Te quedan 1 artículos gratuitos este mes.

Accede sin límites desde 55 €/año

Suscríbete  o  Inicia sesión

Incapacidad adquisitiva

Comparte
Pertenece a la revista
Abril 2022 / 101

La escalada de precios se ceba en la población más vulnerable en un país de bajos salarios donde el poder de compra real llevaba dos décadas estancado.

Cuánto debe cobrar una persona por su trabajo? Hay quien piensa que el salario “debe ser, al menos, suficiente para que pueda mantenerse”. Es más: "En la mayoría de los casos debe incluso ser superior; de lo contrario, no podrá sostener a la familia, y la raza de los trabajadores se extinguiría pasada una generación”. Quien se expresa en tales términos no es un líder de la izquierda. Es Adam Smith, padre del liberalismo económico.

A tenor de su reflexión, ¿qué podría pensar el autor de La riqueza de las naciones si hoy levantara la cabeza? Por una parte, se ha producido una rápida e intensa erosión de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía ante la escalada de precios. Y por la otra, el poder de compra real lleva décadas sin despegar para una mayoría. A cada crisis, las capas de la población con menos recursos han salido debilitadas. A las movilizaciones de los sectores especialmente afectados por el descontrol de la electricidad, el combustible y las materias primas se han sumado colectivos de autónomos, consumidores y sindicatos. Es como si la pandemia hubiera mantenido embalsamados malestares y solo hiciera falta una cerilla para reencenderlos: la inflación de la guerra.

Largo estancamiento

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el salario medio real en España en 2020 era incluso inferior al de 20 años antes (cayó el 1,1%). La brecha con el salario medio en la eurozona ha aumentado sin tregua, del 16% al 26,4%. 

Y aun así, el salario medio —24.396 euros al año, con una diferencia de 5.252 euros en detrimento de las mujeres— no es una buena foto. Los últimos datos, de 2019, del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que lo más frecuente es ser casi mileurista:  18.490 euros al año. Restándoles cotizaciones y retenciones, 1.100 al mes.

Además, cuando una persona pierde su empleo y al cabo de cinco años se observa su situación, el resultado es que cobra un salario el 30% inferior, según un artículo publicado en marzo en VoxEU por seis economistas —Cristina Barceló, Antoine Bertheau, Edoardo Maria Acabbi, Andreas Gulyas, Stefano Lombardi y Raffaele Saggio—. España comparte problema con Italia y Portugal. En Dinamarca y Suecia, la merma es del 10% [1].

Ya antes de la actual crisis de precios, el 15% de la gente que trabaja —2,9 millones de personas— bordeaba la pobreza o la exclusión, al margen de la recuperación, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021, que no recogía aún todo el impacto de la pandemia.

Y los precios no suben igual para todo el mundo. Lo recordaba un reciente análisis de Rita Sánchez para Caixabank Research, basado en datos de Eurostat: los hogares con menor renta concentran el 13% del gasto en alimentos y el 20% en vivienda, gas, luz y calefacción, partidas que representan el 10% y el 15% para los hogares con mayor renta. De este modo, el incremento real de los precios de los bienes de primera necesidad fue mayor para las rentas más bajas [2]. 

“España no solo es un país con bajas retribuciones, sino que los salarios no han hecho más que hundirse. Proteger las rentas salariales se ha vuelto vital para garantizar que la clase trabajadoras no siga perdiendo poder adquisitivo y pueda vivir dignamente”, señala Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
El servicio de estudios de este sindicato publicó en marzo  un estudio[3]  sobre la situación salarial en el país: en los años del boom inmobiliario, los salarios no subieron a la par que el crecimiento. Al estallar la burbuja, repuntaron en 2008 y 2009 —UGT lo atribuye a que la mayor parte del empleo destruido al principio era temporal—. Después, llegaron los recortes y los hombres de negro

Reforma laboral y pandemia

"Venimos de una fuerte devaluación salarial, propiciada por las políticas antiexpansivas y las reformas laborales de 2010 y 2012. Si a una economía en caída libre le aplicas austeridad, lo pagas con los salarios”, señala Carlos Martín, director del gabinete económico de CC  OO. De esa crisis se salió con el 6,2% menos de retribución. 

Las cosas no empezaron a mejorar hasta 2018, cuando se firmó el anterior Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC). "Las empresas tardaron en trasladar las subidas pactadas en convenio. Las absorbían aduciendo causas económicas”, añade Martín. En 2019 tuvo lugar la mayor subida del salario mínimo (SMI), el 22%. 

