluso puede empeorar, lo que arrasaría lo que queda de la hucha de las pensiones.

No obstante, los dos mantras que guían la política gubernamental desde hace años —que los ciudadanos no quieren pagar impuestos y que en España ya se paga demasiado— distan mucho de ser verdades incontestables. Al contrario: cada vez más parecen mitos, por muy asentados que estén. 

 

Movilización 

A finales del pasado junio, justo después de las elecciones, se constituyó en Madrid la Plataforma por la Justicia Fiscal, que agrupa a una veintena de entidades, y en la puesta de largo contó con el apoyo de toda la izquierda, incluido el PSOE. Por primera vez la sociedad civil se organiza no para pedir rebajas fiscales, sino para defender los impuestos como elemento básico del Estado de bienestar poniendo el acento en la equidad: es decir, que paguen más los que más tienen. 

“Están en juego principios elementales desde la Revolución francesa”, sostiene Lourdes Lucía, editora, activista de Attac y portavoz de la plataforma: “La soberanía reside en el pueblo y para garantizarla todo el mundo debe contribuir en función de lo que tiene”. Y añade: “Se necesitan más recursos, no menos, más progresividad y más transparencia”.

La plataforma agrupa a entidades con mucha presencia territorial, como los sindicatos CC OO, UGT, la Confederación de Consumidores y Usuarios, la Coordinadora de ONG de Desarrollo, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Economistas sin Fronteras, Justicia y Paz, Attac e Intermon Oxfam, entre otros, con lo que en los próximos meses se irá extendiendo por todo el país. Attac e Intermon Oxfam son dos de los motores esenciales. La primera entidad nació ya con la bandera de establecer un impuesto a las transacciones financieras. Intermon Oxfam es una de las ONG de referencia que cada vez ha ido subrayando más la conexión entre pobreza e impuestos.

La nueva organización suma los mismos ingredientes de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, que opera en Catalunya ya desde 2010, con notable y creciente presencia pública. La entidad nació tras los drásticos recortes anunciados por Rodríguez Zapatero y la victoria de un Artur Mas que entonces no hablaba del “proceso”, sino de la rebaja y hasta supresión de impuestos. 

“El juego electoral está cargado de mentiras con los impuestos y tenemos que explicárselo a la gente”, explica Xavier Casanovas, de treinta y tres años, enérgico activista de Cristianisme i Justícia y matemático, que se repolitizó con el 15-M. Pone un ejemplo: “Si por un lado te bajan 50 euros en el IRPF, pero por otro tienes que pagar 150 al contratar un seguro sanitario, ¿te conviene?”. “El debate de los impuestos tiene que ir relacionado con el debate de qué sociedad queremos”, recalca Casanovas, que sospecha que “las rebajas de impuestos a menudo buscan debilitar el Estado de bienestar para beneficiar negocios privados”.

En estos años, la plataforma catalana se ha hecho notar con campañas tan a contracorriente como la presión sobre ídolos populares, como el piloto Marc Márquez, para que no tengan sus cuentas bancarias en Andorra o la crítica al FC Barcelona por solidarizarse con Leo Messi en sus problemas con el fisco. 

 

Nuevo activismo 

Este nuevo activismo social proimpuestos no es ninguna excentricidad en una sociedad supuestamente hostil al fisco. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra una realidad muy distinta a la de los mitos asumidos hasta ahora por los partidos con responsabilidad de gobierno: la mayoría incluso apoya aumentar la presión fiscal si el objetivo es reforzar el Estado de bienestar. En el último barómetro, los partidarios de “mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos” superan nada menos que en 29 puntos a los que prefieren “pagar menos impuestos, aunque haya que reducir los servicios públicos”. La crisis ha reforzado muchísimo la tendencia: en 2010 la diferencia era de apenas cuatro puntos a favor de los que privilegian los servicios públicos.

Un activista: “¿Quieres rebajas en el IRPF si luego tienes que pagar seguro privado?”

El impuesto que pagan las empresas recauda apenas la mitad que en 2007

Los españoles prefieren mejorar los servicios públicos a rebajas de impuestos

“El problema no es que la gente no quiera pagar impuestos, sino que muchos no pagan lo que deberían, especialmente los ricos, y entonces todo el sistema se pone en cuestión”, razona Casanovas. El CIS le da la razón: la percepción abrumadora es que el sistema es injusto y esta sensación se ha agravado con la crisis (y las amnistías fiscales): en 2010, sólo el 13,8% de los españoles consideraba que “los impuestos se cobran con justicia; es decir, pagan más los que más tienen”. Hoy lo cree apenas el 8,6%.

La evolución de la recaudación durante la crisis muestra que esta sensación tiene fundamento. De los principales impuestos —IRPF, IVA y el de sociedades— sólo los dos primeros han recuperado la recaudación previa a la crisis, mientras que el de sociedades no llega ni a la mitad de 2007 (véase el gráfico).

LOS IMPUESTOS EN ESPAÑA

Ingresos del Estado
2015, en millones de euros

El IRPF lo pagan básicamente los asalariados (más del 80%), y al descontarse directamente de la nómina no hay margen para la “optimización fiscal”. En el IVA todo el mundo paga lo mismo, con independencia de su renta. En cambio, en el de sociedades —el impuesto que pagan las empresas con beneficios— el margen para reducir la factura fiscal es enorme, como reconocía la comisión de expertos creada por Mariano Rajoy: “Sociedades se caracteriza por la existencia de tipos de gravamen nominales elevados que coexisten con tipos efectivos reducidos para las empresas que son capaces de optimizar las numerosas deducciones (...), que  generan elevados costes recaudatorios sin apenas efectos positivos sobre la economía nacional”. Ciudadanos ha incluido la reforma del impuesto de  sociedades entre las condiciones para la investidura de Rajoy.