"El precio de la vivienda ha ido subiendo mientras durante la recuperación apenas aumentaban los salarios", Julio Rodríguez, Economistas frente a la crisis

Pero llegó la pandemia. Según la OCDE, los hogares españoles fueron los que soportaron una mayor caída de renta:  el 4,3% entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. El modelo productivo, con gran peso de turismo y hostelería, influyó en ello. En su documento España 2050, el propio Gobierno estima que las rentas más bajas sufrieron una merma de ingresos del 10% por el confinamiento más duro.

Al cóctel de la incapacidad adquisitiva se le suma otro ingrediente: la vivienda. Tras el batacazo inmobiliario, el acceso a la vivienda no ha dejado de ser un problema. 

Pisos sobre plano

“El precio de la vivienda ha ido subiendo mientras durante la recuperación apenas aumentaban los salarios. La liquidez aportada por los bancos centrales hizo subir los precios de los activos. Incluso en pandemia se vendían pisos sobre plano y de obra nueva. Los alquileres van más ligados a la coyuntura, pero los créditos siguen por libre", señala Julio Rodríguez, vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis. Las ventas de viviendas se han puesto en niveles de 2008. 

Las subidas de tipos de interés en el horizonte y la repercusión del índice de precios al consumo (IPC) en los alquileres auguran tiempos difíciles. De ahí que los sindicatos hayan batallado para blindar controles sobre los precios de la vivienda, además de consumos energéticos mínimos gratuitos para las personas más vulnerables y cláusulas de salvaguarda que permitan recuperar una capacidad adquisitiva que se evapora.

Este año, el Gobierno ha subido el SMI a 1.000 euros al mes en 14 pagas, sin el acuerdo de las patronales, muy preocupadas por la coyuntura económica. La mejora ha beneficiado a 1,8 millones de personas, 300.000 de las cuales con contrato a tiempo parcial y con una incidencia especial entre las mujeres. 

Aunque se le acerque, la cuantía de los 1.000 euros todavía no alcanza el umbral que se considera referencia internacional del listón mínimo que deben pagar las empresas para evitar la pobreza: el 50% del salario medio y el 60% de la mediana salarial del territorio. Valga decir que la propuesta de la Comisión Europea para un salario mínimo en la UE no exige porcentajes. Sí "criterios claros y estables" para que sea un listón "adecuado".

De las vacunas a la guerra

Y, de todos modos, ¿qué sucede cuando el salario medio y el mediano sobre los que se calcula el mínimo son ya de por sí bajos? La evolución salarial parece responder al mito de Sísifo: cada vez que se atisba su recuperación, la gran piedra rueda otra vez para abajo y vuelta a empezar. 

Porque la carrera del IPC se come los avances en el poder de compra del salario mínimo, al tiempo que los costes se vuelven insostenibles, no solo para las industrias energívoras o para transportistas, taxistas y trabajadores del campo, sino para muchas pymes. Según Pimec, la actividad de 16.000 de ellas está amenazada.

Los alimentos han subido más de un 5% en el último año. Foto: Vicente Zambrano González

La inflación ha pasado de viejo problema olvidado a principal quebradero de cabeza. El gas tira de ella. "Lo más urgente es actuar sobre los precios de la energía para que baje el IPC, porque la energía condiciona los precios de buena parte de los productos. Las bajadas de impuestos sobre hidrocarburos pueden estar bien, pero hay que ir a la base", opina Maite Soler, presidenta de la Comisión para una Economía Social del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

30% es la reducción de salario en un nuevo empleo tras un despido

1,1 puntos de caída del salario real en 20 años

"El origen de la inflación está en el éxito de las vacunas. Tras la paralización del aparato productivo, la demanda acumulada se incrementó de forma desaforada y las existencias eran limitadas. Ese fue el primer tirón de los precios. Después, las Bolsas temblaron ya por temor a la guerra. La tensión geopolítica ya puso en alerta a la economía", explica Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Pedraza es de los partidarios no solo de no subir impuestos, sino de bajarlos. "Hay que actuar sobre la imposición indirecta, que hunde la capacidad adquisitiva. Lo que el Estado recauda por ello es una catástrofe, se ve en el combustible y estamos en una situación grave, con riesgo de espiral inflacionista", señala. Al repostar, el 49% de la gasolina y el 45% del gasóleo son impuestos. Si aumenta la base porque suben los   precios, aumenta la recaudación.

Polonia, Irlanda e Italia han ido por la vía fiscal en los carburantes. Otros, como Francia y Portugal, por la vía de las subvenciones.