Los datos son rotundos: entre 2006 y 2015 el resultado contable del conjunto de las empresas españolas cayó el 6%, ciertamente, pero lo que efectivamente pagaron de impuestos se desplomó más del 50%. Los grandes beneficiarios de este ahorro son, además, casi exclusivamente las multinacionales, las únicas con capacidad de exprimir a su favor la legislación y las grietas que deja la globalización: el tipo teórico de impuesto que deben pagar es del 28%, pero desde 2011 han abonado realmente, tras aplicar sus fórmulas de optimización, sólo entre el 3,5% y el 6,8%.

Esta es la base de la sensación de injusticia en la recaudación que detecta el CIS: los asalariados pagan lo que les corresponde a través de las nóminas, que no tienen escapatoria, pero los ricos no están en el IRPF porque han encontrado fórmulas para esquivar los tipos altos, en ocasiones al filo de la legalidad: muchos tributan a través de empresas, que además se benefician de múltiples desgravaciones, o incluso de instrumentos como las sicav, cuyo tipo es del 1%. Y las pymes pagan como pueden tipos que se acercan al 25% oficial, mientras que las grandes corporaciones abonan por sistema menos del 7%.

 

Economía sumergida 

En este escenario, las posibilidades de fraude, lógicamente, aumentan: tonto el último. Sucesivos estudios colocan la economía sumergida en España por encima del 20% del PIB, lo que lleva a una pérdida impositiva mínima de 70.000 millones al año, cifra que fácilmente se duplicaría si se incluyeran además las cotizaciones sociales. Pese a la reconocida profesionalidad de los inspectores y técnicos de la Agencia Tributaria, éstos cuentan con muchos menos recursos que sus homólogos europeos para perseguir el fraude: en España, hay un empleado de la Administración Tributaria por cada 1.928 ciudadanos, mientras que en Holanda y Alemania lo hay por cada 697 y 729, respectivamente, según un estudio de la organización de inspectores de Hacienda.

El resultado final es que la presión fiscal es alta en términos europeos para quienes efectivamente pagan los impuestos sin recurrir a la elusión fiscal (técnicas legales para rebajar la factura) o a la evasión (técnicas ilegales); es decir, básicamente para asalariados y pymes. En cambio, en contra del mito esgrimido a menudo por la ortodoxia liberal, España recauda menos que la media en la UE y la OCDE. Y la brecha se ha agrandado.

El informe de expertos de Rajoy lo apuntaba en sus conclusiones: “Pese a que España tiene unos tipos legales de los principales impuestos iguales o superiores a la media de la UE (...), el efecto de las exenciones, deducciones y tipos especiales más reducidos, además probablemente de la ocultación fiscal, genera unas mermas de recaudación muy elevadas y unas fuertes distorsiones sobre la eficiencia y equidad claramente perceptibles”.

El indicador estándar que mide el esfuerzo fiscal de un país es la recaudación en relación con el producto interior bruto (PIB). En todos los principales impuestos —renta, IVA y sociedades— España recauda menos que la media de la UE. Únicamente se encuentra por encima en las cotizaciones sociales de los empresarios, justo un factor que la mayoría de expertos ve como negativo para crear empleo. 

El tipo real que pagan las grandes empresas es de apenas el 7%, lejos del 28% teórico

Sólo el 8% cree que se recauda con justicia y “pagan más los que más tienen”

En conjunto, los ingresos totales del Estado (incluyendo las cotizaciones sociales) están 5,6 puntos por debajo de la media de la UE, según Eurostat. En 2007 estaban mucho más cerca de la media: a 1,8 puntos. España es el país donde más se hundió la recaudación con el estallido de la crisis y todavía hoy, casi una década después, sigue sin recuperarse. Mientras que la gran mayoría de países de la UE han aumentado su esfuerzo fiscal e ingresan hoy más que en 2007 en relación con el PIB, España está aún casi tres puntos por debajo, un retroceso sólo igualado por Bulgaria, cuyo Estado de bienestar es más precario. Incluso Grecia, que debe lidiar siempre con el sambenito de país que no paga impuestos, recauda ahora más que España en relación con el PIB.

El primer Consejo de Ministros tras la investidura, con independencia de cuándo sea y del nombre del presidente, abordará la carpeta del ajuste fiscal de forma ineludible, sí. Pero la respuesta que finalmente se le dé no tiene por qué estar dictada por los mitos de siempre.

 

¿EN ESPAÑA SE PAGAN MUCHOS IMPUESTOS?

Esfuerzo fiscal en la UE
Ingresos en % del PIB (incluidas cotizaciones sociales), 2014

Evolución recaudación
(2007-2014) En % del PIB

 

Para saber más

“Fiscalidad: eficiencia y equidad”. Dossieres Economistas sin Fronteras, núm. 20 (invierno 2015).

“Informe de expertos para la reforma del sistema tributario español”. Febrero de 2014

“Economía sumergida y fraude fiscal en España. ¿Qué es lo que sabemos?”. A. Vaquero; S. Lago ;  X. Fernández. Funcas, 2015.