En España, las rebajas fiscales pueden suponer entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Pero con una eventual recesión en el horizonte —por no mentar escenarios de guerra más allá de  Ucrania—, el Gobierno sabe que necesitará recursos y se resiste a rebajas generalizadas. Se focaliza en los sectores afectados, como ayudas al transporte —inicialmente de 500 millones de euros y rechazados—. Las ayudas a colectivos más afectados son parte de un pacto de rentas que ha buscado también desacoplar el precio del gas del de la electricidad. En ello se buscó intensamente un acuerdo europeo.

En este paquete va la moderación salarial. Los sindicatos rechazan que se ponga el foco en los salarios sin ser estos causa de la crisis y piden un esfuerzo repartido. La CEOE subraya que las empresas también sufren la inflación. 

En 2021, el IPC cerró el 6,5% por encima del de 2020. Y aunque la media anual fue del 3,1%, los salarios pactados en convenio solo aumentaron el 1,47%. En febrero, el IPC interanual escaló al 7,6% —la mayor subida desde 1986—, con incrementos de la electricidad del 60,3% y del 5,6% en el caso de los alimentos. Los salarios pactados en enero solo subieron el 2%. Las previsiones, en la incertidumbre,  rondan entre el 8% y el 10%. Y solo 1,2 millones de trabajadores tenían en su convenio una cláusula que garantice el salario según los precios. En 2008, eran ocho millones.

El actual panorama ha revivido en la memoria de Julio Rodríguez la negociación de los Pactos de la Moncloa, en cuya negociación participó, a finales de 1977, y que en su opinión marcan la vía que seguir: los salarios aumentarían no en función de la tasa de inflación registrada en el pasado, sino en función de la esperada; y procurar que en los convenios se tome como referencia la inflación media del año, y no la subida interanual, con contrapartidas para ir recuperando el poder adquisitivo. La CEOE se ha resistido a las compensaciones futuras. Y llueve sobre mojado. Huele a conflictividad social.

 

Palabras clave

Espiral inflacionista

Se produce cuando los precios suben en una espiral ascendente, sin que se vea el final de la curva, explica el economista Antonio Pedraza. Se habla de inflación de segundad ronda cuando, a partir de una subida de precios, los salarios suben al mismo nivel, con independencia de que haya crisis o paro, y se genera un círculo vicioso. Todo el mundo teme este escenario, por lo complicado de atajar la escalada. Los sindicatos tampoco lo quieren, pero piden tener un horizonte de recuperación gradual del poder adquisitivo.

Estanflación

“Una de las cosas que se ha enseñado tradicionalmente es que es terrible que suban los precios. Pero hay escenarios que pueden ser incluso peores, como la deflación [una caida generalizada de precios por exceso de oferta ]. O la estanflación, que se creía que era imposible”, señala la economista Maite Soler, en alusión a un escenario de estancamiento o recesión combinada con inflación. Cuando la economía crece, se calienta y suben los precios. Entonces, los bancos centrales alzan los tipos de interés y la enfrían. Y al revés, si la economía entra en crisis, se bajan los tipos para reanimarla. Pero una de las muchas herencias de la crisis financiera es un largo escenario de tipos de interés por los suelos, con los precios bajo control. Ahora, una posibilidad en el horizonte es una recesión, o como mínimo un estancamiento económico, sin que los precios dejen de subir. Si los tipos suben con fuerza, pueden hundir aún más la economía. Por ahora, los precios ya avanzan a mayor ritmo que el PIB.

Salario de referencia

Es el salario que sería necesario pagar como mínimo en un determinado territorio para que las personas trabajadoras pudieran hacer frente a los costes que supone vivir en ese mismo territorio. El concepto se utiliza a veces para hacer presión sobre las empresas, o como una mera referencia. 

Desacoplar el gas de la electricidad

En 2021, solo el 15% de la generación eléctrica se produjo con gas. Sin embargo, el gas (su precio) está condicionando una subida espectacular de los precios de la electricidad en general. Ello se debe a que, para fijar el precio del MW/hora, en el sistema vigente, llamado marginalista, en el mercado mayorista donde se casan diariamente oferta y demanda para cubrir las necesidades eléctricas, la energía más cara (el gas) es la que marca el precio para todas. Tenía sentido para financiar la transición ecológica, pues favorecía a las energías renovables (y a las nucleares, cuyas instalaciones, al igual que las hidráulicas, ya están amortizadas). Hoy muchos países, empezando por España, no le ven sentido.